Luego de que un joven fuera golpeado por el custodio de un boliche, casi una decena de policías intervino y se sumó a la golpiza. La escena fue registrada por las cámaras de seguridad. La CPM repudia este accionar y exige una investigación exhaustiva.

ANDAR en Mar del Plata

(CPM/Agencia)  La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) expresa su repudio por la salvaje agresión provocada por efectivos policiales y “patovicas” a un joven de 21 años, en la puerta del local bailable La Cumbre de Mar del Plata.

En la madrugada del lunes 3 de noviembre, las cámaras del sistema de monitoreo municipal de Mar del Plata registraron una secuencia en la que se ve inicialmente a un custodio del boliche La Cumbre agredir físicamente a un joven. Uno de los golpes impacta en el joven y lo desmaya. Todo esto es observado por un policía que se encontraba cercano a la escena. Este agente no solo no impide la acción ilegal cometida por el custodio sino que colabora con la acción y lo arrastra hasta la vereda. Momentos después arriban al lugar dos móviles del Comando de Prevención Comunitaria de la Policía Bonaerense, y al agente que actuó en primera instancia se agregan seis agentes más que intervienen en la situación; algunos continúan agrediendo físicamente al joven, mientras los otros no impiden esta acción y acompañan a los agresores cuando éstos lo persuaden mediante patadas para que abandone el lugar. De este modo el joven es obligado a irse.

Es casi automática la asimilación de este caso con el ocurrido en 2006; nos referimos al homicidio de Martín Castellucci en la discoteca La Casona de Lanús. En esa oportunidad, el joven fue también agredido por un custodio, arrastrado y abandonado a metros del lugar por parte de los policías; falleció los días posteriores en el hospital, donde fuera trasladado por un amigo. La lucha de la familia resultó fundamental para que se sancionara la ley 26370 que regula la actividad de los controladores de locales bailables nocturnos, denominados «patovicas».

Este nuevo hecho, alerta sobre la continuidad de prácticas ilegales de la policía, en este caso del flamante Comando de Prevención Comunitaria (CPC). También es altamente preocupante que luego de sancionada la ley nacional que regula la actividad de los «patovicas», a la cual la Provincia adhirió, no se estén realizando los debidos controles por parte de las autoridades competentes. El ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos provincial tienen una tarea fundamental de contralor que habrá que indagar si efectivamente se cumplió en este caso.

Es acertado que desde el municipio se haya realizado el registro y la denuncia de lo ocurrido, pero deberán tomarse los recaudos y acciones concretas para evitar que estas prácticas se sigan aplicando. Este caso es emergente de muchos otros que ocurren de manera cotidiana y el municipio tiene un desafío fundamental en evitar que las fuerzas policiales a su cargo reproduzcan estas prácticas.

La justicia provincial, el Ministerio de Seguridad y la auditoría de asuntos internos tendrán que dar respuestas contundentes no solo respecto a quienes intervinieron activamente en la agresión, sino también respecto a quienes omitieron evitar y denunciar lo ocurrido.

Tal como expresamos en otras oportunidades, la violencia estatal es el peor de los delitos: es el estado puesto en el lugar de victimario. Sin una respuesta contundente ante hechos como el registrado no habrá seguridad democrática.