El Ministerio Público Fiscal pidió penas de entre 9 y 16 años de prisión para seis de los 11 policías imputados por las torturas a tres jóvenes en un hecho vinculado a la muerte de Fabián Gorosito. Los fiscales también solicitaron 8 años para la única civil acusada en este juicio. En segundo término, el abogado de la querella pidió ampliar la acusación para otros tres agentes y dijo que la muerte de Fabián también estuvo acreditada por la prueba existente. En los alegatos acusatorios quedaron claras las graves condiciones en las que se desarrolló el juicio por el tiempo que transcurrió desde los hechos, por el estado de coacción sobre los testigos y las constantes amenazas y hostigamientos que sufrieron víctimas, familiares y abogados.

ANDAR en Merlo

(Agencia Andar) “Lo dibujé riendo, porque se reía mientras me pegaba”, dijo Maximiliano Silva en cámara gesell. Para el Ministerio Público Fiscal las pericias psicológicas, aceptadas recién en este segundo juicio, fueron fundamentales para comprobar la materialidad ilícita de los delitos que acá se investigan.

Esas pericias oficiales, realizadas bajo los preceptos del protocolo de Estambul, determinan con rigurosidad científica que no existen indicios de confabulación o falsificación en lo que declararon, y que Maximiliano Silva, y Daniel y José Mancini presentan trastornos por estrés postraumático crónico. «A veces podrán estar mejor, otras peor, pero este padecimiento los acompañará toda la vida», agregó el fiscal Antonio Ferreras.

Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2010. Para la fiscalía se trató de una «empresa criminal» liderada por los policías Giménez y Sosa (ya condenado por estos mismos hechos a 16 años de prisión en un juicio realizado en 2014) con el objetivo de resolver el robo de sus casas y del arma reglamentaria de Giménez, aunque esto nunca fue debidamente denunciado. Empresa criminal que se hizo con la participación y anuencia de todos quienes estaban de turno aquella noche en la comisaría 6ª de Merlo, en la localidad de Mariano Acosta.

«Allanamiento de morada, reconocimiento ilegal, tormentos, privación de la libertad. Nadie actuó como un valladar para impedir esta cacería», precisó la fiscalía. Y agregó: «Necesitamos fuerzas de seguridad democráticas donde los deseos trasnochados de algunos no sean seguidos por todos, para que, en 2010, una comisaría no se convierta como pasó en un centro de tortura». Para los fiscales Ferreras y Marcelo Papavero, durante su largo y preciso alegato, todo esto quedó acreditado por las pruebas que se expusieron en el juicio.

La noche del 12 de agosto de 2010, los policías Giménez y Sosa, de civil y en autos particulares, recorrían Mariano Acosta buscando a los supuestos autores del robo. Con los rostros semicubiertos y con un arma particular, abordan por detrás y a los golpes a Maximiliano Silva y José Mancini mientras compraban cerveza en un quiosco; en ese lugar, también redujeron a Yanina González que estaba con ellos. Luego piden refuerzos a la comisaría: Nievas, la autoridad de máximo rango en ese momento, envía a los agentes Fortunato, Dipierro y Cuelli. Ninguno tenía uniforme.

Mientras les pegaban, los amenazaban y les preguntaban por «los fierros» y por Fabián [por Gorosito]; «José, en su ingenuidad, creyó que se refería a la chatarra que él juntaba y les dijo que la tenía en su casa», agregó el fiscal.

En el domicilio de los Mancini continuó la «empresa criminal»: ingresaron violentamente, sin orden judicial ni razón para hacerlo; allí levantaron también a los golpes a Daniel Mancini que dormía en un colchón tirado en el suelo. A su paso, arrasaron con todo. Graciela, madre de José y Daniel, declarará después que «habían destrozado casi todos los muebles, abrieron toda la mercadería. Todo como si tuvieran mucha bronca».

