La iniciativa se construyó junto a vecinas, vecinos y activistas de distintas localidades bonaerenses. El mapa revela el uso exponencial de agrotóxicos en la actualidad y sus consecuencias en cursos de agua, escuelas y poblaciones en general. Dos casos testigo de una realidad silenciosa.

ANDAR en la provincia

(Mariana Sidoti Gigli para Agencia Andar) “Acá el campo es símbolo de progreso, el motor de la ciudad. Pero también es el que nos enferma y el que nos mata”. Sabrina Ortiz lo sabe de primera mano: vio a sus hijos vomitar sangre, sus pieles sarpullidas, la fiebre y los dolores de cabeza. Perdió un bebé estando embarazada de cinco meses. Y debió enfrentar los resultados de estudios médicos que ilustraban el peor de los escenarios: daño genético en el ADN de sus hijos a causa de un efecto de los agrotóxicos. Al comienzo no imaginaba, no llegaba a dimensionar, que su mero intento de salvar a su familia le traería amenazas de muerte, hostigamiento y ataques por parte de los productores más acaudalados de los campos de Pergamino. Aunque su lucha trajo también otros frutos: una medida judicial inédita que obliga al Municipio a regular los métodos y alcances de la fumigación, algo que no sólo le salvó la vida a su familia sino también a la comunidad entera. En uno de los barrios de su ciudad, la Justicia logró identificar 53 casos de cáncer en apenas ocho manzanas.

Al observar el Mapa del Agronegocio de la Provincia de Buenos Aires, lo primero que llama la atención es la cantidad de puntos rojos -casi cien- que se extienden a lo largo y a lo ancho del territorio bonaerense: son pueblos y ciudades fumigadas por aire, suelo y agua. La historia de Sabrina -que estudió abogacía para llevar su propio caso y el de su familia- está detrás de uno de esos puntos.

El mapa surgió en 2021 producto del trabajo de un grupo de investigación de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín (UnSam). Investigadores, docentes y estudiantes integran el equipo cuya coordinación editorial lideran Cecilia Gárgano y Martín Prieto. El interés que los une es “estudiar la configuración de los extractivismos en Argentina y sus incidencias en el ambiente, la salud y otras problemáticas” derivadas. Se enfocaron en la provincia de Buenos Aires por ser la más extensa y poblada del país, porque en esta provincia se evidencia no sólo la fumigación con agrotóxicos sino también cambios en el uso del suelo, y porque “en todo este tiempo no hubo ni hay un marco regulatorio, una ley nacional que disponga qué metros deben tener las fumigaciones respecto a poblaciones, a escuelas, a cursos de agua. No hay datos oficiales sobre las cantidades de agrotóxicos que se usan, no hay estudios epidemiológicos a nivel salud de los impactos, y lo que vemos multiplicarse en distintos casos puntuales es que las poblaciones juntan la evidencia para probar esos daños y la llevan a la Justicia”, explica Gárgano.  El mapa, entonces, recupera también las luchas encabezadas por vecinos y vecinas de distintas localidades para poner freno al uso indiscriminado de agrotóxicos.

En muchos casos, esas luchas se ganaron tras una intervención judicial. Y es que la Justicia, ya sea en su fuero penal o civil, pareciera ser -hasta ahora- la única herramienta con la que cuentan vecinos y organizaciones para garantizar un derecho tan básico como el de no ser fumigado de a poco, día tras día, hasta la muerte. Pero esos éxitos “no dejan de ser puntuales”, explica Gárgano y por eso “la idea del mapa es sistematizar y visibilizar esa realidad”. Lo que mapean, según Prieto, son “problemáticas que surgen de abajo hacia arriba: ante la avanzada de esas prácticas, los efectos a veces permanecen en silencio, o son sólo una preocupación individual. El mapa surge cuando empieza a haber organización en esos territorios, que a veces crece mucho y se hace muy visible, en otros casos menos. A pesar del volumen de este daño sistemático, hay procesos que surgen en los territorios; el mapa apunta a visibilizar eso y haciéndolo visibiliza lo sistemático de la práctica: no son casos aislados”.

Los investigadores explican lo que pareciera ser un secreto a voces que pocos se atreven a oír: que “detrás de todo esto hay un negocio no sólo local o nacional sino internacional, con muchos poderes concentrados”, y a la vez “también hay imaginarios: un tejido de dependencia de las mismas comunidades que viven en lugares rurales o urbanos; porque es una actividad de la cual la gente depende, y tiene una dimensión de importancia”, explica Prieto.

Detallan que a nivel de daño ambiental, el proceso se da en dos pasos. Primero el uso de de un paquete tecnológico -que incluye semillas genéticamente modificadas para ser “tolerantes o resistentes a determinados insumos químicos, en general herbicidas”-, práctica que suele conllevar el desplazamiento forzado de la población por contaminación en los cursos de agua. Y después están los problemas asociados al suelo, a raíz del impulso de “agricultura intensiva en monocultivos específicos como la soja o el maíz” que impiden la regeneración del suelo. Los agroquímicos que se usan para controlar los cultivos, explica Gárgano, “no se quedan en el campo, sino que llegan al agua que consumimos, al aire que respiramos, a nuestros cuerpos”.

