ANDAR en Ituzaingó

(Agencia Andar) En su presentación el organismo denunció sobrepoblación, falta de asistencia médica, y en el pabellón 5 déficit alimentario, falta de condiciones de higiene, de colchones y malas condiciones generales de infraestructura. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 de Morón, a cargo del juez Cristian Adrián Toto, hizo lugar a la presentación y se constituyó en el penal corroborando lo denunciado en el escrito.

La Unidad 39 tiene capacidad para albergar 654 personas y en la actualidad aloja 949 detenidos, 295 más que el cupo oficial admitido, un 45% de sobrepoblación. El pabellón 5 específicamente se utiliza como sector de aislamiento, admisión o «depósito», es decir para personas que están esperando ser ubicadas o trasladadas, cumpliendo alguna sanción o incluso por propia voluntad. La capacidad de alojamiento del sector es de 16 personas, pero al momento de la inspección había 30 y al menos 26 estaban desde hacía más de un mes.

El juzgado coincidió con el diagnóstico: “el estado general observado en el pabellón impone la necesidad de que la Dirección de Infraestructura Edilicia del SPB realice una inspección urgente del pabellón 5 a fin de programar, proyectar y dirigir las obras necesarias”. También prohibió el alojamiento de personas en una celda que estaba inundada y dispuso la colocación de una faja de clausura.

Desde la CPM señalaron que allí las instalaciones eléctricas son precarias y peligrosas: sólo una celda cuenta con toma corrientes y de ahí se provee de electricidad a las demás a través de cables que cruzan por el pasillo central. La comida, provista mediante el servicio de catering «Sano y Bueno», se entregó cruda al momento de la inspección, por lo que las personas detenidas debían procurar cocinar con los elementos que tenían en la celda. La salida de emergencia se ubica al final del pasillo central sin señalizar y se abre del lado externo; se detectó que las personas que requieren atención a la salud dentro de la unidad no reciben ninguna respuesta, y al insistir son maltratadas y abordadas con una revisión deficiente e incompleta. Esto genera que se agraven cuadros de salud que en condiciones normales de atención médica no deberían generar mayores problemas.

En el fallo además se ordenó una auditoría respecto del cumplimiento de los contratos de desinfección y de alimentación, que el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Dirección Provincial de Alcaidías Departamentales se abstengan de enviar nuevos ingresos a la unidad, y que entreguen elementos de limpieza y colchones adecuados y suficientes a las personas detenidas.