ANDAR en La Plata

(Agencia – CPM) Esta charla debate se realizará el martes 8 de abril a las 18 horas en la sede de la CPM, calle 54 Nº 487 E/ 4 y 5 de la ciudad de La Plata. Es la última actividad en relación a los encuentros que coordinó este organismo en torno a los 38 años del último golpe de estado en Argentina.

Exponen: Dr. Hugo Cañón, co presidente de la CPM; Roberto Cipriano García, funcionario de la PROCUVIN e integrante de la CPM; Ricardo De Angelis, ex detenido y familiar; la Dra. Alcira Daroqui, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del IIGG, el Dr. Fabián Salvioli  miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU  y Martín Gras, subsecretario de DDHH de la Nación. Coordina: Dra. Alicia Romero, Directora del área de inspecciones del Comité contra la Tortura de la CPM.

Esta actividad se liga a los actos conmemorativos por el 38 aniversario del Golpe de Estado porque «aun se exige un “NUNCA MÁS” en las cárceles», dicen desde la CPM. Según los organizadores de la charla «hay continuidad o aggiornamiento en esta práctica ilegal por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Antes se hacían en la clandestinidad y ahora se legalizan y se reproducen».

[pullquote]Es necesario problematizar el fenómeno de la tortura que se considera intercausal,  afirman desde la CPM[/pullquote]

«Es necesario problematizar el fenómeno de la tortura que se considera intercausal»,  afirman desde la CPM. Para esto, han sido convocados algunos panelistas por sus diferentes trayectorias en relación con la tortura, en dictadura y en democracia.

Martín Gras estuvo detenido durante la dictadura en la ESMA;  De Angeli fue detenido en dictadura y luego en democracia. Además, su hijo está preso y tiene denuncias por torturas al Servicio Penitenciario Bonaerense. Sus experiencias de encierro en distintos momentos históricos nos sirven para hablar de este puente entre dictadura y democracia.

Alcira Daroqui hace 25 años estudia los métodos de tortura en el sistema carcelario y en los últimos siete investiga junto con el Comité Contra la Tortura los sistemas de gobernabilidad en el servicio penitenciario. También trabaja con el Registro Nacional de la tortura. Desde su formación académica, hará un análisis metodológico del funcionamiento del fenómeno.

Roberto Cipriano García, como integrante de la CPM y prosecretario de una fiscalía especializada en malos tratos y torturas a nivel nacional hará un diagnóstico de la situación y la judicialización de los casos denunciados. Analizaremos las diferentes categorías judiciales: tortura, malos tratos, apremios ilegales, trato cruel, inhumano y degradante.

Hugo Cañón, co-presidente de la CPM donde hace 10 años el Comité contra la Tortura realiza monitoreo de instituciones de encierro de la Provincia de Buenos Aires y publica un informe anual con los resultados de estas inspecciones.

Alicia Romero, directora de Inspecciones del Comité contra la Tortura de la CPM coordinará esta actividad.

El trabajo de monitoreo que hace el Comité contra la Tortura evidencia situaciones de graves violaciones a los derechos humanos permanentemente. Tiene registradas más de 15 mil causas que se tramitan en Provincia de Buenos Aires por situaciones de violencia por parte de fuerzas de seguridad. De esa enorme cantidad de denuncias, sólo 12 fueron elevadas a juicio o llegaron a encontrar a algún responsable. En los informes anuales del Comité siempre se presentó un apartado sobre la investigación de causas de tortura. Con la llegada de la democracia, no se realizó un proceso de democratización de las fuerzas de custodia.

La tortura como practica sistemática

El Comité contra la Tortura abre la discusión sobre considerar a las torturas como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Se trata de aplicación de tortura en la administración de políticas públicas, adentro de una unidad penitenciaria, una comisaría, un instituto de menores, un hospital neuropsiquiátrico.

«La cárcel es tortura», banner de la campaña contra la tortura realizada por la CPM en 2013

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (OEA, 1985) define la tortura como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

Este concepto, nos permite encuadrar las prácticas de tortura como ejercicios de violencia institucional- estatal que dañan y producen sufrimiento, respondan o no a un plan explícito y/o declarado, que son sistemáticas en la medida en que persisten en el tiempo, en que se realizan en forma extensiva en los diferentes espacios institucionales, que responden a una racionalidad en común que justifica y/o avala -implícita o explícitamente, públicamente o no- su existencia, a la vez que adoptan modalidades y tipologías extendidas entre los agentes de las instituciones, incluso en diferentes jurisdicciones.

Las prácticas de tortura son parte de un saber implícito que se transmite de generación en generación como parte de un proceso, que no comienza pero se profundiza en la última dictadura, de formación informal por fuera de los programas de las academias policiales y penitenciarias, que pervive en las mallas de la impunidad frente al poder judicial, y en gran parte gracias a la indiferencia del mismo, y que se halla socialmente legitimado en algunos casos.