Dos de cada diez policías bonaerenses sumariados en 2022 fueron investigados por violencia de género. Así se desprende de lo informado a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) en 2022. Ese año, el último del que se obtuvieron registros, los policías investigados por violencia machista representaron el índice más alto entre todas las demás causas de sumario. Se desconoce la cantidad de sancionados o exonerados tras esas investigaciones.

Por Mariana Sidoti Gigli para ANDAR

Hay por lo menos diez tipos de hechos delictivos que ameritan un sumario dentro de la policía bonaerense, y el de violencia de género es el que más sumariados acumula. Así se advierte de un relevamiento hecho por la propia AGAI, en el que prácticas como “corrupción”, “connivencia o participación en crímenes comunes” o “manejo irregular de fondos” se quedan muy atrás, cuando antes solían estar en alza. La cantidad de sumarios realizados en 2022 por violencia de género (1.380) solo se asemeja al ítem “abandono de servicio”, esto es, la práctica de no acatar órdenes de traslados de comisaría, cambios de servicio o funciones, entre otros. Estos hechos representan 1.320 sumarios, sin contar aquellos iniciados por una “indisciplina” expresa: 91 casos. En tercer lugar, de forma sostenida en el tiempo, está el ítem “violencia policial” o institucional.

Como expresaron funcionarias de AGAI entrevistados por Andar, la violencia de género es un fenómeno social de cuyos síntomas y resultados no está exenta la policía. Cada cierta cantidad de meses, un femicidio perpetrado por un agente (de servicio o no) vuelve a poner sobre la mesa los mecanismos de prevención y actuación frente a casos que, también reconocen desde AGAI, se ven afectados por la tenencia de arma de fuego, cuya mera existencia es “un factor de riesgo” para las posibles víctimas.

Históricamente, la información certera sobre delitos de todo tipo ocurridos dentro de la fuerza de seguridad más grande del país no abunda. Así lo reconocieron fuentes policiales que, por obvias razones, prefirieron mantener su identidad resguardada: es prácticamente imposible que los propios policías obtengan datos y estadística sobre estos temas, y cuando el periodismo lo hizo fue a través de pedidos de acceso a la información pública. El resultado de una de esas investigaciones da cuenta que del total de policías denunciados por violencia de género desde el 2013 hasta el 2020, apenas un 20% fue exonerado (echado) o cesanteado (expulsado por dos años). El resto, en su mayoría, fue investigado, quizás suspendido por un período breve de tiempo, y luego reincorporado a la fuerza.

El camino de las denuncias

La directora general de Prevención y Abordaje de las Violencias de la AGAI, Laura Piana, explicó que los sumarios por violencia de género pueden iniciarse por varias vías: una denuncia penal en fiscalía, en una comisaría común o de la Mujer o por contacto directo con AGAI (con la opción de anonimato). El desarrollo judicial y administrativo de la investigación, aseguran desde AGAI, están en constante interrelación para intentar dar respuesta al conflicto de la manera más rápida y efectiva posible. A pesar del alto índice de denuncias por violencia de género e intrafamiliar que arrastra la bonaerense, recién en febrero del año pasado se creó en AGAI (a través del Ministerio de Seguridad) una Auditoría sumarial especializada en violencia por razones de género y familiar. Antes, las auditorías sólo se dividían por jurisdicción geográfica; los instructores no estaban especializados y abordaban, además, decenas de otros casos y motivaciones sumariales.

Según explicó Carolina Dumon, titular de dicha Auditoría, su equipo está conformado por otros letrados y personal auxiliar policial, que se dedica exclusivamente a tareas dentro de AGAI y funciona “como una fiscalía” en términos de investigación del delito. Siguen el protocolo 2277/12 creado en el año 2021 “para la evaluación y tratamiento del personal”, que sufrió modificaciones en el 2021 orientadas a este tipo de delitos. Así, en todos los casos en que se recibe una denuncia se abre una investigación sumarial administrativa, derivando a su vez al presunto victimario a un programa socioeducativo de abordaje a cargo del Ministerio de Seguridad, que “no tiene un fin punitivo” pero al que deben asistir todos los acusados, sean luego sancionados o no.

