«El gobierno de la provincia de Buenos Aires acepta que la sobrepoblación de su sistema penitenciario es crítica. En un informe presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) afirma que tiene 10.000 personas por encima del cupo que el mismo Poder Ejecutivo estableció, sin contar a quienes están alojados en comisarías. Sin embargo, y aunque los jueces lo solicitaron, no presentó ningún plan para resolver la crisis», expresa el comunicado conjunto de la Comisión por la Memoria, la Defensoría de Casación penal y el CELS luego de la reunión que los organismos mantuvieron con los jueces de la  Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

ANDAR en la Provincia

(Agencia/ CPM) «Esta actitud de incumplimiento se viene reiterando en distintas instancias en las que jueces provinciales tomaron medidas orientadas a proteger a las y los detenidos. Por este motivo, la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS, en la audiencia de seguimiento del expediente iniciado por las condiciones de detención en la Provincia, realizada el miércoles 11 de julio, solicitamos a la SCBA que tome medidas que son necesarias para poner fin a las violaciones de los derechos humanos en el sistema penal provincial. En este sentido pedimos que:

-se conforme un comité de emergencia por sobrepoblación que tenga la tarea de definir las plazas disponibles y de tomar decisiones específicas para bajar la cantidad de personas privadas de la libertad,

-la Suprema Corte genere directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal, controle que se cumpla la orden de no alojar detenidos en lugares inhabilitados, dictada por ese mismo tribunal en diciembre de 2015 e impulse acciones eficaces para la prevención, asistencia de víctimas y sanción de las torturas sistemáticas y otros tratos crueles o degradantes que se registran en el sistema de encierro.

Las decisiones de política criminal de las autoridades de la provincia de Buenos Aires agravaron una situación que ya era crítica y que está produciendo un récord histórico de sobrepoblación y hacinamiento.

Entre diciembre de 2012 y mayo de 2018 la tasa de personas detenidas pasó de 180 a 255 cada 100.000 habitantes en cárceles, alcaidías y comisarías. Una de las consecuencias de este crecimiento es la cantidad de personas alojadas en las comisarías, que se duplicó entre diciembre de 2015 y julio de 2018. Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia reconocen que los camastros disponibles en cada comisaría están ocupados y que hay un 246% de sobreocupación. A esto último se suma que del informe presentado por el Poder Ejecutivo se desprende que el 80% de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios, lo que significa que se encuentran latentes las condiciones de posibilidad para que hechos como la masacre de Pergamino, vuelvan a ocurrir.

A la sobrepoblación y el hacinamiento crecientes se suman la persistencia de la tortura y los malos tratos y las pésimas condiciones de salud que caracterizan a las cárceles de la provincia.

La Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS son peticionarios de las medidas cautelares dictadas en 2012 y 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaron que se resguarde la vida e integridad física de las personas detenidas en las cárceles y comisarías bonaerenses. Además, en los últimos dos años, tanto la CIDH como el Relator contra la tortura y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas señalaron la crisis humanitaria que atraviesa la provincia. Pese a estas intervenciones de organismos del sistema interamericano y universal, el gobierno de la provincia no solo no reduce la cantidad de detenidos sino que toma decisiones que la aumentarán, como la de proponer una reforma regresiva del Código Procesal Penal.