Torturas, déficits en la infraestructura e insalubridad son algunas de las demandas más constantes ante los distintos organismos encargados de resguardar derechos. El Estado incumple garantías y derechos constitucionales, como los que hacen referencia a la función y situación de las cárceles. Desde Olavarría describen la realidad del complejo carcelario más grande de la zona.

ANDAR en las cárceles

(AC-FACSO) A fines de abril, tuvo lugar un conflicto en la Unidad N° 27 del Complejo Penitenciario Zona Centro, con sede en Sierra Chica, en el que participaron todos los internos alojados en el lugar. Se trató de un reclamo pacífico que buscó reflejar las malas condiciones en las que viven, haciendo hincapié en serios problemas edilicios, alimenticios y de higiene. No solo en dicha unidad se presentan estas condiciones, sino en todas las dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Muchas de ellas cuentan con estructuras de más de 100 años, como la Unidad 2 de Sierra Chica, construida en 1882 y cuya infraestructura sufre un deterioro constante debido al escaso mantenimiento.

El fiscal Martín Pizzolo considera que en las cárceles se violan derechos constitucionales.   FOTO: Agencia Comunica.

Frente a un escenario de vulneración de derechos, las personas en contextos de encierro, suelen estar expuestas a torturas, malos tratos y vejaciones por los agentes del SPB. Ante estos y otros daños contra la persona interviene la Ayudantía Fiscal de Delitos Carcelarios, a cargo del Fiscal Martín Pizzolo. Si bien las malas condiciones de alimentación y sanitarias no son consideradas un delito, existen distintos organismos encargados de denunciarlas. En Olavarría, el Comité Contra la Tortura dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria, cuyo representante es el abogado Mariano López, se encarga de recibir las denuncias de los propios internos o de un tercero para intentar garantizar los derechos de los detenidos.

El encarcelamiento no despoja a la persona de sus derechos, solo restringe los de libertad. Sin embargo, la realidad de una prisión demuestra que todos los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos están restringidos. «Todos tienen derechos constitucionales, por ejemplo que la cárcel no es para castigo, que tienen que ser sanas, limpias… Y en esas circunstancias uno ve que el entorno no es el más propicio», señala el Fiscal Martín Pizzolo, en referencia al Artículo 18 de la Constitución Nacional, que parece no aplicarse en las cárceles bonaerenses. «El Estado, en sus tres poderes, incumple reiterada y sistemáticamente con su obligación de garantizar derechos humanos fundamentales a todas las personas privadas de libertad», afirma Diego Fernández, Defensor General de la Defensoría de ejecución penal del Departamento Judicial de Azul.

Las problemáticas más denunciadas

«Las condiciones edilicias son muy precarias, bastante malas. Puede haber algún pabellón en mejores condiciones que otros, pero en general en todos hay déficits vinculados a la precaria instalación eléctrica, problemas con los desagües y cloacas» sostiene Mariano López, docente de la Escuela de Educación Media N°5 que funciona dentro de la Unidad N°2 de Sierra Chica y que cuenta con dependencias dentro del resto de las cárceles del complejo.

Mariano López, representante del Comité contra la Tortura en Olavarría, recibe constantes denuncias. FOTO: Agencia Comunica.

Otra problemática que influye en el deterioro de las instalaciones es el hacinamiento. Las cárceles del SPB están superpobladas, tanto en las celdas como en los pabellones comunes. El Servicio tramitó ante la justicia un cupo de 68 personas por pabellón y actualmente hay 90. «Los estándares mínimos internacionales hablan de que tiene que haber entre siete y doce metros cuadrados de espacio por interno y no llegan ni a uno y medio» afirma López. Distintos organismos judiciales, como la Defensoría de ejecución penal de Azul, sostienen que la sanción de una Ley de Cupo Carcelario que establezca mecanismos de control de la cantidad de personas detenidas permitiría determinar, de acuerdo con estándares internacionales en materia de encarcelamiento preventivo, la capacidad real de cada establecimiento carcelario.

La comida que sirven en la UP 2. FOTO: Andar

La mala alimentación es otra de las denuncias que comúnmente realizan los internos y sus familiares. «El comer mal o más o menos es normal para ellos. Se quejan cuando está peor de lo peor» indica López, integrante del Comité contra la Tortura en Olavarría. «Los internos acusan al SPB de que los recursos materiales para la alimentación suelen desviarse en el camino y no llegan al interesado directo» indica Carmelo Vinci, presidente de la Comisión por la Memoria de Olavarría, presente en el reclamo en la Unidad N°27, para apoyar la iniciativa y realizar un hábeas corpus, mediante el cual se destrabó el conflicto. «Los internos me comentaron que hay dos registros de comida: uno que muestran a las autoridades y otro con lo que verdaderamente les dan de comer» ratifica.

Ante la gravedad de las denuncias que van en detrimento de la dignidad humana, distintas agrupaciones de defensa de derechos humanos como el CELS y la Asociación de Pensamiento Penal, y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras, han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A raíz de ello, en octubre pasado se realizó una audiencia con la participación de dichas asociaciones y el Estado bonaerense para escuchar opiniones.

[pullquote]La Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad de la CIDH  expresó su profunda preocupación por las condiciones de detención[/pullquote]

En 2010, la Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad realizó una visita a las cárceles bonaerenses dentro de las cuales estuvo la Unidad N°2 de Sierra Chica. En dicha oportunidad, el organismo elaboró un informe en el que evidenció «su profunda preocupación por las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires». En este sentido, la Relatoría resaltó que el Estado, como garante frente a las personas privadas de la libertad además de respetar su vida e integridad personal, tiene la obligación de asegurar condiciones mínimas de detención que valoren la dignidad humana.

Hasta el momento los organismos sólo han elaborado recomendaciones, aunque la Comisión Interamericana tiene la facultad de elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciar al Estado argentino por la responsabilidad internacional en la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas que han sido despojadas de la más mínima condición humana. En este contexto, y a más de 30 años de democracia, se torna necesario repensar política, social y jurídicamente la concepción de derechos humanos. El Estado, como único responsable de la violación de estos derechos, deberá garantizar las condiciones y los procesos para mejorar una realidad que parece no tener una solución efectiva en el corto y mediano plazo.