Además se le da intervención a otra área, la Dirección de abordaje integral de violencia de género, que lidera la psicóloga Natalia Ferro junto a un equipo de profesionales. En esa instancia se conversa tanto con la víctima como con el denunciado: en el primer caso para conocer el contexto y brindar asesoramiento o derivaciones, y en el segundo para indagar más en torno a la comisión del delito denunciado y el contexto del acusado, según explicó la especialista.

La quita del arma de fuego es un hecho no automático, que depende sobre todo de la gravedad de la denuncia, la evaluación de antecedentes y el seguimiento del protocolo antes mencionado. La dirección de Sanidad es el órgano apto para determinar si los policías están aptos o no para trabajar. En un proceso como el de denuncia por violencia de género, Sanidad es el segundo paso después de iniciar el sumario: allí se entrevista al agente y se determina -teniendo en cuenta el resto de la investigación- si debe pasar a realizar tareas no operativas, si se le quita el arma de fuego o si continúa ejerciendo funciones, lo que no necesariamente implica el archivo del sumario. En este punto se realizan cruces de información para verificar, por ejemplo, si el denunciado tiene otras armas (además de la reglamentaria) registradas y vigentes a su nombre. Y en esta etapa se debería verificar también el antecedente de licencias laborales y/o episodios de distinta índole en su expediente que hayan podido existir en los meses previos a la denuncia.

Más avanzado el proceso, el acusado debe prestar una declaración “similar a la 308 en la Justicia”, es decir una especie de indagatoria, y también vuelve a ser entrevistado por el equipo de salud mental. En resumen, según aseguran desde la AGAI, el proceso puede dividirse en tres partes: la denuncia, el primer abordaje y la revisión en Sanidad; la asistencia al programa socioeducativo -que consta de un encuentro individual y seis grupales-; la declaración final y la entrevista psicoanalítica. De los elementos recabados, el sumario puede finalizar en una sanción tanto suspensiva (que suele tener “accesorias”, es decir medidas a cumplir como una capacitación), como expulsiva, pudiendo ser esta última una cesantía o una exoneración (acá la diferencia). En todos los casos, esta decisión también es comunicada a la Justicia.

Puede inferirse -y con razón- que la cantidad de agentes sancionados (y más aún expulsados) después de un sumario es proporcionalmente baja. No se conocen aún datos actuales sobre sumarios por violencia de género e intrafamiliar, pero como se mencionó antes, entre 2013 y 2020 la tasa de expulsados por este tópico era de dos por cada diez denunciados. Desde la AGAI dijeron no poder dar esta información a menos que se apele directamente al Ministerio de Seguridad. También remarcaron a esta agencia que su intervención busca develar los eventuales delitos cometidos sin dejar de respetar las garantías constitucionales. A pesar de estos esfuerzos, los hechos de violencia grave (como ejemplo los femicidios) siguen sucediéndose, este año con menor prevalencia que los anteriores. Si se tiene en cuenta que gran parte de los delitos de violencia de género no se denuncia –estiman que el 80%- y que la implicancia de acusar a personal policial puede generar incluso más temor, podría decirse que el problema está, como mínimo, subrepresentado.

Fuentes policiales consultadas por este medio advirtieron que es muy común que los sumarios proliferen o se estanquen dependiendo de los titulares o jerarcas de comisarías, siendo que aún reina cierta “vista gorda” o directamente la protección y el encubrimiento entre compañeros. Otros consultados aseguraron que ante el estancamiento de una investigación sumarial, si se trata de un delito cometido contra una víctima policía, es más probable que ella misma pida un cambio de tareas o un alejamiento antes de que el acusado sea reubicado o removido de su lugar de trabajo. Andar consultó a las funcionarias de la AGAI sobre el tiempo aproximado que tarda en realizarse la investigación administrativa, pero no pudieron dar precisiones.

Cuando la prevención no alcanza

Según datos relevados por la CPM, entre 2016 y octubre de 2024 se registraron 33 casos de femicidios perpetrados por policías bonaerenses (incluyendo femicidios vinculados). Este año hubo dos crímenes, uno en General Belgrano y otro en Bolívar. En casi el 90% de los casos, el arma reglamentaria fue el arma femicida. Muy pocos victimarios estaban retirados: más del 70% se encontraba en actividad al momento de cometer el crimen.