Puede verse muy claro en el mapa, aunque quizás haga falta decirlo: las fumigaciones no sólo se producen en localidades rurales, sino también urbanas. Erika Gebel vive en La Matanza, la comuna más poblada del Conurbano, y junto a la Asamblea de Vecinos Envenenados por Glifosato logró que el municipio sancione una ordenanza que prohíbe los agrotóxicos -aunque aún no está implementada- y una medida cautelar en la misma línea, que se cumple gracias a la intervención, también, de la defensoría de Menores. De forma muy resumida, podría decirse que su inquietud empezó en 2012, cuando se mudó al barrio donde vive, frente a un sojal; y se ratificó en el 2021 cuando obtuvo por primera vez unos resultados que marcaban alta presencia de glifosato y otros agrotóxicos en la orina de su marido y de su hijo. “Llegué a toxicología después de 10 años creyendo que mi hijo tenía cáncer. Nunca me habían mandado al toxicólogo. Es un tema tabú y nadie se quiere hacer cargo”, asegura. Se refiere a muchos: empresarios, médicos, funcionarios, los propios vecinos.

“El gran problema es que no alertás el peligro”, dice. “No hay una faja amarilla que diga ‘esta zona no es recomendable habitarla’. La gente vive al lado de los sojales desde hace al menos 50 años”.  El primer síntoma que observó en uno de sus hijos -el que resultó más afectado- fue alergia: un cuadro que inauguró una deriva médica interminable que no llevó a ninguna parte. Después, su marido empezó a tener presión alta, dolores de cabeza insoportables y vómitos con sangre. “Mi hija no se podía levantar, estaba todo el día acostada con dolor en la rodilla, en el cuerpo. Tenían pérdida de masa muscular, mi hijo menor tuvo alergias graves y hasta llegó a perder la vista. Este año mejoró un montón, pero estaba teniendo una involución cognitiva”, dice Erika. Al principio del 2023, la justicia federal de Morón ordenó una medida cautelar que suspende la fumigación a mil metros de su casa y del barrio Nicole de La Matanza, y obliga al Municipio a proveerla con agua potable. La ordenanza se aprobaría en diciembre de ese año, presentada por un concejal del Partido Obrero, y de estar implementada, sería pionera: prohíbe la fumigación terrestre en áreas urbanas y la lleva a más de 1.000 metros de zonas rurales, cursos de agua, reservas, viviendas y escuelas de la localidad.

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Erika y Sabrina se conocen: confluyen en Pueblos Fumigados de la Argentina, con otras decenas de activistas a lo largo del territorio nacional. El caso de Sabrina llegó a la Suprema Corte de Justicia Nacional, que en marzo del 2023 rechazó un recurso presentado por el mismísimo intendente de Pergamino, Javier Martínez, que pedía desestimar el caso. De hecho, la Corte ratificó la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás, que prohíbe las fumigaciones terrestres con agrotóxicos a menos de 1.095 del área urbana de Pergamino y suspende las aéreas a menos de 3 kilómetros. Ella cuenta, en retrospectiva, que desde el 2007 notaba que su hija “se hinchaba, se brotaba y tenía problemas respiratorios” cada vez que fumigaban en el campo de soja ubicado al lado de la casa en que viven. Recién en 2011, cuando perdió su embarazo, Sabrina empezó a dar a fondo una pelea en la que muchas veces se sintió sola, por el desconocimiento o el desinterés de sus propios vecinos que en muchos casos también eran víctimas de la situación. Explica: “Culturalmente, Monsanto/Bayer está metida en todas las aristas sociales, desde el club más  importante de Pergamino hasta el hospital y el INTA. Un año, me acuerdo, hizo una maratón para recaudar fondos y mejorar las instalaciones de un centro oncológico. La gente corría con la remera auspiciada por Monsanto, la que nos envenena y después paga para ‘combatir’ la enfermedad que nos produce. A ese nivel”.

Y la gente “no habla de eso” aunque haya prueba que lo acredite. Por instrucción judicial, tras analizar 20 pozos de agua en Pergamino, se hallaron 19 sustancias agrotóxicas de las cuales el 45% eran cancerígenas y el resto disruptoras endocrinas o productoras de otras enfermedades (entre ellas Glifosato, 2,4-D, Atrazina, Imazapir, Imidacloprid, Imazetapir, Imazaquin, Metibuzin, Metalaxil, Epoxiconazol, Triticonazol, Metolaclor, Tebuconazol y Tetrametrina). En un barrio, en ocho manzanas, se encontraron 52 casos de cáncer. Cuando Sabrina empezó a hablar, mucho antes de este descubrimiento, casi ninguno de los medios locales le permitió contar su historia y cuando pudo, empresarios y políticos se apresuraron a desestimarla insinuando que solo quería dinero o que había intereses políticos detrás. “Mi hijo -sería el tercero, pero mi segundo hijo vivo- que nació en 2012, y mi hija se seguían enfermando. Sentíamos la soledad, íbamos a abogados que se decían ambientalistas y no nos acompañaban. Me sentí morir muchas veces. Es la verdad. Y decidí estudiar Derecho para contar con las herramientas que me faltaban”, cuenta.

