Este miércoles 20 de mayo se cumple el primer aniversario de la persecución mortal de la Policía Bonaerense del destacamento comunal de San Miguel del Monte que terminó con la vida de Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo, e hirió gravemente a Rocío, la quinta víctima y única sobreviviente. La causa 2118 tiene 13 imputados en el tramo principal de la causa: doce policías bonaerenses —ya desafectados de la fuerza— y el entonces secretario de seguridad del municipio están acusados por su participación directa en el hecho; cuatro por homicidio y el resto por encubrir el crimen. Otros agentes de la estación comunal y tres miembros de policía científica de Cañuelas también son investigados. A un año de la masacre, presentamos un informe especial con el estado de la causa y las voces de familiares de las víctimas: la organización, el acompañamiento del pueblo y el valor de la justicia.

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ANDAR en Monte

(Agencia) A las 10 de la mañana del 20 de mayo de 2019, un vecino llama a Juan Carlos Sansone para decirle que tenía cartuchos de las balas que la policía había disparado esa madrugada cuando perseguía el auto en el que paseaba Danilo, el hijo de 13 años de Juan Carlos y Gladys Ruiz Díaz, junto a sus amigos y amigas. A pesar que desde el primer momento testigos aseguraron haber visto la persecución y escuchado los disparos, esa mañana, en una conferencia de prensa improvisada, el subcomisario Julio Micucci habla de un “accidente”. Y agrega: “Estamos todos consternados por esta fatalidad”. Micucci está detenido con prisión preventiva, imputado por el delito de encubrimiento.

Como era habitual en San Miguel del Monte, adolescentes y jóvenes se reunían en la plaza principal a rapear, andar en skate o sólo por juntarse. La noche del 19 de mayo del año pasado, Danilo y su amigo Gonzalo Domínguez (14) se encontraron con sus compañeras de escuela Camila López (13) y Rocío Quagliarello (13). A la plaza llegó también en su auto, un Fiat Spazio, Aníbal Suárez de 22 años; los adolescentes se subieron y comenzaron a dar vueltas por el pueblo.

Durante ese paseo, un patrullero comenzó a perseguirlos; en el barrio Montemar, otro móvil policial pretendió emboscar el Fiat Spazio: el oficial Manuel Monreal dispara contra el auto, una bala impacta en el cuerpo de Gonzalo. Con él herido, el Fiat bordea el camino de la laguna y luego enfila hacia el centro. En las cámaras de seguridad se observa parte de esa persecución: se ve la camioneta conducida por Leonardo Ecilape y al capitán Rubén García que saca su cuerpo por la ventanilla para disparar.

En la colectora de la ruta nacional 3, a la altura del barrio San Bernardo, el auto impacta contra un acoplado que se encontraba estacionado. Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar. Sólo Rocío sobrevivió después de estar casi un mes internada con múltiples lesiones de gravedad.

Danilo era el segundo de diez hijos e hijas de la pareja. A un año de su muerte, en un documental especial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), su mamá Gladys dice: “Necesito que se haga justicia porque necesito recuperar ese amor, ese cariño y ternura que siempre tuve para mis hijos en mi vida, para mi familia. Yo tengo que amarlos y cuidarlos a ellos. Yo sé que el momento en que lo voy a recuperar es cuando se haga justicia”.

La causa 2118 —a cargo del fiscal Lisandro Damonte, titular de la UFI Nº 1 de Cañuelas— tiene 23 imputados. De todos ellos, 13 son investigados en el tramo central del expediente: la persecución policial y el encubrimiento. El Capitán de la Policía Rubén Alberto García y los oficiales  Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez por homicidio; el subcomisario Micucci y los oficiales José Manuel Durán, José Alfredo Domínguez, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Nadia Alejadra Genaro y Melina Noelia Bianco por falsedad ideológica de instrumento público agravado y encubrimiento agravado. Por último, el teniente Héctor Enrique Ángel y el entonces secretario de seguridad del Municipio Claudio Martínez están imputados por encubrimiento agravado.

En junio pasado, el fiscal pidió la prisión preventiva de todos los imputados. La medida fue ratificada en parte por el juez de garantías platense Eduardo Silva Pelossi quien dictó la falta de mérito de Righero y Gutiérrez y ordenó liberarlos. Pocos días después, la Cámara de Apelaciones de La Plata también decidió la excarcelación de Nadia Genaro por considerar que no estaba en posición de obstaculizar la investigación. Righero, Gutiérrez y Genaro siguen sometidos al proceso.

Por su parte, el ex funcionario municipal Claudio Martínez accedió en las últimas semanas al arresto domiciliario por ser parte del listado de las personas en grupo de riesgo frente al COVID19.

Cabe recordar también que, en paralelo, la auditoría general de asuntos internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, tras realizar la investigación administrativa, desafectó a las y los policías involucrados.