Según detalla el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe de violencia policial, la portación del arma y el encubrimiento policial son dos de los factores clave que perpetúan el problema. “La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el estado policial, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad”, asegura la organización. Y advierte que “como en otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, las prácticas de encubrimiento de estas muertes radican en que la policía controla los primeros momentos de la escena del hecho”.

Un caso testigo es el de Nazareno Sebastián Miño, que en junio del 2023 mató a su expareja y a la hermana de ella con su pistola reglamentaria en Arturo Seguí, La Plata. Antes había sido denunciado dos veces por violencia de género y por amenazas y agresiones, y venía de tomarse tres licencias médicas por ansiedad dentro de la fuerza. Aun así, las alarmas no sonaron y el fatal ataque dejó a dos niños sin mamá, y con un padre que estará preso durante años. Aunque la AGAI se negó a dar información o declaraciones sobre casos particulares, al mencionarse el caso de Miño remarcaron que en última instancia, es la dirección de Sanidad la que define si se debe desafectar o no al policía, algo que demuestra que, pese a los esfuerzos de auditoría, la urgencia de tomar decisiones clave en prevención termina quedando desdibujada.

Una de las fuentes policiales consultadas por esta agencia manifestó su preocupación en torno a los “filtros” para entrar a la Bonaerense y su reputación de salida laboral rápida, que a veces habilita a que “las personas equivocadas entren en contacto con un arma”. Dijo también que hacen falta más herramientas efectivas para el manejo del estrés al que son sometidos los agentes todos los días, y programas integrales que aborden una formación continua y logren integrar tanto a nuevas como a viejas generaciones. Un desafío por demás ambicioso. En otro orden de cosas, destacó que aún en las Comisarías de la Mujer, las temáticas de violencia de género suelen ser desplazadas por otras funciones operativas vinculadas a la seguridad en general, lo que impide al personal dedicado a la recepción y actuación en denuncias por violencia, disponer del suficiente tiempo y herramientas para cumplir sus tareas. Esto desdibuja el rol de las comisarías de la mujer y dificulta un abordaje efectivo, sobre todo en contextos donde los casos de violencia familiar en general se comen gran parte de la estadística. En caso de abandonar -por ejemplo- un operativo en medio de una ruta o acceso para dedicarse a tomar denuncias a mujeres violentadas, un agente podría llegar a enfrentar un sumario por el otro delito más prolífico dentro de la Bonaerense: el abandono de servicio.

Andar habló con un abogado que fue Instructor de AGAI desde el 2021 hasta el 2022. Tuvo a su cargo la investigación de varios casos de policías denunciados por violencia de género, muchos de los cuales ya tenían denuncias previas en años anteriores. “Me pasaba que era muy difícil echar a los agentes. En casos de violencia repetida, con el añadido de adicción a las sustancias por parte del agresor, por ejemplo, me decían ‘Ya hablamos con la víctima y no va a volver a pasar’. Era una bomba de tiempo y con situaciones permanentes, yo temía estar avalando un escenario peor. El planteo (por parte de la AGAI) termina siendo solo desde lo discursivo, y no en la acción”, aseguró el letrado. Sin entrar en teorías conspirativas (como por ejemplo que la AGAI esté protegiendo específicamente a uno u otro policía, aunque eso pudiera llegar a ocurrir), basta con que no se investigue demasiado para que los sumarios terminen en la nada. “Y a eso se le suma la falta de contención en casos de adicciones y la precarización salarial”, lo que incide en las condiciones de partida para cualquier hecho de violencia.

También contó que se pueden identificar desde casos groseros -como la exhibición del arma y las amenazas, o los golpes físicos- hasta por violencia de género económica, psicológica y vinculada al régimen de visitas de los hijos, dependiendo en algunos casos de la jurisdicción y del estrato social de víctimas y victimarios. En ese sentido, no es errada la descripción hecha por las funcionarias de la AGAI: “la violencia de género en la policía es un reflejo de la violencia de género en la sociedad en general”. La especificidad de estos delitos ejercidos por personal de fuerzas de seguridad se observa en el alza en los últimos dos años medidos y difundidos por la AGAI, lo que también puede indicar una mayor predisposición a denunciar, sean cuales sean los resultados del sumario y de la Justicia penal. Mientras los sumarios se extienden, las víctimas permanecen expuestas a la violencia ejercida por quienes deberían garantizar su seguridad. La falta de efectividad en las medidas preventivas sigue siendo una deuda pendiente.