MEGAJUICIO POZOS DE BANFIELD Y QUILMES Y BRIGADA DE LANÚS «No nos motoriza el odio»
La jornada 79 del histórico juicio se llevó a cabo el pasado 6 de septiembre de forma presencial con tres declaraciones testimoniales: Claudia Bellingeri, por el secuestro y desaparición forzada de su papá Héctor y de Liliana Élida Galletti, y los hermanos Alejandro Rómulo y Carlos Alberto Iaccarino, por su secuestro, tortura y desapoderamiento de bienes.
ANDAR en la justicia
(Por diario del juicio) Claudia Bellingeri comienza su testimonio e indica que es hija de Héctor Bellingeri, víctima de desaparición forzada, y manifiesta “vengo a declarar por todas las víctimas que no están en este juicio”. Relata que su padre se encontraba en una quinta en Marcos Paz con militantes del PROA (Partido Revolucionario de Obreros Argentinos,) cuando, entre el 11 y 12 de junio de 1977, sucedió un operativo militar y todas las personas presentes fueron secuestradas en medio de corridas por toda la ciudad.
Sobre Liliana Galletti, cuenta que fue profesora de historia, estudió y militó junto a Virginia Allende y Alicia Contrisciani en La Plata, también secuestradas en el operativo en Marcos Paz. El 12 de junio de 1977, Liliana fue detenida allí de forma violenta, luego ingresada herida al hospital municipal y, esa misma noche, llevada a la casa de sus padres en La Plata.
El 13 de junio, Luis Logiurato y María Álvarez esperaban que Haroldo y Liliana volvieran de la quinta de Marcos Paz cuando fueron rodeados por cinco Ford Falcon en Capital Federal. María escapó pero Liliana fue trasladada al COTI Martínez (Comando de Operaciones Tácticas de Investigaciones I). Dos días después la condujeron a Medrano al 1650, donde secuestraron a Virginia Allende y Alicia Contrisciani. El 19 de julio lo hacen con Blanca Altmann (embarazada) en una confitería porteña. El 8 de septiembre, Liliana Zambrano fue capturada y llevada al Pozo de Banfield, donde escuchó las voces de Liliana Galletti y Virginia Allende.
Para finalizar, la testigo cita algunas fuentes de información. Entre ellas, el libro La voluntad, en el que en un testimonio se afirma que varios de los miembros del grupo PROA fueron incinerados en Arana.. También señala documentos que mencionan a “los archivos de la represión”, publicados en 1999. Uno de ellos, el GT3, producido por el Batallón 601 indica que los 17 miembros del grupo PROA “fueron todos apresados”. Lee un fragmento del libro “La otra cara del Nunca Más”, de Miguel Etchecolatz, donde en la página 181 se menciona una investigación para desbaratar organizaciones terroristas como el PROA y la CADHU (Comisión Argentina de Derechos Humanos). Claudia asevera: “Mi idea es traer a las víctimas que no están, ese 46% que necesita justicia en la Argentina; que podamos dar cuenta de ese ‘¿Dónde están?’ de manera definitiva, porque están las generaciones que vienen… somos parte de una sociedad que necesita justicia”.
“Vengo a contarles por qué destruyeron a mi familia”
Alejandro Rómulo Iaccarino inicia su testimonio afirmando “no nos motoriza ni el odio, ni el resentimiento, ni la sed de venganza”. La familia Iaccarino fue secuestrada por sus actividades empresariales debido al plan económico ideado por Alejandro, el Plan Económico Expansivo General (PEEG), para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad económica. Alejandro anuncia: “Vengo a contarles por qué destruyeron a mi familia, por qué mataron a mi hermano, por qué mi madre pierde la razón”.
Cuenta que el 4 de noviembre de 1976, al llegar a su casa en su auto junto a su madre, Dora Venturino, los esperaban cinco hombres de civil, armados. A él lo bajaron a los golpes mientras que a ella, mayor de edad, la ataron y golpearon. Los llevaron a la Comisaría N°21, donde la encerraron en un habitáculo durante 17 días. A él y a sus hermanos, que también habían sido secuestrados el 4 de noviembre, los trasladaron por diferentes centros hasta llegar al “El Infierno” de Avellaneda el 5 de julio de 1977. Allí vivieron con otras 42 personas en un ambiente sin baño, obligados a dormir en el piso y torturados de forma constante con descargas eléctricas sobre el cuerpo desnudo.
Los obligaron a transferir todos sus bienes a Bruno Chezzi y Vicente García Fernández, mediante una gestión de la escribana Lía Cuartás de Camaño quien escribió un poder a nombre del padre de los hermanos Iaccarino, bajo la amenaza: “O nos entregan los bienes o van al Río de La Plata”. Para ese entonces, los habían movilizado por nueve centros de detención.
Cuando recuperaron la libertad, su vida social cambió de forma radical: “Cuando aparecimos, nadie quería estar cerca nuestro, se cruzaban de vereda. La gente que estaba bien económicamente no quería saber nada con nosotros, había quienes avalaban lo ocurrido”.
Para concluir, Alejandro menciona que sufrió once atentados contra su vida desde la restitución del gobierno democrático, siete ocurridos en el último año y medio. Nombra golpizas, descompostura de frenos del auto, tiroteos, aperturas de gas en su domicilio, violaciones en la seguridad informática, entre otras. “Podemos estar todo el día, falta muchísimo por decir”, cierra.
“Los militares querían plata”
Carlos Alberto Iaccarino es el último testigo de la fecha. No es la primera vez que testifican con su hermano, por lo que ya tienen preparada una división en sus decires: mientras que Alejandro cuenta sus vivencias en “El Infierno”, Carlos relata la cronología de los hechos.
