En consonancia con el pedido de recusación realizado por la familia de Santiago Maldonado y otros organismos querellantes en la causa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pide el apartamiento de Guido Otranto de la investigación por desaparición forzada. Para la CPM, en las declaraciones públicas al diario La Nación, el juez federal actuó con prejuzgamiento y expresó enemistad con los organismos de derechos humanos que son parte de la causa. Estos dichos irresponsables de Otranto dejan en evidencia las graves deficiencias de la investigación que venimos denunciando desde el primer momento.

ANDAR en Esquel

(CPM/Agencia) A las pocas horas de la represión en la pu lof en resistencia de Cushamen, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus planteando la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ya en ese momento era evidente la responsabilidad de Gendarmería en el hecho. Los testimonios de los integrantes de la comunidad mapuche, la inviabilidad de las innumerables hipótesis y noticias falsas que circularon con beneplácito del Ministerio de Seguridad y las pruebas del expediente confirmaron que la principal hipótesis era la de la desaparición forzada. Esto ameritó un cambio de carátula solicitado por la fiscal Ávila.

A pesar de todos estos indicios, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, nunca demostró vocación por avanzar en esta línea de investigación sino todo lo contrario. El juez demoró la orden de medidas de pruebas que resultaban imprescindibles en ese marco como, por ejemplo, el peritaje sobre las armas y sistemas de comunicación de Gendarmería. Por otro lado, se negó una y otra vez en citar a declarar al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, aun cuando se sabe que estuvo presente en Esquel, dirigiendo el operativo del 1º de agosto que terminó con la desaparición de Santiago.

Estas acciones y omisiones no hacen más que entorpecer y desviar la investigación. En una causa de la importancia institucional que implica este hecho, son inadmisibles las deficiencias que ha mostrado el juez Otranto. La síntesis perfecta de su labor fue la irresponsable nota que brindó al diario La Nación, donde afirmó que «la hipótesis de que Santiago Maldonado se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonable”. Y, en otro tramo de la entrevista, aseguró: “No le encuentro consistencia a la versión de que fue capturado por la Gendarmería. Tampoco veo elementos que me permitan sostener que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes».

Estas declaraciones fueron expresadas cuando no existen pruebas en la causa que permitan inferir siquiera la hipótesis sostenida por Otranto. Más aún, al día siguiente de esas declaraciones, se realizó un rastrillaje de grandes dimensiones con la expectativa de verificar lo que sólo puede ser reconocido como una hipótesis del magistrado, pero el procedimiento no arrojó el resultado que, seguramente, esperaba. Santiago Maldonado no se ahogó. Una vez más, las pruebas no hacen más que fortalecer la hipótesis principal: la desaparición forzada y la responsabilidad de Gendarmería.

Por todos estos motivos, la CPM planteó la recusación del juez federal por considerar que actuó con prejuzgamiento, violando el principio de legalidad y parcialidad. La recusación también se funda en la expresión por parte de Otranto de una enemistad manifiesta con los organismos querellantes en la causa. En ese sentido, en el escrito judicial, la CPM indicó que “la esencia de sus dichos está marcada por un indiscutible encono que no encuentra asidero en la participación de los organismos querellantes, subestimando, horadando públicamente la acción de éstos lo que se traduce sin más en un intento de desprestigio de instituciones de reconocida trayectoria en la materia”.

Las deficiencias en la investigación y la imparcialidad y prejuzgamiento que expuso públicamente en sus declaraciones son fundamentos más que suficiente para que el juez Guido Otranto sea apartado de la causa. En ese marco, la CPM apoya el pedido de la familia que hoy participó de la audiencia de recusación en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y espera que los camaristas hagan efectivo lo solicitado.