A los tres jóvenes, los trasladan a la comisaría 6ª de Merlo: a Maximiliano Silva en un Fiat Uno rojo, a los hermanos Mancini en un Volskwagen Gol blanco. Los pasean al menos 20 minutos; en ese trayecto, incluso a José y Daniel los bajan y le gatillan varias veces en la cabeza. Cuando llegan a la comisaría, los hacen pasar por un puente de policías que los reciben con patadas y golpes.

En ese momento llega Aixa Sosa, la mujer de Giménez, para reconocer a los tres jóvenes. Un reconocimiento, como todo lo que ocurrió esa noche, ilegal. Aixa se ensaña particularmente con Silva y lo golpea. Durante las próximas horas, se repetirán las escenas de torturas en la comisaría: a José Mancini lo cuelgan de una llave de paso y le pegan como si fuese «una bolsa de boxeo», a Daniel le pegan en el piso mientras le aplastan las piernas y brazos.

El ensañamiento con Maximiliano continúa: con una bolsa negra en su cabeza, Dipierro lo tira contra un inodoro y le pega en los testículos mientras le grita «no vas a tener más hijos»; después le gatilló en la cabeza. En un momento, durante ese simulacro de fusilamiento, se le corre la bolsa y ve las risas de su torturador. Eso que después dibujará durante las pericias psicológicas.

Las torturas se realizaron bajo el turno de Oviedo y siguieron hasta el cambio de guardia. Mientras todo esto ocurría, a Graciela Mancini, que se había acercado a la comisaría, el policía Nievas le le dice: «No se preocupe, sus hijos van a recuperar la libertad pronto. El otro chico es un cadáver caminante». Yanina González estaba retenida sin causa: «Querían hacerla declarar para que impute a los jóvenes», explican los fiscales. Pero no lograron quebrarla. En realidad -según la fiscalía- todo eso fue tiempo que iban ganando para comenzar a encubrir sus delitos.

Esa noche se fraguó un acta por contravención para darle un viso de legalidad a ese accionar policial. Zaldivia, que sale como testigo de la supuesta contravención por disturbios en la vía pública, se presentó en el juicio pero no pudo explicar qué hacía en el lugar donde ocurrieron los hechos ni qué hecho había presenciado. «No hubo un solo testigo que hablara de la existencia de un motivo para estas aprehensiones. No era un procedimiento, era una cacería», afirmaron los fiscales.

Después de fraguar el acta, los tres jóvenes son llevados a una clínica ubicada a la vuelta de la comisaría para la revisión médica. Otra farsa más que para el Ministerio Público Fiscal también quedó demostrada: el doctor que los atendió no tenía matrícula, no mencionó las lesiones que eran visibles y ni siquiera les pidió sacarse la ropa para revisarlos. Todo esto fue admitido, durante el juicio, por el mismo doctor cuando prestó su testimonio. Otra irregularidad más: la revisión médica fue bajo la presencia de los mismos policías que los torturaron y que camino a la clínica les advertían: «Tengan cuidado con lo que dicen porque todavía tienen que volver a la comisaría».

Maximiliano, José y Daniel estuvieron siete días privados de su libertad, los primeros en la 6ª y luego trasladados a la comisaría 1ª de Merlo. Durante esos siete días no tuvieron contacto con ningún funcionario judicial, intimidados en todo momento por la policía para cercenar la voluntad de denunciar. «Hubo un claro intento de ocultar la tortura, estuvieron esos días detenidos para que las heridas desaparezcan», agregó la fiscalía. Y se adelantó a una posible respuesta de la defensa: «Los abogados han preguntado en este juicio por qué no hicieron la denuncia. Y hay que ponerse en ese momento: no sólo estuvieron privados ilegalmente de libertad sino que cuando salen ya había aparecido el cuerpo de Fabián».

