La comunidad LGTBIQ de La Plata se movilizó este jueves para exigir que el Estado provincial  reglamente con urgencia la ley 14.783 y se otorgue el 1% del cupo laboral dentro del sector público a personas travestis, transexuales y transgéneros. Desde el 2015 rige esta ley en la provincia pero continúa sin ser reglamentada por el Ejecutivo. Las organizaciones denuncian que, ante la escalda de violencias que padecen por parte de la policía, el Estado debe garantizar y promover la igualdad real de oportunidades en el empleo.

ANDAR en las movilizaciones

(Agencia) El pasado 2 de septiembre personal de la comisaría 9 detuvo sin motivo previo a 25  mujeres trans y travestis que se encontraban trabajando en la llamada Zona Roja de La Plata. En un operativo de características inusitadas se violó todo tipo de reglamentación en cuanto a garantías de derechos con la excusa de combatir el narcotráfico.

El modo en que se arman las causas contra las travestis de la región es preocupante para todas las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad LGTTBIQ. Detenciones policiales arbitrarias, sin investigaciones previas ni orden judicial, hacen que la policía opere en términos de razzias sobre el colectivo trans y travesti de la ciudad. Las requisas que se practican en la vía pública son vejatorias y vulneran la ley de Identidad de género; la policía lleva a los operativos a personal femenino pero practica las mismas en la calle obligando a las chicas a sacarse la ropa interior delante de los efectivos varones. Esto, además de ser una violación a los derechos humanos, es planteado por la CIDH como tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Desde la Campaña por la implementación del la ley de cupo laboral trans nos solidarizamos con todas las compañeras que están en situación de prostitución», dice Valentina Pereyra, trabajadora municipal trans reincorporada, integrante de ATTTA La Plata (Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina). «Las razzias policiales tienen diferentes objetivos, por un lado hacerse de la recaudación para la caja chica de las comisarías a través de las coimas que se les exigen a las trans y travestis para poder trabajar tranquilas y pagar su libertad. Por otro lado, se criminaliza y estigmatiza a los cuerpos disidentes, migrantes, pobres, siendo esta la única política pública que hasta el momento ha tenido tanto el gobierno municipal  como el Gobierno de la Provincia de Bs As. Es por esto que salimos a denunciar, visibilizar y exigirle a los Estados, provincial y municipal que se de el cumplimiento efectivo de la ley porque las compañeras siguen estando ahí paradas no porque quieren sino porque no tienen otra posibilidad de inserción laboral real”, explicó para ANDAR la activista.

“Con el gobierno provincial estuvimos reunidas en la Secretaría de Derechos Humanos hace un mes porque es la encargada de la reglamentación. Nos llamaron y dijeron que había una clara intención de avanzar, nos pidieron a las organizaciones que realicemos los aportes necesarios y nosotras coincidimos que hay varios puntos en la redacción de la ley que son excluyentes para la comunidad trans. Nosotras vamos a pelear y mediar para conseguir una reglamentación que se adecue a la realidad de la comunidad trans de la provincia. Los requisitos existentes, si la actual ley se implementa, continúan dejando fuera a más del 90% de las chicas. Hay demasiados requisitos como por ejemplo el nivel secundario, experiencias laborales anteriores, edad, antecedentes penales que la mayoría no podría ingresar porque no cumple con todo lo pedido. Los cuatro grupos que estamos participando hicimos los aportes y quedaron en llamarnos para un debate final. Estamos esperando”, concluyó Valentina.

La movilización concentró en las calles 1 y 64  y marcharon hasta las puertas de Gobernación, pasando frente a la comisaría 9na vallada con un fuerte operativo de seguridad.