Durante más de un año transcurrieron las audiencias del juicio por La Cacha, el centro clandestino de detención que funcionó en la periferia de la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar. La sentencia se conoció a fines de octubre, y hubo 15 condenas a perpetua para los acusados. Verónica Bogliano, abogada, hija de desaparecidos, integrante del equipo de la CPM y querellante en la causa, analizó como positiva la sentencia “en rasgos generales”. Bogliano especificó que “hubo una condena, se demostró que La Cacha funcionó como centro clandestino de detención y las personas que fueron juzgadas, salvo un caso, fueron todas halladas culpables con muchas condenas perpetuas”.

Poco antes de que se conociera la sentencia, Verónica Bogliano fue entrevistada por ANDAR, y analizó las diferentes instancias del juicio.

ANDAR en los juicios

(Agencia) Verónica Bogliano reconoce que la elección de su profesión, la abogacía, tuvo que ver desde siempre con la necesidad de empujar y provocar el largo proceso de obtención de justicia por el secuestro, asesinato y desaparición de sus padres durante la última dictadura. Ahora, a fines de 2014, cuando transcurrieron 10 meses desde el inicio del juicio y más de 37 años desde aquellas dolorosas pérdidas, se prepara para escuchar la sentencia: “Ojalá el viernes sea un día en el que podamos decir que se hizo justicia”.

En efecto, el próximo viernes 24, desde las 19 en la sede del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata de calle 4 entre 51 y 53, se dará lectura a la sentencia por el juicio de lesa humanidad conocido como La Cacha, nombre con el que fue designado el Centro Clandestino de Detención –CCD- que funcionó en la explanta transmisora de Radio Provincia, a metros de la Unidad Penal 1 de Olmos. Dos días antes, el miércoles, los 21 imputados tendrán la posibilidad de expresar las últimas palabras en juicio.

“Las condenas a los represores, en caso de ser las que prevemos, si bien no terminarán de cerrar un ciclo, sí serán un resarcimiento, una forma de reparación y una forma de decir ‘no todo está perdido’”, destaca la militante de HIJOS e integrante del área de Litigios de la CPM.

-¿Cómo evalúan, desde la querella de HIJOS, la producción de nuevas pruebas durante estos 10 meses de juicio?

-En términos generales, creemos que ha alcanzado y ha sido suficiente como para terminar de demostrar la responsabilidad que les cabe a los imputados en esta causa. Sin embargo, también sabemos que se podrían haber producido muchas otras pruebas que hubieran allanado el camino de nuevas investigaciones. El rol de la Iglesia, por ejemplo, creo que podría haber sido trabajado con mayor profundidad. De todos modos hay que tener en cuenta que uno se pone a investigar un delito y son tantas las cosas que van surgiendo, tantos los testigos y las víctimas, que sería imposible citar a todos y recolectar los documentos pertinentes. Estos juicios se tratan de delitos cometidos en el marco de un proceso general, de un genocidio planificado, que tiene múltiples ramificaciones y actores vinculados.

-Hace algunas semanas, en la instancia de alegato, solicitaron el cambio de calificación legal contra los imputados y solicitaron que fueran condenados por el delito de desaparición forzada de personas en el marco de un genocidio ¿Qué implica ese pedido?

-La figura de desaparición forzada nos parece mucho más ajustada a lo que verdaderamente ocurrió y aún ocurre. En este sentido, los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio, no son lo mismo que la desaparición forzada de personas porque esto implica también una falta de respuesta a toda la sociedad y no sólo a los familiares. Y ese silencio que siguen manteniendo los genocidas forma parte de ese delito: incluso algunos llegan a decir que fueron ‘utilizados’ para la comisión de los delitos aberrantes, pero no abren la boca. Sólo después de que son condenados empiezan a decir algunas cosas, pero sólo con el objeto de generar ruido en las víctimas. Ellos están convencidos de lo que hicieron y es lamentable que hayan sido tan adoctrinados.

Verónica Bogliano deja en claro su rechazo a las estrategias planteadas por los abogados defensores, tanto el oficial como los particulares, que muchas veces han estado orientadas sólo a la mera obstrucción del avance del juicio y otras, a la reproducción de los argumentos de los genocidas con respecto a los tipos de responsabilidad que correspondería a cada uno: “Hasta el defensor oficial (Adrogué) llegó a decir que algunos de los imputados ‘no sabían lo que hacían’. Otro de los abogados dijo en una audiencia que el juicio por La Cacha era un juicio determinado por una coyuntura política particular, y no por los delitos terribles que allí se cometieron”.

