A partir del caso resurgió el debate por los protocolos de seguridad que se utilizan para trasladar a las personas privadas de su libertad y para acceder a los tratamientos de salud.

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(Futura FM) Una detenida en la Unidad 33 de Los Hornos había sido trasladada al hospital San Martín para dar a luz. Allí la sometieron a cesárea, la esposaron de un pie a la camilla durante el trabajo de parto y luego la separaron de su bebé. Los abogados de la mujer denunciaron tanto al Servicio Penitenciario Bonaerense como al hospital público por el delito de torturas. En comunicación con Radio Futura, Ignacio Trimarco, uno de los abogado de la detenida, explicó que “lo que motivó la denuncia fue la ruptura del vínculo de la madre con su hija, ya que después de parir la trasladaron a la Unidad penitenciaria y la dejaron a la nena en neonatología. A través de esto, tomamos conocimiento de este hecho, que estuvo esposada cuando dio a luz.”
A partir de este caso, resurgió el debate por los protocolos de seguridad que se utilizan para trasladar a las personas privadas de su libertad y se propone priorizar el buen trato de la persona detenida.
Trimarco especificó que “es habitual que las personas privadas de su libertad sean sujetados en el lugar donde reciben atención médica. El hospital también legitima esta práctica” Sostuvo que “no puede permitirse que una persona transite los momentos previos a dar a luz en estas condiciones y mucho menos a posteriori. Además, hay personal del Servicio Penitenciario custodiando a la persona que está privada de su libertad, por lo tanto no es necesario este tipo de sujeción”.
Entonces comenzó a discutirse un nuevo protocolo que busca regular las medidas de seguridad que deben adoptarse cuando las personas privadas de su libertad van a ser trasladadas fuera del lugar de encierro, como también mejorar el trato de los detenidos.“El protocolo que se intenta cambiar tiene que ver con resguardar los derechos de la salud y de la identidad física y psíquica de las personas”, aseguró Trimarco.
Por su parte, Fabián Bernal, director del área de inspección de lugares de detención del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria aseguró que “el servicio penitenciario prioriza el esquema de seguridad sobre el trato de la persona detenida.”

Hacia un nuevo protocolo de seguridad

Bernal, que integra el Comité Contra la Tortura de la CPM, comentó que este organismo “discute distintos protocolos con el gobierno provincial y con los representantes del Servicio Penitenciario y la jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense.” Según Bernal, se busca generar nuevos mecanismos “que reduzcan el maltrato hacia las personas detenidas”.
Reveló que la nueva regulación que se está trabajando todavía no está aprobada porque depende de la aprobación de la jefatura del Servicio Penitenciario. Explicó así que el nuevo protocolo habla de la prohibición de estos elementos de sujeción y principalmente en los casos de atención en salud. «No sólo para las mujeres que están por tener hijos, sino para las personas que van al hospital a ser tratadas, los que van a las universidades, etc., porque los dispositivos de sujeción funcionan en todos lados”, enfatizó.
De todas maneras, Bernal consideró “que la tortura no se va a reducir por el hecho de que exista una forma pautada de tratar a la persona detenida. Esto es un problema estructural de la fuerza penitenciaria que depende de la voluntad política tanto del SPB como del gobierno provincial.”
La atención médica adentro de las cárceles
Los lugares de encierro no están preparados para la atención médica, por eso es necesario trasladar al detenido a los hospitales públicos cada vez que requieren atención médica. Ignacio Trimarco dijo que “se priva de su libertad a una persona que cometió un delito, con el fin de resocializarla y no para castigarla. El Estado debe garantizar que en ese período pueda gozar de todos sus derechos, que no le han sido privados por la condena que le fue impuesta, como lo es el derecho a la salud.”
Los hospitales penitenciarios no tienen la capacidad para afrontar cierto tipo de circunstancias. Se puede realizar un traslado para recibir atención médica necesaria, pero muchas veces las personas no llegan hasta el hospital fuera de la cárcel. El abogado aseguró que “para sacar una persona de un penal, tiene que haber una autorización judicial», pero sostuvo que debería «garantizarse el derecho a la salud de la persona privada de su libertad de forma inmediata. En este sentido, advirtió que «generalmente, para poder acceder a un control médico pasa una semana hasta que pueda revisarla un profesional.”