En el marco del conflicto habitacional en el predio de Guernica, se realizó una audiencia del dispositivo interministerial para buscar una solución alternativa al desalojo, previsto para esta semana. El gobierno provincial pidió prorrogar el lanzamiento hasta el 1º de octubre. Los delegados y delegadas de la toma exigen que se suspenda la medida hasta que las autoridades puedan resolver la situación de las más de 2.500 familias que sostienen la toma desde el 20 de julio. En una nota al juez que interviene, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió que se busque una salida alternativa al problema sin agravar la situación de vulnerabilidad de las familias y remarcó que no se cumplió aún con los protocolos de acción que prevé la normativa provincial y nacional en casos de desalojos.

ANDAR en Guernica

(Agencia) Entre el miércoles y viernes de esta semana, debería realizarse el desalojo de las más de 2.500 familias que ocupan un terreno de casi 100 hectáreas en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón. Contrarreloj, este lunes se realizó una nueva audiencia del dispositivo interministerial para buscar una alternativa al conflicto habitacional. Luego del censo de lotes y familias que se realizó el pasado fin de semana, las autoridades provinciales pidieron una prórroga hasta el 1º de octubre. Ahora, el juez de garantías Martín Miguel Rizzo debe decidir si da curso a la medida.

“El fiscal y el Municipio sólo promueven el desalojo sin buscar una salida social; los funcionarios de los distintos ministerios de la Provincia propusieron prorrogar los plazos pero sin una propuesta concreta. A pesar de la voluntad política, creemos que es un signo de debilidad y nos hace difícil creer que la decisión del desalojo sea revertida”, sintetizó Alejandro del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), uno de los movimientos sociales que acompaña a las familias de la toma.

Con la consigna “Por tierra para vivir”, mañana movimientos sociales harán una jornada de protesta con cortes en 11 puntos del conurbano y un abrazo solidario y pacífico en la toma de Guernica. “Las familias ya tuvieron que soportar 20 días de cerco policial, de detenciones, de amenazas y seguirán resistiendo. Y las organizaciones vamos a acompañar”, agrega Alejandro.

La toma del terreno, que reclama la empresa inmobiliaria El Bellaco S.A. que desarrollo la construcción de un barrio privado, comenzó el 20 de julio pasado; en cuatro días, cuando la justicia ordenó la prohibición de nuevos ingresos, llegaron más de 2.500 familias. Una semana después, el 31 de julio, en la causa por usurpación que tramita en la UFI N 1 descentralizada en Presidente Perón, partido judicial de La Plata, el fiscal subrogante Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó el desalojo.

A pesar de no haber existido el delito de usurpación, la medida de “lanzamiento” fue ordenada por el juez de garantías Martín Miguel Rizzo y luego convalidada por la Cámara de Apelaciones de La Plata.

El pasado 11 de septiembre, el titular del juzgado de garantías N 8 de La Plata, con asiento en Cañuelas, fijó la fecha de desalojo para los días 23, 24 y 25 de septiembre. Sin embargo, y tal como lo estipula la normativa nacional y provincial, informó y pidió al Poder Ejecutivo de la Provincia la conformación de un dispositivo interministerial para negociar con representantes de la toma y buscar alternativas al conflicto habitacional.

“Las familias han demostrado su vocación para ir a una mesa de negociación a discutir algunas posibilidades que se mencionaron como la urbanización de un sector del predio que no tiene dueños, la relocalización de otras familias. Pero, ahora, en lo inmediato la expectativa está puesta en que se prorrogue el desalojo”, describe el representante del FOL.

En el marco del plan de contingencia presentado por la Provincia, el fin de semana se realizó un censo y los delegados y delegadas de la toma esperaban una propuesta forma que, sin embargo, en la audiencia de hoy no se presentó. Además de funcionarios de los ministerios de Desarrollo de la comunidad, Justicia y de las Mujeres, participaron de la reunión representantes del municipio Presidente Perón, de la Gremial de Abogados, el CELS, el defensor del pueblo Guido Lorenzino, el fiscal Condomí Alcorta y el juez de garantías Martín Rizzo.

Mientras se desarrollaba la audiencia, familias de de Guernica y otras tomas marcharon hacia Plaza de Mayo por el derecho a la vivienda. Reclamaron la creación de una mesa de negociaciones para buscar una “solución social y no represiva” y pidieron “la suspensión de los desalojos por 180 días y que se detengan los abusos policiales contra los vecinos de los asentamientos”.

En la provincia de Buenos Aires hay más de 1.800 asentamientos populares; en los últimos meses, a la par que se agudizó la crisis económica por la pandemia, se multiplicaron las ocupaciones de tierra en distintas localidades bonaerenses. Actualmente, además de Guernica, hay otras cinco tomas que esperan resolución de la justicia. Se estima que se necesitan más de un millón de viviendas para solucionar la crisis habitacional.

¿Cuánto hace que no hay un plan de loteo social y ni hablar de un plan de viviendas?, pregunta Alejandro, el militante social del FOL. “Estas tomas de tierra eran sólo una cuestión de tiempo, es el arrastre de los últimos cinco años de crisis y todo empeoró con la pandemia. No es un problema nuevo, esta es la cuarta oleada de toma de tierra desde el retorno de la democracia. Y era un tema conocido por todos, desde los movimientos sociales lo planteamos ni bien asumió el nuevo gobierno”.

Por su extensión, la toma de Guernica ocupó la centralidad mediática de un conflicto mucho más extenso; por eso puede convertirse en un caso testigo y paradigmático si, finalmente, se procede con el desalojo en plena pandemia. Cabe mencionar que frente a la medida del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la Provincia se promulgó una ley que dispone la suspensión hasta el 30 de septiembre de todo desalojo.

“Efectivizar la medida cautelar interpuesta, sin brindar una concreta alternativa habitacional, no sólo implica la violación del derecho a una vivienda adecuada sino que también acarrea la violación de otros derechos humanos”, señaló la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en una presentación realizada ante el juez Martín Rizzo.

El organismo recordó que, tal como establece el Pacto de derechos económicos, sociales y cultura de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, los Estados tienen la obligación de evitar los desalojos forzosos. Además, a pesar de las disposiciones que determinó la justicia para realizar el lanzamiento, en horario diurno y resguardando la integridad física de las personas, la CPM advirtió: «podemos dar cuenta que en su mayoría culminan con lesiones de gravedad, detenciones arbitrarias e ilegales, torturas y malos tratos sobre quienes se encuentran en los predios».

La CPM también pidió que se cumpla con el Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad de la Corte Bonaerense. Si bien se destacó la decisión del juez Rizzo de convocar al Ejecutivo provincial —tal como estipula la resolución del máximo tribunal de justicia—, el protocolo exige que se brinde un lapso de tiempo considerable a fin de “evaluar y realizar las medidas alternativas y/o solución que permitan minimizar las consecuencias de la medida de lanzamiento”.

Entre otras cuestiones, el Protocolo establece la realización de un censo habitacional del asentamiento; medida que, en la toma de Guernica, se realizó recién tres días atrás. Por el tiempo, en caso de continuar con la orden de desalojo para este miércoles, la garantía de cumplimiento del protocolo de la Corte es prácticamente imposible.