ANDAR en la Plata

(Agencia)  El colectivo trans nucleado en el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) se reunió en la sede del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y cuestionó el intento de «relocalización» de la llamada zona roja en la ciudad de La Plata. Reclamaron políticas de inclusión orientadas a igualar los derechos de las personas.

La reunión se dio después de que la semana pasada la Asociación Civil OTRANS La Plata  firmó con con la Secretaría de Control Urbano de la Municipalidad, a cargo de Gustavo Luzardo, y otras agrupaciones de género un convenio de reubicación de «zona laboral» y de avance en la inclusión social. En este acuerdo se estableció que el nuevo espacio laboral sería la calle 115 de 52 a 60 y que incluirá mejoras como iluminación adecuada, baños químicos y puestos de salud e información. Además incluye la incorporación de «facilitadores» y personal capacitado para intervenir en conflictos, la quita de las cámaras de seguridad y que la Policía actúe con el control de OTRANS. 

Sin embargo, desde MAL consideran que este intento de «relocalización» de las personas en estado de prostitución retrotrae la discusión a un “debate anacrónico y reaccionario que estigmatiza, violenta y criminaliza a las personas trans, utilizando como excusa su identidad de género y el hecho que se encuentran en estado de prostitución” por lo que pidieron que las políticas se orienten a la ampliación de derechos.

La discusión de fondo tiene que ver justamente con distintos posicionamientos en torno a la prostitución, entre quienes consideran que puede regularse y quienes exigen al estado respuestas más contundentes. Desde el Observatorio de Género intervinieron coordinando algunas mesas de discusión sobre la problemática con las agrupaciones vinculadas al debate y están cerrando un documento que presentarán la semana que viene en la Municipalidad. Allí se acuerda en la necesidad de que el estado intervenga desde una respuesta más amplia que incluya accesos a todos los derechos vulnerados, con un abordaje del problema en términos más amplios.

[pullquote]La discusión de fondo se relaciona con los distintos posicionamientos frente a la prostitución[/pullquote]

Diana Sacayan, coordinadora de MAL, expresó que “es en esa línea de inclusión de políticas públicas y acceso a los derechos humanos consagrados donde debemos seguir avanzando y trabajado. Bajo ningún punto de vista vamos a permitir que un grupo de académicos, funcionarios, intelectuales y policías decidan sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros destinos creando una zona roja de prostitución que intente retroceder 10 años atrás cuando no existía la Ley de Identidad de Género”.

En la reunión con la Defensoría Sacayán firmó una declaración jurada ante los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación para que se haga efectiva la inmediata incorporación de las compañeras trans en situación de prostitución al Seguro de Capacitación y Empleo (que incorporó a esta población mediante un convenio con el INADI para poder acceder a estos derechos)

Desde noviembre del año pasado los colectivos trans denuncian cómo en la Ciudad de la Plata “vienen siendo hostigadas y perseguidas tanto por la policía provincial como por Control Urbano (dependiente de la Municipalidad) así como también por un grupo de vecinos”.