El Tribunal Oral N 9 de la Capital Federal condenó a seis integrantes de la Prefectura Naval Argentina con penas de entre 8 y 10 años de prisión por las torturas a Ezequiel e Iván el 24 septiembre de 2016, luego de ser detenidos ilegalmente en la villa 21-24. Al momento de los hechos, Ezequiel tenía 18 años, Iván 15, los dos son militantes de La Garganta Poderosa. La madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Nora Cortiñas, estuvo presente en la audiencia de sentencia, que fue acompañada por una multitud en la puerta de los tribunales. “Se hizo justicia. Esta sentencia debe servir para que las fuerzas de inseguridad tomen conciencia de que tienen que parar la mano”, expresó.

ANDAR en los juicios

(Agencia Andar) “Lo que le pasó a Iván y Ezequiel son, lamentablemente, hechos rutinarios de violaciones a los derechos humanos que viven los pibes y pibas en los barrios populares por parte de las fuerzas de seguridad. Lo importante de este juicio es que, hechos naturalizados que muchas veces no son denunciados, hayan sido denunciados y hayan llegado a juicio, por la fortaleza de la familia y de la organización”, cuenta Nahuel Berguier, uno de los abogados que integró la querella.

En la noche del sábado 24 de septiembre, la Policía Federal apostada en la villa 21-24 interceptó a Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro y dio aviso a la Prefectura Naval que también patrullaba la zona; los jóvenes fueron requisados y denigrados por las ropas que llevaban, detenidos ilegalmente y trasladados a orillas del riachuelo donde fueron torturados y finalmente amenazados de muerte; incluso, llegaron a disparar al aire y colocarles un cuchillo sobre el cuello. Iván tenía 18 años, Ezequiel 15.

Casi dos años después del hecho, en un fallo histórico, El Tribunal Oral N 9 de la Capital Federal condenó a los prefectos Leandro Antúnez, Osvaldo Ertel y Orlando Benítez a 10 años y seis meses de prisión. Eduardo Sandoval, Yamil Marsilli, Ramón Falcón recibieron penas de 8 años y 11 meses. Todos fueron considerados culpables de los delitos de torturas y privación ilegítima de la libertad y robo agravado. Ninguno de ellos podrá volver a ejercer un cargo público.

“Esta condena es un precedente en materia de tortura. Estos hechos rutinizados y naturalizados son torturas y merecen una condena. Por otro lado, en el juicio también quedó claro que los condenados actuaron con un aval institucional. La responsabilidad política de Bullrich y los funcionarios del Ministerio de seguridad está clara; sin embargo sabemos que, en estos tipos de casos, los únicos que llegan a juicio son los culpables materiales. Siempre pagan el plato roto los de abajo”, agrega Berguier.

La prueba que se expuso en el debate oral y público permitió reconstruir lo que sucedió: el 24 de septiembre, Iván y Ezequiel fueron detenidos frente a la Casa de la Cultura en la villa 21-24 por la Policía Federal. Los efectivos dieron aviso a la Prefectura que, en esos momentos, buscaban a dos o tres personas que habían cometido un robo en la zona. A pesar que los jóvenes no coincidían con la descripción gráfica ni vestimenta de los sospechosos, ni llevaban armas, fueron esposados y subidos a dos móviles de la Prefectura. Detenidos de manera ilegal, sin actas.

En una camioneta y un auto de la Prefectura, los jóvenes fueron trasladados hasta la orilla al riachuelo. En el camino, los amenazaron, le pegaron mientras les decían «negros y villeros de mierda». Cuando los bajaron, continuaron con las torturas durante 45 minutos que incluyó un simulacro de fusilamiento. Poca antes de la una de la madrugada, los liberaron, antes los despojaron de sus ropas, celulares y otros bienes. Durante su testimonio, los jóvenes recordaron que en ese momento le gritaron: “Empiecen a correr, al que se queda atrás lo mato”. Antes los habían amenazado con matarlos y tirarlos al río.

«Hoy, la organización popular y esta sentencia es un comienzo en ese Nunca Más que ya dijimos muchas veces pero que tarda en llegar. Es un aliento para seguir buscando la justicia por todos nuestros pibes que son perseguidos y torturados. Hoy nos reivindicamos en la idea de que con la lucha del pueblo vamos a revertir esta grave crisis en materia de derechos humanos», sintetizó Nora Cortiñas.

Iván y Ezequiel son militantes de La Garganta Poderosa; desde el primer momento, denunciaron públicamente las torturas a las que fueron sometidos. También recibieron desde ese entonces, el acompañamiento de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y dirigentes políticos. En junio pasado, mientras se realizaba el juicio, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañó la querella villera que organizó La Garganta Poderosa para visibilizar los hechos de hostigamiento, persecución y violencia.

«Todas las semanas los pibes y pibas nos cuentan situaciones de verdugeo, golpes, discriminación que son vistos como algo normal; cuantos estas violencia se naturalizan, lo que sucede es que se avala la conformación de ciudadanías de segundo orden, esto ocurre en todas las periferias de las grandes ciudades poscapitalistas», señaló el abogado Berguier. «Una de las victimas dijo, durante el juicio, que cuando fue a denunciar le dijeron ‘para qué vas a denunciar si nunca pasa nada’. Revertir esa idea del no pasa nada es importante. Es importante la denuncia y la organización popular porque esto no puede aceptarse impunemente, esto es un delito, es una violación a los derechos humanos», cerró.

Esa capacidad de organización y movilización terminó empujando la justicia. Fue tortura. Y los prefectos condenados.