Además de estos trece imputados, en otro tramo de la causa el expediente judicial investiga a siete agentes policiales que prestaban servicio en la estación comunal de San Miguel del Monte. También están acusados por incumplimiento de los deberes del funcionario público tres integrantes de la Policía Científica de Cañuelas que intervinieron en las primeras diligencias investigativas.

A un año de la masacre, voceros judiciales informaron a ANDAR que existe en el expediente un «importante grado de certeza» sobre lo ocurrido y que “la elevación a juicio es inminente”. En abril, se dispuso el cierre de sumario, un acto procesal previo a la elevación a juicio que permite a las partes aclarar o revisar algún punto de las pruebas peticionadas.

La fuente de la fiscalía señaló también el esfuerzo de las tareas investigativas que permitieron llegar a esta instancia, entendiendo la magnitud y complejidad del caso: «Hubo que revertir con actos procesales las demoras y acciones para ocultar pruebas y la verdad de los hechos pergeñadas por los mismos funcionarios policiales sobre los que recaía preliminarmente la obligación de investigar el hecho», detallaron.

“La actuación rápida y eficaz, en causas donde se investigan a funcionarios policiales, es sumamente importante para garantizar la producción de pruebas e impedir que los rastros del delito sean fraguados”, valoró la directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM, Margarita Jarque, que patrocina a las familias de Danilo Sansone y Camila López. Y destacó también el trabajo articulado con la abogada Dorina Bernardes, que ejerce el patrocinio de las familias de Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez, y del Dr. Ricardo  Minoli en representación de Rocío.

“En este proceso caso conseguimos que la justicia tenga un abordaje general de la masacre, una investigación que apuntó a los distintos planos de acción y modalidades que tienen los casos de violencia institucional: las responsabilidades directas, la trama de encubrimiento y también la revictimización de las víctimas a través de intimidaciones y amenazas”, agregó Jarque.

En ese sentido, a partir de las pruebas que forman parte de la causa principal, y por pedido de todos los particulares damnificados, el fiscal Damonte ordenó una causa por separado contra la entonces intendenta Sandra Mayol y Nelson Barrios, un funcionario del cuerpo de bomberos municipal, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se investiga si conocían o fueron parte de las acciones corporativas de encubrimiento que se desplegaron para ocultar la responsabilidad policial en el hecho.

“Ella apoyó la teoría y la versión de la policía y del secretario de seguridad antes de creer en nosotros, en los familiares. Eso me dolió muchísimo y de ahí en más empecé a verla como responsable, y lo es. Es una responsable política, ella tendría que haber sabido cómo se manejaba la policía y me parece muy raro que no supiera todo lo que pasaba en Monte con la Policía”, cuenta Yanina Zarsoso, la mamá de Camila López.

La última de las causas en torno a la masacre se inició por una denuncia de la CPM por tareas de inteligencia ilegal y actos intimidatorios y amenazantes contra familiares de la masacre; esa presentación se encuentra, actualmente, en la Corte Suprema de Justicia que debe decidir si la instrucción corresponde a la jurisdicción de la justicia provincial o federal.

El compromiso del pueblo con la verdad y la justicia

“Si nosotros nos hubiéramos quedado quietos y no hubiéramos hecho todo lo que hicimos con las evidencias, testigos, esto hubiera quedado como un accidente, como lo plantearon desde el principio”, señala Gladys, la mamá de Danilo, al momento de hacer un balance de la causa.

Inmediatamente después del impacto entre el Fiat Spazio y el camión, comenzó a desplegarse un plan para encubrir el crimen, para hacer pasar la masacre como un simple accidente de tránsito. Los mismos policías que intervinieron en la persecución policial se hicieron cargo de la escena para eliminar cualquier rastro que pudiera inculparlos.

Sobre esas primeras horas, Nicolás Sansone, el mayor de los hermanos de la familia, recuerda: “Fuimos despacio hasta donde pasaron las cosas, llegamos y eran todos policías, como 20 policías, mirando todo, buscando todo. Habré estado dos minutos y como me hacía mal me fui. A la hora quisimos ir de vuelta y cuando llegamos ya no había, no dejaron nada”.  Las maniobras de encubrimiento continuaron después con la falsificación de procedimiento labradas esa madrugada.

Una sola cosa no pudieron controlar: el compromiso de los vecinos y vecinas para que se conociera la verdad. “Creo que si no hubiese sido por la gente no hubiésemos logrado nada de lo que logramos”, asegura Yanina Zarsoso.

Una de las pruebas fundamentales que permitió desmontar la versión del accidente fue aportada por Alexis, un empleado del centro de monitoreo, que presentó un video grabado con su celular de la persecución policial en donde se ve al capitán Rubén García sacando el cuerpo por la ventana del acompañante en posición de estar disparando. La imagen que horas después de la masacre recorrió todos los portales y canales nacionales.

