Visita a Milagro Sala: CPM exige que se respeten los derechos y garantías procesales
Adolfo Pérez Esquivel encabezará el próximo sábado la comitiva de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que visitará a la dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro Sala, en la cárcel de mujeres de Alto Comedero y se reunirá con su abogado, Luis Paz. La CPM ya había manifestado su preocupación por las irregularidades en la detención y reclamó la búsqueda de canales institucionales para resolver conflictos de índole político-social. Junto a la CTA-Jujuy, se brindará una conferencia de prensa el mismo sábado a las 11:30 horas en la sede sindical. El organismo también solicitó una audiencia con el gobernador Gerardo Morales y espera la respuesta del gobierno provincial.
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(CPM/Agencia) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunirá con Milagro Sala en la Unidad Penal de Mujer Nº 3 del barrio Alto Comedero, donde se encuentra detenida desde hace casi dos meses. Junto al presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, estarán presentes el vicepresidente Víctor Mendibil y Victor De Gennaro, miembro del organismo.
Antes de visitar a la dirigente social en la cárcel, los integrantes de la CPM se reunirán con el abogado defensor de Sala, Luis Paz, y brindarán una conferencia de prensa en la sede sindical de la CTA-Jujuy para dar a conocer la postura de la institución. Por otra parte, se espera una respuesta del gobierno provincial de Jujuy sobre la audiencia solicitada por el organismo bonaerense.
La CPM entiende que el caso de Milagro Sala se enmarca en una política de la represión y criminalización de la protesta. En este sentido, la visita del organismo tiene por objetivo manifestar su acompañamiento, conocer el estado de la causa y exigir que se respeten los derechos y garantías procesales que le confiere la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Cuando se conoció la detención de Milagro Sala, la CPM expuso su preocupación por las irregularidades del proceso: los argumentos judiciales que pretendían justificar la medida resultaban inadmisible, ya que criminalizaban actos que son imprescindibles para el ejercicio de los derechos políticos en democracia.
Entre las irregularidades observadas, el organismo advierte que los delitos que se le imputan a Sala no ameritan la privación de su libertad y que la dirigente ha visto violado el principio de presunción de inocencia. Ante esta situación, la CPM vuelve a señalar la necesidad de reparar las arbitrariedades cometidas a lo largo del proceso penal y la obligación de garantizar un juicio justo e imparcial.
Por ese motivo, y en el marco de la actividad institucional, la CPM remarcó la gravedad del hecho que implica no sólo al gobierno de Jujuy sino también al accionar de la Justicia que apela a la represión y la intimidación desde el sistema penal como vía de abordaje de un conflicto claramente político-social.
A más de 30 años de democracia, existen numerosos mecanismos institucionales y políticos para dirimir los conflictos de acuerdo a la Constitución y la ley. Solo en el respeto y el diálogo se fortalece la democracia.