Fue tortura

«Ocho años después, tuvimos acá a las víctimas que contaron todo lo que pasó». Para la fiscalía, por la gravedad institucional del hecho, el testimonio debe tener una valoración especial. «Un testimonio sólido, vívido, armónico, con coherencia discursiva y concordancia de los hechos. Hay también, por lo que sabemos a partir de las pericias psicológicas, una concomitancia emocional entre lo que padecieron y lo que contaron», describen los fiscales. «La credibilidad de estos testimonios no pueden estar en duda».

El relato de la aprehensión ilegal y las torturas que reconstruyó el Ministerio Público Fiscal comprueba que hubo un castigo intenso y sistemático: «En todo momento, los imputados tuvieron pleno dominio del hecho; hubo un acuerdo de voluntades con la única finalidad de torturarlos, reducirlos a una cosa», señaló la fiscalía. Y agregaron: «La gravedad institucional fue absoluta».

Las torturas quedaron acreditadas no sólo por el testimonio de las víctimas sino también por otras pruebas testimoniales y pericias que sirven de apoyatura para demostrar la materialidad del ilícito. En sus alegatos, la fiscalía señaló que la tortura tiene como objetivo «cosificar y destruir la condición humana de las personas», y una magnitud que está dada por la intensidad de los tormentos y la participación de funcionarios públicos. Para el Ministerio Público Fiscal todo esto estuvo demostrado.

«Los tres jóvenes sufrieron tormentos físicos y mentales. Las pericias psicológicas dieron cuentan de las graves afecciones mentales que no hay duda remiten a la violencia física que sufrieron ese día», sostuvieron los fiscales. Y argumentaron esta exposición con los criterios que emana el protocolo de Estambul: «La ausencia de evidencia física no desestima la existencia de la tortura. Esto es porque los torturadores utilizan técnicas para no dejar rastros físicos y porque también tienen la capacidad para encubrir sus hechos. Esto es lo que sucedió aquí y lo que explica la absurda detención durante siete días de Silva y los hermanos Mancini».

En base a toda esta prueba, los fiscales Ferreras y Papavero pidieron condenas por sustracción y retención de personas, allanamiento de morada, aplicación de tormentos y falsificación de instrumento público todos en concurso real entre sí, con el agravante de que estos delitos se cometieron al amparo de la noche para evitar ser descubiertos y parte de ellos ocurrieron en una dependencia policial. Según la participación de cada uno de los imputados, solicitaron penas de 16 años de prisión para Giménez, 15 para Nievas y Dipierro, 10 para Cuelli, 9 para Oviedo; a todos ellos también la inhabilitación absoluta y permanente para ejercer cargos públicas. Por su parte, para Aixa Sosa, única civil imputada, reclamaron 8 años de prisión. Los policías Fernández, Villalba, Ortíz, Sánchez y Ose no fueron alcanzados por la acusación.

Todos los caminos conducen a Fabián

Las torturas a Maximiliano Silva y Daniel y José Mancini ocurrieron tres días antes de la muerte de Fabián Gorosito; se presumen que la detención de los tres jóvenes se dio cuando, en realidad, buscaban a Fabián. En la misma descripción del relato del primer hecho, la vinculación está clara. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal desistió de la acusación por este delito.

«Estamos convencidos que Fabián murió por el accionar de este grupo de policías que quiso tomar venganza por mano propia. Pero, al margen de las convicciones, tenemos un deber de objetividad y ajustarnos a la carga de la prueba. Esto nos limita sobre qué pudimos demostrar», señalaron durante los alegatos.

Hay hechos que ya se pudieron demostrar: Fabián no cayó por su estado de ebriedad en un descampado de Mariano Acosta para terminar muriendo ahogado en un charco. «Sólo tenía 0,5 ml de alcohol en sangre y no había rastros de droga, se hicieron dos muestras y en ninguna se halló plancton, por lo tanto no murió ahogado. La segunda autopsia que se hizo a su cuerpo, siguiendo también el protocolo de Estambul, demostró que tenía signos compatibles de golpes propios de las técnicas de tortura y un estado de hipoxia propio de una asfixia, por ejemplo, por tener una bolsa en la cabeza. Fabián fue colocado en ese lugar en situación de reflejos disminuidos», enumeró la fiscalía.

