Hasta hoy se han creado 24 espacios de memoria en distintos puntos del país y han sido señalizados 85 excentros clandestinos de detención. En diálogo con ANDAR; Judith Said, coordinadora de la Red Federal de Sitios de Memoria, explicó la modalidad de las intervenciones, la articulación con las organizaciones y los próximos desafíos en la planificación de lo que se ha convertido “en una política pública que sobrevuela las diferencias partidarias”.

ANDAR en la memoria

(Agencia) En 2003 comenzó el proceso de señalización en lugares utilizados como centros clandestinos de detención durante la última dictadura, un tipo de intervenciones simbólicas que implica el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones, y que tiene como objetivo la visibilización de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos sitios –cuarteles, comisarías y otras dependencias-.

Said: «cada intervención es el resultado de un proceso colectivo de construcción de memoria»

En el mismo sentido, muchos de esos lugares donde funcionó el terrorismo de estado han sido reconvertidos en espacios de memoria, en los que se desarrollan actividades educativas, culturales, artísticas y políticas para la investigación, la difusión, la reflexión y el debate sobre el terrorismo de Estado y sobre las luchas que históricamente se dieron los sectores populares en defensa de sus derechos.

La articulación de ambas políticas se desarrolla desde la Red Federal de Sitios de Memoria, creada en el ámbito del Archivo Nacional de la Memoria y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La titular de la Red, Judith Said, explicó a ANDAR que con la desafectación de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en 2004, comenzaron las señalizaciones y la creación de sitios de memoria, y desde 2011, con la sanción de la ley 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de sitios de memoria, cobraron mayor impulso aún las intervenciones sobre los lugares donde operó el terrorismo de estado.

“A partir de los archivos existentes en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Conadep y otros registros, desde la Red se construye el listado de lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención y a partir de allí se planifican las distintas actividades. Claramente no todos esos lugares van a ser desafectados para ser reconvertidos en espacios de memoria, ya que muchos siguen siendo sedes de agencias de seguridad o de dependencias militares”, señaló Said.

“La idea no es desafectar todos esos lugares. Lo que queda claro con la ley 26.691 es que todos aquellos espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar, y aquellos que fueron también emblemáticos de la represión ilegal, quedan protegidos y garantizada su conservación tanto por el valor testimonial que tienen como por el aporte quer generan para las investigaciones judiciales. Y la autoridad de aplicación de esa ley es la Secretaría de Derechos Humanos de Nación”, agregó.

-¿Cómo se organiza el trabajo con las provincias, municipios y organizaciones?

-Cuando se decide una intervención en un excentro clandestino, comenzamos con una larga serie de reuniones a las que se convocan a los organismos de derechos humanos y movimientos locales, del territorio -quienes trabajan sobre el marco político y de sentido de la intervención- y a los estados provincial y municipal –que se comprometen con la búsqueda de información existente respecto al lugar a señalizar-. Los estados locales, además, participan de la difusión y organización de las actividades, por lo que cada intervención es el resultado de un proceso colectivo de construcción de memoria.

-¿De qué depende la elección del tipo de señalización?

-De los encuentros con todos los actores sociales surge, finalmente, un documento consensuado. Del mismo modo se decide el tipo de intervención, que puede ser los conocidos pilares de “Memoria, Verdad y Justicia”, que son de material y que se ubican en los patios o jardines del lugar, o placas y carteles, entre otras formas de señalización.

-¿Y en los casos en los que las señalizaciones se realizan en edificios aún operativos, como comisarías o dependencias militares?

-Con las fuerzas de seguridad dialogamos acerca del lugar en el que se ubicará la placa o señalización y, en general, se involucran en la realización del acto. Incluso, en más de una oportunidad, los altos funcionarios de las dependencias han participado de las actividades. Es muy importante la articulación y el diálogo con las fuerzas en este sentido porque estamos dando un mensaje a las nuevas generaciones de funcionarios públicos en pos de la defensa del estado de derecho: que repudien los actos de terrorismo estatal y que no sean corporativos a la hora de defender a aquellos que ejecutaron las políticas represivas. Desde esta perspectiva, también se están dando muy buenos resultados.

-¿Cómo evalúan el impacto de una actividad de señalización?

-Es muy interesante lo que ocurre. Muchas veces, en el momento del acto, suelen acercarse personas que, por diversos motivos, hasta el momento no habían dado a conocer sus testimonios. También, en los casos de quienes sí han testimoniado en juicios o en los medios y son protagonistas de esta larga lucha de los organismos de derechos humanos, sienten estas intervenciones como altamente reparadoras de sus demandas y como reivindicación de los compañeros detenidos-desaparecidos. Asimismo, cabe destacar que el impacto de la señalización también se da en la escuela, y en esto tiene mucho que ver con el seguimiento local que se haga en relación a cada intervención y que se siga estudiando y profundizando la investigación sobre lo que ocurrió en cada lugar.

[pullquote]estamos dando un mensaje a las nuevas generaciones de funcionarios públicos en pos de la defensa del estado de derecho[/pullquote]

Según la titular de la Red Federal, cada proyecto de señalización se dinamiza especialmente tomando en cuenta el desarrollo de los juicios de lesa humanidad – momentos específicos como el inicio, los alegatos, la sentencia- porque los actos dan un gran impulso al trabajo de los abogados de las querellas y fiscales y por la fuerte significación de las reivindicaciones históricas.

Actualmente la Red Federal de Sitios de Memoria está trabajando las señalizaciones de los excentros clandestinos “Automotores Orletti”, “Virrey Ceballos”, “Club Atlético” y “Olimpo”, en ciudad de Buenos Aires. En el mismo sentido, avanzan los proyectos para intervención en “Astilleros Astarsa”, Tigre; “El vesubio”, “La Cacha”, “Unidad Penal 13 de Junín” y “Comisaría 1º de Pergamino”, entre otros sitios de la Provincia de Buenos Aires; y otros 11 en sitios de otras provincias.

-¿Existe un registro definitivo sobre los sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención?

-Estamos haciendo la cartografía de sitios de detención clandestina. No tenemos un número final porque permanentemente van surgiendo nuevos documentos, testimonios y datos que señalan la existencia de centros que no se conocían hasta ahora. Actualmente tenemos 24 espacios de memoria y 85 señalizaciones ya realizadas. Tenemos previstas para lo que queda de este año y el próximo otras 60 señalizaciones. En provincia de Buenos Aires, estamos trabajando en Zárate, Pergamino, La Cacha, San Nicolás, Mar del Plata, Campana, entre otros. Pero más que lo cuantitativo, siempre nos importó especialmente la reflexión, resolución y discusión con todos los actores que intervienen en las señalizaciones porque no queremos que esto sea una imposición. No aceleramos los tiempos, sino que abrimos las propuestas a las miradas de todos. Pretendemos con esto sobrevolar las direfencias partidarias, con el sentido de llevar adelante una política pública en defensa de los derechos humanos.

-Con respecto a los sitios de memoria ¿Cómo se organiza la gestión de los mismos?

-En cada lugar es distinto. Por lo general, la administración es conjunta: el gobierno nacional acuerda la gestión de los sitios de memoria con las provincias o con la ciudad autónoma de Buenos Aires, y se reserva la tarea de preservación de infraestructura. Asimismo, se constituye un directorio al que se integran los organismos de derechos humanos, lo que garantiza que estos espacios sean la expresión de las miradas de todos en función de una política de estado. Actualmente funcionan en el país 24 sitios de memoria, en los que se desarrollan actividades culturales y educativas tendientes a la construcción de la memoria colectiva.