Los agentes involucrados dijeron que el capitán de la policía no estaba disparando sino iluminando con una linterna para tomar registro de la patente del auto. La mentira no aguantó demasiado: otro vecino, por voluntad propia, siguió el camino de la persecución y recogió tres vainas 9 mm. Las pericias posteriores indicaron que esas balas habían sido disparadas con el arma reglamentaria de García.

“Además hubo mucho compromiso porque se presentaron 70 testigos voluntarios en la causa desde el primer día, algo que es mucho. Muestra el compromiso de la sociedad”, agrega Susana Ríos, mamá de Gonzalo.

De todos ellos, Yanina rescata el valor del testimonio de Rodrigo: fue uno de los primeros en hablar, pero su declaración fue falseada en el acta labrada esa madruga. “Rodrigo, que es tan chico, pudo filmar ese momento, vio todo, vio el momento de la persecución, los tiros, vio a los nenes, los filmó y fue a la comisaría y lo denunció. No quedándose tranquilo con la denuncia, porque encima se la cambiaron, la modificaron toda, no se quedó con eso, fue y declaró en la ayudantía fiscal, y eso ayudó un montón”.

El martes, cuando todavía no habían pasado ni 48 horas de la masacre, el pueblo de San Miguel del Monte se reunió en la plaza principal para pedir justicia frente al palacio municipal. “Tengo que agradecer muchísimo el acompañamiento del pueblo porque fueron ellos los que desde un principio nos dieron mucha fuerza y nos impulsaron a hacer las marchas y exigir justicia. Tal vez sin ellos no hubiéramos podido”, valora Gladys.

La organización de las familias

Para las familias, la organización se fue dando como algo natural. La mayoría se conocían de antes pero la lucha estrechó esas relaciones. Lo primero, sin embargo, fue pasar el golpe, lo imprevisto: todas las madres aseguran que a ninguna, nunca, se le ocurrió que algo así podía ocurrir en Monte.

“Me acuerdo que, cuando pasó todo esto, yo no sabía para dónde agarrar y para dónde ir y una amiga me dice ¿porqué no vamos a la casa de los familiares, a ver qué están haciendo ellos?”, dice Yanina. “Fue muy difícil también porque obviamente somos cinco familias tenemos pensamientos distintos, formas distintas de ver  las cosas, pero así empezó el trabajo de conocernos”, agrega.

Blanca, la mamá de Aníbal Suárez, llegó a San Miguel del Monte tres días después del hecho, recién entonces conoció al resto de las familias. Recuerda que en su pueblo de Misiones, Concepción de la Sierra, los vecinos y vecinas hicieron una colecta para poder pagar el viaje hasta la ciudad bonaerense.

En esos días posteriores, mientras una parte de la historia ocurría en Monte, Loana Sanguinetti acompañaba a su hija Rocío que luchaba por sobrevivir: primero internada en el hospital de Gonnet, luego en El Cruce de Florencio Varela. Rocío fue dada de alta 25 días después, y Loana recuerda que llegaron casi en simultáneo a la marcha que se realizó al cumplirse un mes de la masacre: “Pude abrazarlos a todos y empecé a luchar con ellos, me empezaron a guiar”, sintetiza la mamá de la única sobreviviente.

A lo largo de todos estos meses, las familias adoptaron un lugar como el espacio de encuentro: el garaje de la casa de Susana y Omar. Y tiene un nombre “la madriguera”. Ahí se encuentran cada vez que tienen alguna novedad de la causa o cuando hay que organizar una actividad por el aniversario de la masacre. “La verdad que esos encuentros lo vivimos como si estuvieran todos los chicos juntos, es el momento adonde nos llevan ellos a juntarnos y luchar. Ellos, de donde estén, son los que nos dan la fuerza para que estemos juntos”, cuenta Susana.

Esos encuentros ya son mucho más que un momento de la organización y la lucha por justicia: forman parte de una trama afectiva que les permite también transitar humanamente el dolor: “Es como una segunda familia, nos contenemos entre todos, cuando uno se derrumba el otro lo levanta. Hubiera preferido que nada de todo esto hubiera ocurrido, porque los días pasan, los años pasan. Se va a cumplir un año de esto, y recordarlo día a día es como si hubiera pasado hoy. Quizás nadie entiende el dolor, porque por fuera somos fuertes pero por dentro estamos hecho pedazos”, explica Gladys.

La justicia, que esperan sea ejemplar y pronta, será otro momento de la reparación. A un año de la masacre se avanzó mucho y a la instrucción sólo le queda un paso por delante: el pedido de elevación a juicio. “Quiero justicia hasta el final”, cierra Loana.