El grupo de activistas y militantes que impulsaron y aportaron contenidos en la redacción de la Ley de identidad de género (Ley 26.743, aprobada en 2012) formaron el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género integrado por ABOSEX (Abogad*s (*) por los derechos sexuales), ALITT (Asociación de lucha por la identidad travesti y transexual), Futuro Transgenérico y MAL (Movimiento antidiscriminatorio de liberación). El pasado 25 de noviembre, día de la no violencia contra las mujeres, presentaron el proyecto de ley Régimen reparatorio para las víctimas de la violencia institucional por motivos de identidad de género.

ANDAR en las leyes

(Por Paula Bonomi/Agencia) El proyecto de ley propone resarcir económicamente a transexuales y travestis que fueron encarceladxs o fueron víctimas de la violencia institucional por su identidad de género. La propuesta -presentada en la Cámara baja con copia a las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Presupuesto- contó con la firma de la diputada Diana Conti (FPV) y tiene como antecedente las pensiones graciables otorgadas en el país a ex presxs políticxs.

Días después de esta presentación, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Maria Rachid (FPV) reactivó un proyecto, presentado en 2012, que establece un subsidio para aquellxs travestis o transexuales que residan en la CABA, que tengan más de 40 años y que hayan cambiado el DNI según la ley de identidad de género.

Ambos proyectos desataron opiniones a favor y en contra en los medios de comunicación. Decenas de opinólogxs, sensibilizadxs, indignadxs atacaron ambas iniciativas argumentando que el Estado aparentemente repartirá subsidios a las travestis o transexuales en desmedro de otros grupos sociales vulnerados. Ambos, también, proponen una suma fija basada en valores establecidos por ley, tanto nacional como municipal. La iniciativa legislativa presentada en el Congreso nacional (Régimen reparatorio para las víctimas de la violencia institucional por motivos de identidad de género) propone compensar a lxs transexuales y travestis cuyos «derechos fundamentales fueron violados por motivos de su identidad de género» con un subsidio mensual equivalente a la «remuneración mensual asignada a la categoría D nivel 0, planta permanente sin tramo -agrupamiento general- del escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público», lo que lo acercaría en la actualidad a los 7.500 pesos. En los casos en los que se pruebe que existió violencia sexual, el proyecto prevé aumentar la pensión un 30 por ciento.

[pullquote]Sobrevuela un sentido común y pensamiento fetiche acerca de lo trans y las travestis[/pullquote]

Ante tanta reacción intolerante y homolesbotransfóbica, si queremos profundizar y cambiar el presente para construir un sociedad más justa, evidentemente falta mucho camino por recorrer. Sobrevuela un sentido común y pensamiento fetiche acerca de lo trans y las travestis, despojado de humanidad y respeto, que promueve la discriminación. Se desconoce cómo y cuáles son las condiciones de vida de estas personas, muchas de las cuales fueron arrojadas a la calle u optaron por un autoexilio, muchas de ellxs siendo niñxs aún, sin terminar sus estudios, sin trabajo, expuestas a violencias, discriminación, vejámenes, hambre y muchas de ellas enfrentando su rostro con la muerte producto de mala praxis, enfermedades o crímenes de odio que persisten en la actualidad.

Ser travesti no es una elección. No, no lo es porque la identidad de género no es algo que se elija, como no se elige la orientación sexual. En todo caso, lo que se elige es no esconderla. Y sí, su visibilización -que irrumpe en el escenario político y público a partir de la década de los 90´, disputando calidad de derechos, construyendo un espacio con voz e identidad propia- incomoda. Ellas incomodan con sus cuerpos exuberantes dando testimonio. Denuncian, junto a otros organismos de derechos humanos, las infinitas persecuciones policiales tanto en tiempos de dictadura como en los sucesivos gobiernos democráticos, donde la aplicación indiscriminada de edictos y códigos contravencionales fueron construyendo desde una “moralidad policial” patrones de “normalidad” social.

[pullquote]Ser travesti no es una elección[/pullquote]

Es clarificador de esta particular realidad un estudio realizado por ALITT que revela que el 87,7% de las 302 travestis consultadas habían modificado su cuerpo y/o realizado tratamientos hormonales pero, como aún no existía la ley de identidad de género que garantiza dichas intervenciones a través del sistema de salud, el 97,7% de las que se inyectaron siliconas y el 92,9% de las que realizaron tratamiento hormonal hicieron esas prácticas en un domicilio particular. Es decir, sin condiciones adecuadas de asepsia y sin internación ni control posterior a la intervención. Los daños a la salud pueden ser gravísimos, inclusive letales. En la actualidad, la Ley de Identidad de Género, en su artículo 11, ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Lamentablemente, a poco más de dos años de su sanción, este artículo sigue sin reglamentarse; y es absoluta responsabilidad del Ministerio de Salud.

Todas las encuestadas manifestaron tener dificultades para acceder a la vivienda, el sistema de salud o la educación, y más del 90% denunció que sufría sistemáticamente algún tipo de violencia. Más del 85% de las entrevistadas había sufrido abuso policial, y el 90 % había pasado por una detención ilegal. El 79% de ellas recurría a la prostitución como medio de vida (datos más recientes, publicados por el INADI, hablan del 95%.), a pesar de que la gran mayoría de ellas respondió que, si tuviera otra opción, no se prostituiría. Según el censo oficial de 2001, la deserción escolar entre la población travesti duplicaba a la de la población general. Más del 60% de las entrevistadas que abandonaron la primaria asumieron su identidad de género antes de los 13, y el motivo de la deserción fue la discriminación. Según datos oficiales, el 84% de las personas transexuales en Argentina no terminó la secundaria.

