El juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha concluyó el viernes 24. Además de los que recibieron las penas máximas, también fueron condenados Juan Carlos Herzberg (12 años de prisión), y Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza y Claudio Raúl Grande (13 años).

ANDAR en los juicios

(Agencia) La última audiencia del histórico juicio comenzó pasadas las 20 del viernes, luego de que la sala del teatro de la exAMIA quedara colmada de público, entre quienes se encontraban la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la referente de Madres de Plaza de Mayo, Adelina Dematti de Alaye, la madre de Miguel Bru, Rosa Schoenfeld, y el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.

La audiencia comenzó pasadas las 20, con la sala del teatro de la exAMIA colmada de público. FOTO: Leo Vaca, INFOJUS

Casi un año después del inicio del debate oral y público, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, dio a conocer la sentencia contra los imputados. Quince de ellos resultaron condenados a prisión perpetua  -Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jaime Lamont Smart, Héctor Raúl Acuña, Gustavo Adolfo Cascivio, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Isaac Crespín Miranda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Pedro Anselmo Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Horacio Elizardo Luján, Miguel Ángel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale y Julio César Garachico-.

La primera de las penas máximas anunciadas por el magistrado fue la de Jaime Lamont Smart, el exministro de Gobierno de la Provincia durante la dictadura que ya cumple la misma pena por delitos de lesa humanidad. Una ovación recorrió la sala del teatro al momento del anuncio y esa misma alegría se continuó con las siguientes condenas.

Etchecolatz, que recibió la cuarta condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, intentó pararse y realizar un gesto al tribunal como lo hiciera en ocasiones anteriores, pero rápidamente fue advertido por Rozanski y el condenado retomó su lugar.

Luego se sabría lo que Etchecolatz intentó al pararse: el fotógrafo Leo Vaca, de agencia Infojus, mientras cubría el juicio desde el primer piso de la sala del teatro, captó con su cámara el papel que el exdirector de la DIPPBA pretendió entregar a los magistrados.

«Vi cómo Etchecolatz miraba fijamente a Estela de Carlotto y a otros familiares. Entonces con sus dedos de la mano derecha empezó a tamborilear sobre la rodilla y sacó un papelito. En ese momento, lo observé que está escribiendo y cuando hice foco, no pude creer lo que estaba viendo. Después se levantó y se lo quiso entregar a los jueces, pero no lo dejaron. Mostré la foto a otros colegas y a la gente que estaba allí y se mordían los labios de la bronca. Fue un escándalo», relató Vaca, acerca del papel en el que se lee «jorge Julio López» y el verbo «secuestrar».

Con esa nueva provocación, habrá que esperar a los próximos días para saber si la fiscalía que intervino en el juicio, o si los propios magistrados, intervienen para dilucidar el sentido del mensaje y la eventual responsabilidad penal que pudiera recaer sobre el condenado.

En la sala de la audiencia hubo más de 300 personas en el sector del público, además de casi un centenar de familiares de imputados y de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, que ocupaban la bandeja superior del teatro.

La lectura de una nueva condena a prisión perpetua para el expenitenciario Héctor Raúl Acuña fue recibida con renovado entusiasmo: durante  los meses de audiencias testimoniales, muchas de las víctimas que pasaron por La Cacha relataron la violencia extrema y el ensañamiento del torturador apodado “el Oso”, como cuando ingresó al subsuelo del centro clandestino y maniató y golpeó salvajemente a los que allí estaban secuestrados porque los oyó cantar el himno nacional en ocasión del 9 de julio de 1976.

Otro de los momentos más esperados de la sentencia fue con relación al exagente civil del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, Claudio Raúl Grande, a quien los represores de La Cacha reconocían con el apodo de “Pablo”. El eje central de la defensa de Grande a cargo del abogado particular Juan José Losino consistió en plantear la presunta confusión en torno a la identidad del imputado, a quien se lo habría confundido con otro agente del Destacamento 101 de apellido Chiaraveyra.

Esa estrategia de defensa, no obstante, no pudo resistir los testimonios de las víctimas y los reconocimientos fotográficos realizados en el juicio, mediante los cuales quedó claramente demostrado que la supuesta confusión nunca existió. Con la sentencia, Grande fue condenado a la pena de 13 años, por voto de mayoría (uno de los vocales votó, en disidencia, por la absolución).

La lectura de las condenas se prolongó durante más de una hora y media, y fue seguida por centenares de militantes sociales, políticos y de organismos de derechos humanos que seguían los pormenores de la jornada desde la esquina de 4 y 51.

Cabe destacar que los magistrados resolvieron, además, que la sede del Destacamento de Inteligencia 101, situada en calle 55 entre 7 y 8, además del predio donde se encontraba el centro clandestino –el edificio fue destruido por los propios militares- sean convertidos en sitios de memoria.

En este sentido, el mismo día pero antes de la audiencia, se habían realizado dos actos de señalización de La Cacha y del Destacamento, de los que participaron las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, organismos de derechos humanos, víctimas y familiares, y militantes sociales y políticos.

El exDestacamento de Inteligencia 101

Dependiente del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, desde allí se diseñó, controló y ejecutó el accionar represivo ilegal del Estado en el partido de La Plata y otras localidades bonaerenses a partir de 1975 y, de manera sistemática, en el marco del plan de terror y exterminio implementado por la última dictadura cívico-militar.

El Destacamento 101 coordinaba las tareas de inteligencia para el secuestro de hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical. Estas tareas incluían la ejecución de los operativos ilegales de detención, el traslado a centros clandestinos, la realización de interrogatorios bajo tortura y la determinación del destino final de las víctimas, que podían ser derivadas a cárceles, asesinadas o desaparecidas.

Según investigaciones judiciales, este Destacamento  también comandó la represión en el exCCD “La Cacha”. Muchos de los sobrevivientes reconocieron a miembros de su personal civil de inteligencia a cargo de los interrogatorios, las guardias y la aplicación de torturas.

Datos generales de la causa La Cacha

El expediente que llegó a instancia de juicio fue el resultado de la unificación de tres investigaciones penales sobre homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y sustitución, ocultamiento y retención de menores, delitos cometidos en la esfera del CCD que funcionó en la explanta transmisora de Radio Provincia, en Olmos, a metros de la unidad penitenciaria 1 de esa localidad.

Entre los 21 imputados, 13 pertenecieron al Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército; 2 fueron penitenciarios bonaerenses; 4 fueron policías bonaerenses; 1 fue integrante de la Armada; y el restante, un civil: el exministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart, quien realizó su propia defensa.