En 2018 se recibió, radicó una denuncia anónima y más tarde la ratificó. Hoy esa causa tiene más de 43 cuerpos, y en su interior se detallan los altos niveles de agrotóxicos encontrados en el cuerpo de Sabrina y su familia: “Lo que vino después fue peor, se comprobó que había daño genético en mis hijos, genotoxicidad se llama” y es la capacidad de una sustancia de dañar el ADN de las células. “En niños el daño genético puede ser mucho peor y más rápido que en adultos”, explica Sabrina con pesar.

Con toda la prueba generada, solicitó a la Justicia que resguarde a los niños y a la comunidad entera de Pergamino. Así el expediente tomó un giro colectivo, con cuatro barrios afectados e involucrados en la investigación. La amiga de Sabrina, Florencia Morales, murió enferma de cáncer y fue otra de las activistas que puso el cuerpo a esta denuncia. Ante las primeras medidas precautorias (la Justicia ordenó a tres campos específicos no fumigar a menos de 600 metros), el intendente Martínez intentó ser parte de la causa, según asegura Sabrina, para acceder al contenido y compartirlo con los propios denunciados. No tuvo éxito. Un estudio científico desarrollado por la Dra. en Ciencias Biológicas Delia Aiassa, determinó una distancia mínima de 1.095 metros como zona restringida de contacto con agrotóxicos y eso es lo que la Justicia ordenó y aplicó al resto del distrito, con el visto bueno de la Corte Suprema, pese a las múltiples apelaciones.

La causa penal -que tiene como procesados a tres grandes productores de Pergamino, Fernando E. Cortese, Mario R. Roces y Víctor H. Tiribo, y a dos funcionarios municipales, pertenecientes a  la Dirección de Ambiente Rural local- tiene hecho el pedido de elevación a juicio y espera fecha para el debate oral.

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires se sigue rigiendo por la Ley 10.699, promulgada en 1988. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, el exministro de Agroindustria Leonardo Sarquis, exCEO de Monsanto, impulsó la resolución 246, altamente cuestionada por activistas y especialistas en la materia por considerarla demasiado laxa en cuanto a las aplicaciones de fumigación. El gobierno de Axel Kicillof viene suspendiendo esta resolución desde el 2021, pero no se avistan nuevas alternativas. La ley vigente ya tiene 36 años, y si existiera un mapa del extractivismo de la época, podría verse lo agotado que está el modelo y la necesidad urgente de pensar nuevas alternativas.

Erika enumera no sólo los síntomas del veneno: “Ardor, picazón, alergia, presión alta, dolor óseo, como si fuera un reuma, dificultades gástricas, dolores de cabeza 24/7, todo por la exposición a corto plazo; después de diez años ya hay consecuencias como el daño genético”. También detalla las amenazas que recibió en todos estos años de militancia, antes del mandato judicial de limitación de la fumigación y la entrega de agua potable por parte del municipio, e incluso meses después. Llamados, fumigaciones en plena madrugada aún cuando estaba prohibido, visitas de “clientes” que eran en realidad funcionarios municipales. En el caso de Sabrina, amenazaron de muerte a sus padres, balearon y mataron a su perro, le dejaban “ramos” de soja en la puerta y hasta intentaron hacerla chocar en plena ruta, mientras deslizaban en la puerta de su casa una corona de flores junto a una bala. Todos estos hechos fueron denunciados y están anexados a la “causa madre”.

Erika dice que “lo único que pretendo con esto es, primero, justicia, y también obviamente un resarcimiento económico. Me han robado, perdí una de mis casas -me la tomaron- y dos caballos que me robaron en los meses que tuve que irme por las amenazas. Perdí dinero, salud, tiempo, vida, todo. En cuanto a lo penal, nadie terminó culpable y aunque la Asamblea sigue funcionando, muchos se siguen excusando en la ignorancia. En pleno 2024 se sabe: envenenar a la gente mientras duerme es ilegal. Y hasta que no vayan presos los operarios, y también los de más arriba, vamos a seguir en la misma máquina de muerte, porque siempre vamos a estar justificando con la ‘ignorancia del chacarero’. Ellos saben, saben y transan con el agronegocio para llevar un plato de comida a la casa. Pero saben”, asegura Erika. Ese entramado complejo también puede revelarse, de alguna manera, en el Mapa del Agronegocio de la Provincia de Buenos Aires.

Los investigadores que lo crearon destacan que seguirán trabajando en esta y otras herramientas en la medida en la que puedan contar con fondos para hacerlo. “Pensando que toda investigación tiene un interés, en el caso del mapa la guía es que sea una herramienta de resistencia para las comunidades. El objetivo es que tengan información y que puedan conectar entre sí”, explican. Por eso, aquellas personas y comunidades que deseen compartir información para fortalecer el mapa, pueden hacerlo enviando un mail a mapadelagronegociopba@gmail.com.