ANDAR en la Provincia

(Agencia) Bajo las consignas ¡Basta de criminalizar a la niñez!, ¡Justicia por Nélida Soledad Bowers! y ¡Basta de mano dura, queremos políticas para la vida! diversas organizaciones sociales, de derechos humanos junto a programas y proyectos de extensión específicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP , convocaron a una conferencia de prensa y a una marcha para denunciar la desatención del estado a las políticas públicas de niñez y juventud junto con un recrudecimiento de los discursos y acciones que fortalecen las políticas punitivas.

En el aula magna de la Facultad de Derecho hicieron sus declaraciones sobre la problemática Daniel Rapanelli (Secretario general de SUTEBA Ensenada), Marcelo Ponce Nuñez (CTA), Laura D’Emilio (Frente Popular Darío Santillan), Clara Condenanza (FULP) y representantes de Atrapamuros y del Programa «Niñez: DDHH y Políticas Públicas» de la FCJyS.

Rapanelli inició la conferencia refiriéndose al caso de Soledad definiéndolo como un nuevo caso de gatillo fácil y en ese marco denunció que la noche de su asesinato ningún funcionario se acercó a solidarizarse con la familia. “Esto es grave, pero la otra cuestión grave es que la Dirección de Escuelas se hizo presente en el colegio de Soledad para contener a los chicos, lo cual está muy bien, pero todo el tiempo presentaron su muerte como una tragedia, un accidente”, reveló el representante gremial de la zona. Consideró que estas prácticas “garantizan la impunidad cuando casos como estos exigen la movilización para que se haga justicia” y aseguró que la meta debe ser “Justicia para Soledad, ninguna impunidad, nada de gatillo fácil, ninguna persecución contra nuestra juventud”.

[pullquote]la demagogia punitiva no va a resolver los problemas profundos que tiene el estado, sostienen desde Atrapamuros[/pullquote]

Desde Atrapamuros, el colectivo de Educación Popular en Cárceles, se refirieron a la necesidad de fortalecer las “políticas para la vida” frente a “una demagogia punitiva que no va a resolver los problemas profundos que tiene el estado”. Reiteraron una profunda oposición respecto de las propuestas de baja en la edad de imputabilidad “otra vez tenemos que dar esta batalla en torno a porqué creemos que esta no es la política adecuada”.

El abogado Marcelo Ponce Nuñez, retomó la experiencia de un joven que pasó por el hogar convivencial de la Obra del padre Cajade y salió de su situación de calle y adicciones para ejemplificar que “si las políticas públicas se destinaran con fuerza a donde se debe la factibilidad de salida de cualquiera de los pibes de la calle es totalmente posible”. Destacó que las leyes que se deben aplicar para paliar estas situaciones existen y establecen, por ejemplo, que se capacite a la policía para trabajar con los jóvenes (Ley Penal juvenil), que se implemente un observatorio para políticas sociales que aun no existe (Ley 13.298), que se instalen los servicios locales y zonales que aun no se han desarrollado en muchos municipios, el poco personal que debe trabajar con las políticas de niñez está contratado en pésimas condiciones, no se abrieron concursos para su contratación, y otros cuantos puntos que se están incumpliendo incluso con 7 años de vigencia de la Ley.

[pullquote]A 7 años de vigencia de la Ley de Niñez hay una larga lista de disposiciones que no se cumplen[/pullquote]

A partir de esto concluyó que “hay una institucionalidad que no da respuesta”, por eso consideró que en casos como el de Soledad sin olvidar la responsabilidad del policía acusado no hay que perder de vista que a ese policía que ejecutó el acto “lo preceden instituciones y es ahí donde tenemos que poner el ojo, para evitar que estos actos se repitan teneos que ver la institucionalidad, cómo sale ese sujeto a la calle con una pistola puesta al costado de su cuerpo, qué tipo de preparación recibió”.

Ponce Nuñez también se refirió al reclutamiento de jóvenes y adultos por parte de la policía para delinquir, hay una causa penal a respecto, que denuncian hace años desde el Foro de Niñez. Y luego repasó la situación que describió como “una niñez abandonada y sin recursos, policía mal educada en su instrucción preparatoria que termina haciendo negocios con la delincuencia en la provincia, y esto no es que no se haya previsto la ley de infancia o de niñez no se cumple. Pero no es la única que no se cumple, hay muchísimas leyes que hacen a la seguridad ciudadana que están escritas hermosamente pero que no se cumplen”.

Desde la FULP su representante aseguró que “si la policía actúa de esta manera es porque hay impunidad” y su representante expresó su preocupación ante las “cada vez menos y peores opciones para desarrollarnos como jóvenes, la provincia siempre eligió el camino de la criminalización de la juventud”.

D’ Emilia describió el trabajo de su organización en los barrios y se preguntó qué es lo que pasa con el interés superior del niño cuando el estado no se ocupa de garantizar las políticas que trabajan infancia pero destina su presupuesto a la policía. “Las leyes ya están y costaron mucho pero no se cumplen ni implementan, desde las organizaciones no sólo denunciamos sino que tenemos propuestas y esta situación nos tiene que encontrar unidos y en la calle”, cerró la militante.

Más de 20 organizaciones que trabajan la problemática decidieron realizar una presentación judicial contra la provincia  en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Más textuales:

Ponce Nuñez: “el presupuesto de niñez es intangible, se destina y no se toca, el tema es que no se sabe siquiera qué se destina, por consiguiente no podemos saber si se toca o no se toca”

“en la provincia hay redes delictivas organizadas, perfectamente estructuradas con contactos policiales sin ninguna duda, como los desarmaderos de autos, entonces si se tiene todo ese conocimiento cómo puede ser que lo único que se termine haciendo es poner más gendarmería, más policía, prefectura… luchar contra el delito organizado, nada. Eso sí gatillo fácil bastante”

OPINIÓN: «Que la infancia sea prioridad»