Los Centros de Prevención de las Adicciones (CPA) y comunidades terapéuticas en territorio bonaerense atraviesan similares problemáticas a las de comedores escolares, hogares de niñez y centros de día: desfinanciamiento, falta de personal y deterioro de la infraestructura. El caso de la comunidad terapéutica de Chapadmalal

ANDAR en General Pueyrredón

(Agencia) En la provincia de Buenos Aires, durante el último año, la situación de los organismos de atención a jóvenes y adultos con problemas de adicción ha empeorado hasta el punto que, tanto los CPA y comunidades terapéuticas del Estado bonaerense como las ONG habilitadas por el Ministerio de Salud, han reducido drásticamente la cantidad de pacientes que reciben, y algunos de esos organismos directamente han cerrado por falta de recursos.

La comunidad terapéutica de Chapadmalal dejó de recibir nuevos pacientes por el deplorable estado edilicio y falta de personal. FOTO: 0223.com.ar

En diálogo con ANDAR, el presidente de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA), Fabián Chiosso, señaló que durante los últimos años se ha ampliado y profundizado la discusión en torno a las redes de narcotráfico, relegando la cuestión de la asistencia y tratamiento.

“En la Provincia la asistencia fue empeorando paulatinamente en un proceso que tuvo que ver con el desfinanciamiento progresivo del sistema y la desarticulación del esquema de trabajo que tenía la Subsecretaría de Adicciones de la Provincia con la red de ONG. Entonces pasamos de atender 450 pacientes a 100 que son atendidos actualmente por parte de las comunidades terapéuticas no gubernamentales. En este sentido, el diálogo con la Provincia prácticamente dejó de existir en el último año y no hemos obtenido respuestas a ninguna de las cuestiones que planteamos”, explicó Chiosso.

Cabe aclarar que en la Provincia funcionan alrededor de 40 ONG que brindan tratamiento por adicciones a jóvenes y adultos. Esas organizaciones cuentan con habilitación del Ministerio de Salud y funcionan bajo los parámetros de la Ley de Salud Mental, con auditorías de las instituciones públicas respectivas.

En cuanto a los recursos presupuestarios, se firman convenios con los distintos organismos del Estado en función de la cantidad de pacientes que atiende cada ONG. Así, tanto la Subsecretaría de Adicciones como la Subsecretaría de Niñez, y distintas obras sociales, destinan montos fijos y mensuales que varían de acuerdo al tipo de tratamiento que se presta.

Desde FONGA denuncian que los retrasos en los pagos oscilan entre los 4 y 8 meses, en algunos casos aún más, y los montos por paciente difieren según el organismo con que se formaliza el convenio: en algunos casos se establece un piso de 4000 pesos, y en otros, más de 8000.

Gabriel Zibecchi: «Es evidente la vulneración de derechos que existe en la Comunidad de Chapadmalal, tanto para los pacientes como para los trabajadores». FOTO: 0223.com.ar

En febrero de 2014, las organizaciones nucleadas en FONGA mantuvieron una reunión con el subsecretario de Niñez, Pablo Navarro, con el objeto de avanzar en una serie de problemáticas vinculadas al financiamiento y la planificación de las políticas sobre adicciones.

No obstante, Fabián Chiosso es enfático en torno a los resultados: “Allí planteamos la necesidad de discutir cómo desarrollar un dispositivo de capacitación conjunta de los recursos humanos abocados a la niñez; cómo resolver los problemas de financiamiento de los tratamientos para poder garantizar las reglas mínimas de calidad en la atención; cómo planificar la cuestión edilicia, que se manifiesta en muchas ONG como obstáculo para el normal funcionamiento. No obstante, nada de eso pudimos trabajar con la Provincia”.

“Hay como una doble exclusión o abandono social: una económica, y otra que tiene que ver con la falta de atención de salud de calidad. Hay un proceso de precarización permanente. Nosotros hemos presentado, en reiteradas ocasiones, notas al Gobernador describiendo esta situación. También al ministro Colia y al jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, pero no hemos tenido una sola respuesta. Esto tiene que ver con una concepción estrecha de la seguridad, a la que se asocia con mayor presencia de policías y de instancias de control social en desmedro de la atención de las problemáticas sociales”, agregó el presidente de FONGA.

El caso de la Comunidad Terapéutica de Chapadmalal

A diferencia de las ONG nucleadas en FONGA, la Comunidad Terapéutica de Chapadmalal pertenece al estado bonaerense y es una de las pocas que aún funcionan en la Provincia. El deterioro de la infraestructura ha llegado a tal punto en los últimos meses que los trabajadores decidieron restringir el ingreso de nuevos pacientes –de una capacidad de 21 personas están siendo tratadas allí sólo 5- hasta que se resuelvan los principales problemas.

Según Gabriel Zibecchi, uno de los trabajadores de la Comunidad Terapéutica de Chapadmalal e integrante de ATE, la rotura de un caño de agua que inundó el acceso al predio y que imposibiltó el desarrollo de actividades al aire libre desencadenó la medida de fuerza tomada en torno a la no admisión de nuevos pacientes. Hasta hace poco tiempo, hasta los pozos ciegos desbordaban las aguas servidas en el patio de la comunidad terapéutica.

“Esto dio lugar a la intervención del Departamento de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a cargo del Dr. José Luis Zerillo, y del Departamento de Salud Laboral de ATE, en función de la evidente vulneración de los derechos esenciales tanto de los pacientes como de los trabajadores del lugar”, explicó a ANDAR Gabriel Zibecchi.

El informe, elaborado por el municipio de General Pueyrredón y remitido al ministro de Salud de la Provincia, señala los principales problemas de comunidad terapéutica de Chapadmalal: “Instalaciones, en general, sin mantenimiento; falta de vidrios; puerta destruida; camas cuchetas de pino emparchadas con pedazos de madera; cañerías obstruidas de gas; pozos ciegos rebalsando; aguas servidas; pérdida de gas en artefacto de cocina; no hay agua caliente; mobiliario escaso, y el existente en muy mal estado de conservación”.

Asimismo, el informe registra “matafuegos vencidos, roedores en dormitorios y cocina; calefactor de 4000 calorías en un salón de usos múltiples amplio; pastos altos; falta de personal (en horario nocturno queda un solo operador en el predio; teléfono de línea con línea control; basura dispersa en el ingreso y egreso del predio; lavadero en pésimas condiciones, sin puertas ni ventanas”.