Son seis agentes federales encargados del cuidado de los pabellones de lesa humanidad en el penal de Marcos Paz. Fueron procesados por dificultar la investigación sobre la segunda desaparición de Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006. Guadalupe Godoy, abogada de la causa, explicó cómo se llegó a este procesamiento

ANDAR en la justicia

(Radio Futura – Agencia) El procesamiento fue dictado por el Juzgado Federal N° 1 de La Plata a cargo de Laureano Durán. Los agentes procesados son Diego Antonio González, Rubén Atilio Medina, Aníbal Anselmo Cuenca, Héctor Horacio Altamirano, Diego Daniel Díaz y Carlos Alberto Grassini, que trabajaban en el penal de Marcos Paz.

Godoy: “Hubo un intento de ocultar y cubrir el manejo irregular de los penitenciarios que otorgaban privilegios a los detenidos por delitos de lesa humanidad»

Guadalupe Godoy es una de las abogadas que, desde el colectivo Justicia Ya! La Plata, interviene como querellante en la causa por la desaparición de López.  En comunicación con «Rap Todo Terreno» sostuvo que la investigación por la causa López “está llena de irregularidades y malos manejos”.

Recordó que “en el 2006 dijimos que había que buscar los responsables de la desaparición de López en los lugares donde había interesados en detener los juicios, es decir, en el pabellón donde ya estaban los primeros detenidos. Ahí se hicieron dos allanamientos, el primero fracasó porque el juez cometió el ‘error’ de avisar que iban hacer el allanamiento en el pabellón y entonces cuando se hizo no se encontró nada fuera de lo normal”.

El segundo allanamiento se hizo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dirigida en ese entonces por Marcelo Saín. “Evidentemente ahí no se le avisó a nadie porque cuando se ingresó se encontraron computadoras que no podían tener en su poder quienes estaban ahí. También se encontró un cableado de líneas telefónicas paralelas que les permitían hacer llamados por fuera del control del servicio penitenciario”, contó la abogada.

Luego de este segundo allanamiento es cuando se inicia la causa contra los penitenciarios a cargo del cuidado del pabellón donde están alojados los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad.

Godoy mencionó que en ese momento “la atención estuvo puesta en Iribarne, que era el ministro de Justicia en esa época, porque él realizó una tarea de encubrimiento luego del accionar del servicio penitenciario. De hecho, aportó una pericia realizada por técnicos del Ministerio donde mostraban que en realidad no había inconveniente con los cableados y demás”.

Finalmente, en el 2008 el juez Arnaldo Corazza dictó falta de mérito para  los penitenciarios. Sin embargo, Godoy contó que “la fiscalía ahora está en una etapa de revisión de la causa y se encontraron irregularidades como, por ejemplo, que existen dos registros en el penal. Uno es el ingreso al penal y otro al pabellón de lesa y no se corresponden uno con otro.”

Sin embargo, la abogada mostró su descontento porque el procesamiento es a seis penitenciarios que forman parte “de una escala menor de responsabilidades”. Sostuvo que “hubo un intento de ocultar y cubrir el manejo irregular de los penitenciarios que otorgaban privilegios a los detenidos por delitos de lesa humanidad y ahí el principal responsable fue Alberto Iribarne, ministro de Justicia en ese momento”.

Jorge Julio López fue testigo clave en el juicio que envió a cárcel perpetua al ex jefe de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz. Desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando se dirigía a presenciar la condena en el juicio contra el represor. Ocho años después, se desconoce su paradero y no hay responsables condenados por su desaparición.

Cárcel común o prisión domiciliaria

La abogada querellante Guadalupe Godoy sostuvo que “son muy pocos los genocidas que están en la cárcel, porque los jueces aplican de forma automática la prisión domiciliaria por la cuestión de la edad de los condenados. Hay sólo un grupo reducido en la cárcel”.

Por otro lado, “muchos de los miembros de fuerza de seguridad o militares que han sido condenados tienen familiares que han seguido el mismo recorrido y por lo tanto tienen relaciones dentro del servicio penitenciario”, explicó en referencia a los privilegios y buenos tratos que reciben los detenidos por delitos de lesa humanidad.

Por último, señaló que hay un discurso de los represores que lo utilizan como justificación para no ir a la cárcel común. Explica Godoy que “ellos se consideran a sí mismos como presos políticos y no como delincuentes comunes”.