En estos ocho años sucedieron muchas cosas que para los fiscales impidieron llegar a una condena más justa. «La temporalidad tiene incidencia en cómo se llega a la valoración en esta instancia de prueba. Hay pruebas que se han perdido de manera total o parcial. Hay testigos de los que esperábamos mucho más y que, en estos largos ocho años, han sufrido muchos actos intimidatorios para que no actúen libremente», precisaron.

Desde el comienzo del segundo juicio, familiares, víctimas, testigos y abogados sufrieron todo tipo de hostigamientos y amedrentamiento. «Maximiliano Silva declaró en la primer jornada y un día después uno de los imputados se pasea exhibiendo fotos de su vida social, con un claro sentido intimidatorio», recordaron los fiscales. La escalada de violencia alcanzó su punto más alto la madrugada del 13 de octubre cuando cuatro hombres armados y encapuchados ingresaron violentamente en el domicilio de Daniel Mancini, lo golpearon y amenazaron.

Para el Ministerio Público Fiscal está claro que estos episodios durante estos ocho años sino no se entiende cómo hubo testigos que cambiaron su declaración y otros que dijeron no recordar nada. Uno de ellos es Juan Ezequiel Martínez, amigo de Fabián y el último que lo vio con vida; en el primer juicio declaró que, cuando los policías avanzaron contra ellos, salieron corriendo los dos en sentido contrario. En este segundo juicio ni siquiera pudo reconstruir el hecho.

Otra testigo clave que se cayó fue la mujer que atendía la remisería ubicada frente a la comisaría 6ª de Merlo: «No existe modo de entender cómo en el primer juicio declaró con precisión cómo entraron a Fabián esa noche. Y en esta oportunidad sólo se limitó a hablar bien de Giménez», dijo la fiscalía. Ya en el momento de la citación a declarar, la testigo había mencionado el temor. Todos los policías imputados están en funciones.

Tras la finalización del alegato de la fiscalía, fue el turno de Silvio Alfonso (h), representante legal de María Viera y Carlos Gorosito, y de los tres jóvenes. «Actuaron como una banda parapolicial», sintetizó Alfonso, que adhirió a los pedidos de condena del Ministerio Público Fiscal y extendió su acusación por considerar que existen pruebas también para probar la participación de los imputados en la muerte de Fabián.

En base a los libros de acta de la comisaría 6ª, los policías Giménez, Sosa, Ortiz, Fortunato, Sánchez, Ose y Nievas integraban el tercio que estaba en funciones la noche de la muerte de Fabián Gorosito. «La muerte de Fabián no termina con el cuerpo —recuerda—. Al día siguiente, el jefe de calle Villalba hace declarar a Martínez, que estaba esa noche con Fabián, con el arma reglamentaria sobre el escritorio».

Antes de terminar su alegato, recordó que todos estos imputados siguen en actividad, que han cometido acciones de hostigamientos durante todos estos años y que nadie garantizó la seguridad de los que participaron en el juicio. «En este tribunal declararon coaccionados. Habíamos pasado por esto durante el primer juicio y ahora, cuatro años después, pasa lo mismo».

En base a esa información, pidió la pena de prisión perpetua para Giménez, Oviedo, Fortunato y Nievas. Y 15 años para Ortiz, Fernández y Ose.

Antes de terminar la primer audiencia de alegatos, la fiscalía pidió al TOC 5 que adelante el veredicto y ordene la detención de los policías acusados. «Arribar a una certeza sobre la materialidad y participación en estos delitos debe ir acompañado por una medida para que la condena no se abstracta ante el claro peligro de fuga», señalaron los fiscales. Y agregaron: «Ocho años después seguimos acá, buscando justicia. Reclamamos un fallo que marque un punto de inflexión».