El 4 de noviembre de 1976, Carlos, su hermano Rodolfo y su padre Rodolfo Genaro estaban en su domicilio en Santiago del Estero cuando dos policías tocaron la puerta. Los llevaron a la Regional N°1, donde el comisario inspector José Medina les informó, sin mayores explicaciones, que por orden del Primer Cuerpo del Ejército debían ser detenidos.
Estuvieron allí hasta el 16 de noviembre, cuando su padre fue liberado por desconocer las tareas empresariales de sus hijos. Un grupo de policías trasladó a los hermanos a la X Brigada de Infantería, donde fueron procesados. Debieron estar parados en un cuarto oscuro, sin poder hablar, a esperas de un nuevo movimiento, esta vez en un avión de Aerolíneas Argentinas.
Viajaron hasta el Aeroparque Jorge Newbery y fueron conducidos hasta los calabozos del edificio de la Policía Federal en la calle Moreno. Cada dos días eran trasladados al Primer Cuerpo del Ejército por el comisario Damato y los oficiales Da Nunzio y Patané para ser interrogados: querían saber cómo habían hecho tanto dinero. “Los interrogatorios fueron duros. No entendían de lo empresarial, solo de terrorismo, y nos pegaban porque no comprendían lo que les explicábamos”, recuerda Carlos. “Entonces el coronel Flores Jouvet me dio un cuaderno, para que anotara todo el trabajo hecho”.
Entre el 2 y el 3 de diciembre fueron llevados a la Comisaría N°22. “En cada traslado ya eran tradicionales los maltratos, cachetazos, piñas y patadas para hacer valer su poder”, recuerda. Los días siguientes fueron movilizados hasta debajo del Puente Pacífico, y entre golpes Rodolfo recibió un culatazo que le ocasionó una angina de pecho. Desde allí, pasaron a la Comisaría N°37, donde los recibieron con el dicho “así que ustedes son guerrilleros”. El 12 de diciembre retornaron a la N°22 y, luego, viajaron a la terminal de trenes de Retiro para ir a declarar a Santiago del Estero en la causa judicial que les armaron el mismo día de su secuestro, por ser un “monopolio de carnes”.
En Retiro se encontraron con Alejandro, que también había sido trasladado para declarar y quien les narró lo ocurrido en su secuestro y el de su madre a inicios de noviembre. Ya en la Alcaldía de Tribunales, estuvieron tres días en el subsuelo a esperas de dar testimonio. Una vez finalizado, regresaron a la Comisaría N°22.
A mediados de enero de 1977, Alejandro fue trasladado a la Comisaría N°23, mientras que Carlos y Rodolfo, medicado por la angina de pecho, fueron llevados a sus domicilios con la condición de que vendieran su avión, porque “los militares querían plata”. Al no lograrlo, regresaron a la Comisaría N°23.
El 27 de mayo los trasladaron hasta la Brigada de Investigaciones de Lanús en Avellaneda, donde se asentó su estadía. Sin embargo, si bien administrativamente estaban allí, continuaron camino hasta el COTI Martínez para hacer un “ablande total”. En el Centro, estuvieron en un calabozo junto a otras diez personas, sin acceso a baños, comida ni agua. Carlos cuenta que un día, el del secuestro de Rafael Perrotta, los militares hicieron un asado para celebrar el cobro de los 70 mil dólares por la tarea.
En el COTI tuvieron la labor de cargar los cuerpos de los muertos a camiones y camionetas. “Cada 10 días nos sacaban para bañarnos. Una vez pasamos por la cocina y había dos ollas con tuco, y nos dijeron que no tomáramos nada porque nos íbamos para arriba”, sostiene Carlos. “Era la comida que les daban a las víctimas que después tiraban de los Vuelos de la Muerte. Los dormían con el guiso y, a veces, los ayudábamos a subir a los camiones”.
Luego de 36 días, el 5 de julio de 1977, llevaron a los hermanos a la Brigada de Investigaciones de Lanús en Avellaneda. En “El Infierno” estuvieron en una celda con 42 personas, tanto víctimas de la dictadura como presos comunes. Carlos recuerda que los grupos de tarea liberaban a los piratas del asfalto que estaban detenidos para que robasen y luego dividir lo recolectado. “A ustedes los trajeron porque está Castillo acá, es el que maneja toda la plata”, les dijeron los presos.
Entre el 12 y 13 de julio, Bruno Chezzi y Vicente García Fernández los llevaron a la oficina de Jorge Rómulo Ferranti y les dijeron que “para salir en libertad, hay que poner algo”. Para ese entonces, Carlos tenía lipotimia, condición de salud que aún hoy sufre. “Sabíamos que si seguíamos ahí, nos iban a matar”, sostiene, por lo que accedieron a darles sus bienes.
Sin embargo, los hermanos querían saber qué iba a ocurrir con la causa judicial creada. “Quédense tranquilos, que va a tener falta de mérito”, les dijeron, y el 11 de noviembre fue dada de baja por ese motivo. Esa tarde, Chezzi y García Fernández firmaron frente a la escribana Lía Cuartás de Camaño un poder a nombre de su padre para vender sus propiedades. Carlos preguntó si podían asentar desde dónde se realizaba la firma, y así colocaron que se hizo en la delegación de la Brigada de Lanús con sede en Avellaneda. “Estaban tan seguros del poder que tenían que no tuvieron problema en hacerlo”. Los hermanos fueron liberados el 11 de enero de 1978.
La próxima jornada del debate oral y público será el 13 de septiembre de forma virtual.
*Con la cobertura de Agustina López y Facundo Galván
Cómo citar este texto: Diario del juicio. 6 de septiembre de 2022.“NO NOS MOTORIZA EL ODIO”. Recuperado de https://https://diariodeljuicioar.wordpress.com/?p=1342