-El alegato que ustedes presentaron desde HIJOS señala la necesidad de avanzar con nuevas investigaciones penales, a partir de documentos y testimonios surgidos durante el juicio…

-Sabemos que muchos de los militares que actuaron durante la dictadura siguen detentando poder en la actualidad. Más aún aquellos que fueron funcionales al proceso con el objeto de lograr la implementación del sistema económico que estamos viviendo actualmente y que se profundizó durante los 90. En otros juicios, se han hecho denuncias contra los actores civiles que acompañaron el genocidio: la iglesia, empresarios y medios de comunicación. Sobre estos últimos, en muchos casos son los que mueven el amperímetro.

-Y el diario El Día, de La Plata, es uno de esos actores que ustedes solicitaron que sean investigados

-Sobre el rol del diario El Día, si bien es algo de lo que siempre se ha hablado y escuchado en la ciudad, nunca se ha hecho nada. No hay ninguna denuncia ni investigación acerca de las complicidades del diario con la dictadura. Además de los editoriales laudatorios y de las notas que presentaban los asesinatos como presuntos enfrentamientos, en el juicio surgió la declaración de uno de los imputados sobre los trabajos que hacia El Día por encargo del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. Así lo dijo el imputado Palavezzati, que era jefe de un área de investigaciones del destacamento. Explicó cómo el diario realizaba tareas en la calle, encuestas en la vía pública sobre el estado de ánimo.

-En función de la experiencia en juicios de lesa humanidad ¿Qué estrategias se pueden delinear e impulsar para acelerar y provocar las investigaciones penales sobre la participación civil o las responsabilidades militares que aún no han sido examinadas?

-La única estrategia es hacer una denuncia e impulsar la causa. Si uno deja sólo intervenir a la justicia, se llega a juicios con bastante pocos imputados, o con pruebas insuficientes. En la causa La Cacha por ejemplo faltaron incorporar imputados del servicio penitenciario, faltaron todos los agentes de la marina que intervinieron en ese centro clandestino y los de la policía federal, fuerzas sobre las que se han dado muchos testimonios en este juicio pero que no han sido juzgados. Con las empresas pasa exactamente lo mismo: hay que hacer las denuncias correspondientes pero luego hay que impulsar esas causas, seguirlas, investigar, producir prueba. Creo que con dejar las causas solo en manos de la justicia, no alcanza.

-¿Y respecto a las empresas y fábricas sobre la que operaron los servicios de inteligencia?

-Habría que investigar qué pasó con ellas luego de la dictadura, si contrajeron o no deuda externa, cómo se produjo el crecimiento de sus patrimonios. Hay un montón de aristas que han quedado sin investigar y esto se debe claramente al poder que detentan. Lo mismo ocurre con el poder judicial, la actuación de los jueces y fiscales, los abogados que les cobraban los habeas corpus a los familiares de desaparecidos con lo que significa una situación de ese tipo. Todos estos actores también apoyaron a la dictadura. Creo que van a pasar muchos años para poder cerrar este proceso de búsqueda de justicia. Ahora los que están siendo juzgados son los responsables más directos, aunque no los más poderosos que siempre cuentan con más herramientas jurídicas, económicas y mediáticas como para poder evitar, no sólo ser juzgados por la justicia, sino también por toda la sociedad.

-¿Cómo evalúan el rol de los magistrados?

-Sobre el juez Pablo Vega, estoy de acuerdo con sus decisiones en las que a veces beneficia exclusivamente al imputado, porque se corresponde con el derecho de las defensas, pero hay ocasiones en que sus decisiones son ilógicas, irracionales y no es por protección de derechos. Digo esto porque no se tiene en cuenta correctamente a la otra parte del juicio, que no es el fiscal, sino las víctimas y sus familiares. Yo creo que esto tiene que ver con que hay jueces muy familiarizados con los juicios convencionales y no con estos procesos que investigan delitos por los que se han ocultado información durante años. No se tiene en cuenta que todo esto es a cuentagotas.

-Además de las condenas, ¿Qué esperan desde HIJOS sobre la última audiencia del juicio?

-Queremos que el Estado nos diga que los desaparecidos fueron asesinados, pero eso no implica que no queremos que se siga investigando para encontrar todos y cada uno de los restos para que los familiares los puedan enterrar. Queremos que el Estado se haga cargo de los secuestros, de los asesinatos, del ocultamiento de los cadáveres. El delito de desaparición forzada se sigue cometiendo hasta que no den la información de cada uno de los desaparecidos. Además hay muchos otros delitos que siguen sin ser investigados, como los robos sistemáticos en todas las casas donde se realizaron allanamientos y secuestros. El robo de bebés, el enriquecimiento de las empresas, son todos delitos de lesa humanidad y de los más aberrantes.