Durante los ’60, organizaciones de la Resistencia Peronista robaron dos veces la espada de San Martín; los operativos fueron sucesos emblemáticos de la lucha popular por la vuelta de Perón. La DIPPBA recopiló diversos recortes periodísticos vinculados a ambos robos y los pocos informes de inteligencia centran su atención en los detenidos por ambas acciones.

“No, el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y sólo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica”

(Agencia – CPM) No aceptó ser contendiente en las luchas internas y renunció a los honores, San Martín se recluyó en Francia luego de liberar medio continente. Desde entonces, el sable que nunca derramó sangre de sus compatriotas fue un símbolo de la libertad y la independencia latinoamericana. Ese mismo sable que le entregó a Juan Manuel de Rosas y que luego, por intermedio de su familia, fue legado al Museo Histórico Nacional en 1897. Ese mismo sable que, durante la década del ’60, fue secuestrado dos veces por militantes peronistas para ofrendárselo en el exilio a Juan Domingo Perón, el líder depuesto.

Tras el golpe de Estado de 1955 se inicia un periodo caracterizado por la alternancia entre dictaduras militares y gobiernos democráticos débiles tutelados por las Fuerzas Armadas. La proscripción de Perón y el Partido Justicialista excluía a las mayorías populares de los canales de participación política; en ese marco, las acciones de la resistencia peronista, según relatan muchos de los que sufrieron cárcel en el marco de la aplicación de la Ley Conintes (Conmoción Interna del Estado), tuvieron como sello la virulencia, la improvisación en muchos casos, pero siempre la lealtad y el desafío.

El primer robo

Una de las acciones más renombradas fue el robo del sable corvo del General San Martín del Archivo Histórico Nacional el 12 de agosto de 1963. En el primer comunicado que dan a conocer dejan constancia de que: «desde hoy, el sable de San Lorenzo y Maipú quedará custodiado por la juventud argentina, representada por la Juventud Peronista”. Sin embargo, el 28 de agosto, y ante la persecución policial y las sistemáticas torturas que sufrían los detenidos, el sable fue devuelto.

“El ex Oficial GALLARDO, conocido militante peronista de la agrupación “Juventud Peronista” […], se declaró autor de la sustracción del sable del General San Martín, Según sus propias declaraciones”, se lee en el legajo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). El informe corresponde a un memo fechado el 26 de agosto de 1963 elaborado por la delegación San Martín y dirigido al Director del Servicio Informaciones Policiales, en el que se elevan los testimonios de los detenidos por el robo de la espada.

La delegación San Martín de la policía bonaerense era la misma que, el 23 de agosto de 1962, detuvo, torturó y desapareció al trabajador metalúrgico y dirigente de la Juventud Peronista, Felipe Vallese. La misma que detuvo y torturó a Manuel Gallardo quien reconoció haber sufrido “palizas” y un simulacro de fusilamiento, pero nunca “cantó”. Entre los recortes periodísticos recopilados por la DIPPBA durante el hecho, uno —de fecha 23 de agosto— confirma esta versión. Bajo el título “Torturas: trasladarían los detenidos a La Plata”, la nota cuenta que se comprobó “a) la existencia de torturas; y b) las condiciones de alojamiento (que son pésimas). Los presos informaron que habían sido picaneados con las cargas máximas”. El plan había fracasado.

Operativo Soberanía

Dos años después, el el 19 de agosto de 1965, el sable fue nuevamente sustraído del Archivo Histórico. La caza de brujas pulió sus estrategias: según las crónicas periodísticas, en sólo tres días medio millar de procedimientos se efectuaron en la búsqueda de los responsables. La respuesta fue inmediata; fechado el mismo día, el oficial inspector Edmundo Ferreiroa remite a la dirección de inteligencia el informe sobre asunto “Ampliación s/ robo sable corvo”. Y expone: “a partir de las 21.40 del día de la fecha, personal de Coordinación Federal conjuntamente con personas de D.I.P.A., está efectuando allanamiento en el Comité del Partido Comunista”.

En el mismo legajo de la DIPPBA se consignan otros recortes periodísticos y los comunicados del Ejército Revolucionario Peronista que reconocen la autoría del “Operativo Soberanía”: “El sable corvo del General José de San Martín, símbolo de la primer campaña de Liberación Nacional Americana, ha sido recuperado para el pueblo por esta organización […] Ante el cúmulo de versiones emitidas por los órganos del sistema este comando informa que el glorioso sable no ha salido ni saldrá del territorio nacional, permaneciendo en nuestro poder hasta el triunfo final de la Revolución Peronista y el retorno del General Juan Domingo Perón al poder”.

El mismo comunicado del 15 de septiembre, expone las condiciones para negociar la devolución del sable corvo:

“1.- La entrega pública a la persona o entidad que designe el General Perón en la Argentina, del cadáver de la señora Eva Perón.

2.- La entrega pública a sus familiares del cuerpo de Felipe Vallese.

3.- La inmediata prisión y enjuiciamiento público de todos los implicados en el secuestro y asesinato de Felipe Vallese.”

Convertido en emblema de la nacionalidad- y de disputa- fue recuperado por segunda vez recién en junio de 1966. Ninguno de los puntos expuestos por el Ejército Revolucionario Peronista fue cumplido: el cuerpo de Eva fue restituido por el gobierno de Lanusse a Perón en 1971, Felipe Vallese continúa desaparecido y su asesino, Juan Fiorillo —estrecho colaborador de Ramón Camps durante la última dictadura cívico militar—, murió en 2008 poco antes de ser juzgado por este delito.

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue creada en 1956 y, desde sus comienzos, persiguió, espió y fichó a militantes políticos y sociales. Durante la década del ’70, las acciones de inteligencia se intensificaron y fueron imprescindibles para la planificación y ejecución del plan represivo; recientemente, la Comisión Provincial por la Memoria se constituyó como querellante en una causa que investiga las responsabilidades de estas acciones como constitutivas de los crímenes de lesa humanidad. Desde el año 2001, el archivo de la DIPPBA es gestionado por la CPM y, luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, aportó documentos probatorios en  2735 causas, que permitieron llegar a sentencias condenatorias en 129 juicios.