[pullquote]desde enero de 2008 se contabilizan  más de 1500 asesinatos de personas trans[/pullquote]

¿Entonces, a cuántas travestis o transexuales conocemos para juzgar sus vidas? ¿Cuánto entendemos de lo que significa ser travesti en la Argentina y llegar viva a los 40 años?

El blog de @fragmentario nos aporta más datos: “Sólo desde enero de 2008 se contabilizan [a nivel internacional] más de 1500 asesinatos de personas trans (la estadística incluye pocos países fuera de Occidente, donde podemos suponer que la situación es peor). Casi el 80% de esos crímenes ocurrió en América Latina y la cifra resulta impresionante: un asesinato cada dos días. Esta situación de especial violencia es la que llevó a muchos colectivos LGBT a hablar de un genocidio trans“. La inmensa mayoría de las personas trans asesinadas son trabajadoras sexuales de entre 20 y 40 años, y observar la lista de ocupaciones y el porcentaje de cada una da una idea de sus posibilidades reales de acceso al empleo. Otro dato escalofriante de las estadísticas es que el 41% de las personas trans que participaron del estudio intentó suicidarse al menos una vez. La nota agrega: “Si escarbamos un poco más, veremos que la situación de las personas transexuales es devastadora en todas las estadísticas: son mucho más pobres, sufren más violencia sexual y policial, doblan la tasa promedio de desempleo y de contagio de HIV, caen más veces en la cárcel, experimentan más situaciones temporarias de calle o son homeless, abusan más que el resto de drogas y alcohol, tienen mucho menos acceso a la educación y a la salud, más de la mitad sufre el rechazo y el alejamiento de sus familias. Los trans, en el siglo XXI, viven en un verdadero ghetto a cielo abierto”.

Frente a estos datos quizás se despejen algunas dudas y comprendamos que cuando hablamos, hoy, de una persona trans, principalmente travestis y transexuales femeninas de más de 40 años, estamos hablando de sobrevivientes. La inmensa mayoría muere antes de cumplirlos, y no por razones biológicas. También las matan. O se mueren como consecuencia de las condiciones en las que son obligadas a vivir, o por falta de atención médica.

De aprobarse este resarcimiento económico también el Estado se transformará, reconociendo económica, simbólica y políticamente la legalidad de las identidades y corporalidades trans. Sería la primera vez que un gobierno en el mundo reconocería la condición de víctimas de este grupo social y contemple un resarcimiento a todas aquellas personas que han sido privadas de su libertad por su identidad de género, tanto por aplicación de los edictos de la policía como por cualquier otro acto perpetrado por las fuerzas de seguridad que impliquen una violación de sus derechos humanos.

La Argentina tiene entonces la posibilidad de continuar profundizando los cambios legales y culturales iniciados, fruto de la lucha popular que fue abriendo brechas inimaginadas hace muy pocos años. A medida que esta agenda crece, superamos la etapa de reconocimiento de derechos para considerar la calidad de éstos, sin distinción de clase y privilegios.

[pullquote]La discriminación y el desarraigo lxs expulsan de la escuela y esto, a su vez, dificulta la búsqueda de horizontes laborales[/pullquote]

“Esta sociedad se sigue escandalizando y diciendo ‘hay alguien desnudx en la puerta de mi casa’. Sin embargo a nadie le importa preguntarse por qué alguien con tres grados bajo cero tiene que estar desnudx allí. Qué decir entonces de los que se avergüenzan o cierran los ojos ante la presencia de tantas chiquitas travestis, transexuales o transgénero (o de aquellas que incluso andan todavía preguntándose qué son, qué desean ser) que no sólo tienen que proveerse los ingresos para vivir sino que además lo hacen en situaciones riesgosas para su salud e integridad. Cómo, en todo caso, no es eso lo que escandaliza”, versa un fragmento de Cumbia, copetes y lágrimas, un libro conmovedor y necesario para aportar leña al debate y ejercer la ciudadanía.

La discriminación y el desarraigo lxs expulsan de la escuela y esto, a su vez, dificulta la búsqueda de horizontes laborales: cuanto menor es el nivel educativo alcanzado, mayor es el porcentaje de personas cuya principal fuente de ingresos depende de la prostitución. Esto es responsabilidad de todxs. Será hora de transformarnos, abrir el corazón y construir los cimientos para que las nuevas generaciones de niños y niñas trans no tengan que solicitar ninguna pensión graciable en el futuro.

Nota a Lohana Berkins (**)

La opinión de Claudia Vazquez Haro

(* )Utilizamos la “x” como alternativa al abuso del masculino gramatical como genérico.

(**) Activista travesti, fundadora de ALITT (Asociación de lucha por la identidad travesti y transexual).

Link al proyecto reparatorio: http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=168626

La foto de portada de esta nota pertenece a la serie «Cuerpos desobedientes» de Jerónimo Riveros, que realizó para O-Trans y que fue expuesta en el Museo de Arte y Memoria de la CPM como parte de la muestra L*STR*S.