Un reclamo de larga data sin respuesta de las autoridades escaló hasta desatar un conflicto en uno de los módulos del Centro de Recepción. Además de las condiciones de detención, los jóvenes denunciaban la imposición de medidas arbitrarias como la imposibilidad de sacarse fotos con sus familias los días de visita, no poder usar gorras o la negación de visitas íntimas. A partir de la intervención de la Comisión por la Memoria en su función de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y de funcionarios judiciales, los jóvenes firmaron un acta de acuerdo con una serie de pedidos para que se cumplan sus derechos.

ANDAR en Lomas de Zamora

(Agencia Andar) El encierro sin derechos es una olla a presión.  En la última semana el conflicto se desató en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora cuando un grupo de jóvenes detenidos tomó el pabellón donde estaban alojados, como medida de protesta frente a una lista de reclamos sin respuesta y una serie de medidas arbitrarias. La resolución, de la que participaron funcionarios judiciales y la Comisión Provincial por la Memoria en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, fue a través del diálogo con los chicos. Desde la CPM se presentó un habeas corpus colectivo para garantizar ese acuerdo y la integridad física de los jóvenes que tuvo respuesta favorable de  la justicia que ordenó que se atiendan los reclamos.

La lista de reclamos dan cuenta de la desidia institucional que podría haber evitado el conflicto: poder usar el teléfono celular tres veces a la semana, tener acceso a visitas íntimas, que la cena sea fuera de las celdas en otra celda más grande que se usa de comedor en lugar de hacerlo aislados en cada celda, poder usar gorras durante las visitas y que les permitan sacarse fotos con sus familias, la entrega de ropa de abrigo y que les den elementos de limpieza una vez por semana. Esos puntos fueron los que se acordaron en un acta para desactivar el conflicto.

La jueza María Celeste Cebalo, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven Nº 3, estuvo presente en el momento de los hechos y luego resolvió el habeas corpus requiriendo a la Dirección de Institutos Penales del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires que adopte las medidas pertinentes para que, con los medios y recursos necesarios, se cumplan las solicitudes de los jóvenes y se garanticen los derechos acorde a la ley. “Debe descartarse el argumento de la falta de medios materiales o recursos humanos necesarios para llevar a cabo la custodia, lo que no puede erigirse en una respuesta válida del Estado como pretexto para que pueda sustraerse de su responsabilidad y de su interés jurídico en la protección de los Derechos Humanos”.

Por la situación de este centro, la CPM viene presentando acciones judiciales en el marco de un habeas corpus abierto desde el año 2012, a partir de los que se dictaron -entre otras medidas- varias órdenes de clausura porque las condiciones de detención atentaban contra la integridad de los jóvenes. Ese trámite quedó cerrado a fines del año pasado y, si bien algunas cuestiones se fueron modificando, otras persisten y varias tienen que ver con este último reclamo.

La persistencia de estas violaciones a los derechos humanos evidencia la falta de políticas del Organismo, que desoye denuncias e incumple sentencias judiciales y la falta de adecuación de los lugares de encierro a los preceptos de la ley de responsabilidad penal juvenil y a la normativa constitucional de protección de les pibes.

En este caso la rápida intervención de la CPM junto a las juezas María Celeste Cebalo y Marta Pascual, que también se constituyeron en el lugar junto a otros operadores judiciales, dialogaron y escucharon a los jóvenes, evitaron un desenlace represivo y violento. «Si las autoridades hubieran establecido previamente instancias de diálogo sin agresiones ni insultos de los operadores del centro y atendido reclamos que no representan grandes erogaciones económicas y estructurales, el conflicto se podría haber evitado», aseguraron desde la CPM.