La Comisión Provincial por la Memoria y el CELS participaron hoy en Washington de una mesa de trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; solicitaron que se mantengan las medidas cautelares otorgadas por el Complejo Penitenciario San Martín y la continuidad del proceso de seguimiento del organismo internacional frente a la emergencia humanitaria en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Estuvieron presentes representantes del gobierno nacional y el provincial, quienes reconocieron las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen denunciando ante la CIDH. La sesión fue presidida por el comisionado Paulo Vannuchi.

Andar en cárceles

(CPM/Agencia) El crecimiento de la tasa de prisionización que no se detiene, la prácticas de violencia y torturas sistemáticas, las alarmantes e inhumanas condiciones de encierro, las deficiencias graves en el servicio de salud penitenciaria que provoca muertes por causas evitables, las falencias en las investigaciones penales de hechos de tortura y la rehabilitación de comisarías como lugares de detención son los puntos más preocupantes de un diagnóstico que refleja la crisis humanitaria de las instituciones de encierro en el territorio bonaerense.

La situación no es nueva: ya ha sido reconocida por la misma CIDH, por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA) y, más recientemente, por la nueva gestión de gobierno que tomó nota del estado crítico del sistema de encierro en la Provincia y declaró la emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección de Salud Penitenciaria. Este diagnóstico obliga a los distintos poderes del Estado a avanzar en el logro de compromisos concretos y sustantivos a fin de impulsar políticas que logren modificar el grave estado de situación y puedan sostenerse en el tiempo.

Para la CPM -organismo que controla y monitorea los centros de encierro de la provincia de Buenos Aires- y el CELS, resulta imprescindible reanudar con las nuevas autoridades políticas nacionales y provinciales la mesa de trabajo implementada en el marco de las cautelares. El objetivo es seguir exigiendo y controlando que el gobierno avance en resoluciones concretas que pongan fin a esta persistente problemática que viola los derechos y garantías de las personas detenidas y constituye al Estado en victimario.

«El Estado provincial reconoció la crítica situación del sistema de encierro en su conjunto, y expresó su coincidencia plena con este grave diagnóstico. En este sentido manifestaron su decisión de abordar los problemas de violencia institucional, corrupción y sobrepoblación, coincidiendo en que la solución a este último problema no es construir más cárceles sino disminuir los índices de prisionización. La reunión fue buena: nunca el Estado provincial había reconocido el problema. Pero ahora que estamos de acuerdo en el diagnóstico se requiere de una decisión política clara para transformar esta realidad», expresó Roberto F. Cipriano Garcia, integrante de la Comision por la Memoria.

‎Como corolario de la reunión, las partes intervinientes acordaron mantener abierto el proceso de medidas cautelares para abordar la problemática de todo el sistema penitenciario bajo la supervisión de la Comisión Interamericana, y presentar a este organismo, dentro de los próximos 30 días, un cronograma con plazos preestablecidos para el cumplimiento de los temas de la agenda propuesta por los peticionarios, a fin de evaluar periódicamente el proceso.

Por otro lado, el Estado argentino, ante el pedido de la CIDH, aceptó recibir la visita del relator de personas privadas de la libertad, James Cavallaro, para evaluar el sistema de encierro provincial, y del comisionado Vannuchi, quien evaluará diferentes temáticas de derechos humanos en Argentina.

Los ejes de la agenda a trabajar desde los próximos días son: violencia y tortura, ‎sobrepoblación, atención de la salud y respuesta judicial efectiva frente a las torturas y muertes.

Contenido de la presentación realizada por la CPM y el CELS a la Comision Interamericana de Derechos Humanos

A casi cuatro años de las medidas cautelares concedidas por la CIDH para la protección de la vida y la integridad física de los detenidos en el Complejo San Martín, las graves condiciones de detención en Buenos Aires se han incrementado.

En su momento, en respuesta a las denuncias formuladas por la CPM y el CELS, y reconocidas por las CIDH, el SPB tomó medidas para lograr un nivel de ocupación que les permitiera manejar las unidades y reducir los hechos de violencia. En este contexto, la limitación al alojamiento de detenidos en el Complejo Penitenciario de San Martín significó que las unidades aledañas y las comisarías de ese departamento judicial sufrieran un notable incremento en la cantidad de detenidos dado que tuvieron que recibir a las personas a las que se les impedía el ingreso al Complejo. Sin embargo, la presión generada por el aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento y la consecuente sobreocupación de los restantes penales hizo que el Gobierno provincial no pudiera sostener las medidas de reducción de la población. A principios de marzo de 2016, la cantidad de personas alojadas en el Complejo alcanzó los mismos niveles de población que se registraban al momento del dictado de estas medidas cautelares por la CIDH.

El problema es estructural y, a pesar del reclamo de los organismos de derechos humanos y de la advertencia de la CIDH, “no se ha implementado una verdadera política que tenga por objeto erradicar integralmente las graves situaciones de encierro”, dice el informe presentado hoy ante la CIDH en Washington.

El mismo documento hace un relevamiento general del SPB y determina que, en la actualidad, la provincia de Buenos Aires registra la mayor cantidad de personas privadas de la libertad de toda su historia, alcanzado un nivel de sobrepoblación del 87%. El correlato inmediato de esta situación es el agravamiento de las condiciones de detención y la acentuación de las prácticas violentas y la tortura como forma de gobierno de las unidades penitenciarias.

A pesar de la restricción en el acceso a información confiable, la CPM ha registrado miles de denuncias de torturas y malos tratos que se incrementan año a año. Sólo durante 2015, el organismo presentó 2.994 acciones urgentes entre habeas corpus, ampliación de habeas corpus e informes urgentes. Estas acciones registraron 18.796 hechos de torturas o malos tratos.

Entre 2014 y 2015 en las instituciones de encierro en la provincia de Buenos Aires la tasa de muertes violentas -que incluye homicidios, suicidios y accidentes- aumentó un 25%. Al mismo tiempo, se produjo un incremento de las muertes por situaciones de salud no atendidas, que elevó la cantidad total de muertes de 121 en 2014 a 139 en 2015.

El sistema de salud penitenciaria ha sido extensamente relevado por los auditores de la Universidad de Lanús que, en el marco de la mesa de trabajo, constataron las serias deficiencias sanitarias dentro de las cárceles: la falta de atención médica, la escasez de medicamentos e insumos médicos y los problemas de acceso a la atención extramuros se combinan con condiciones inhumanas de detención y graves problemas de salubridad en los ambientes y los alimentos.

Las falencias en las investigaciones penales por hechos de tortura son otros de los puntos en la agenda de trabajo que requieren una respuesta urgente y que también fueron relevadas en el marco del trabajo de las mesas de cautelares. Como parte de esa labor, se implementaron algunas medidas, como la ‘Guía para la investigación de la tortura o malos tratos’ o la resolución que ordena que se investiguen todas las muertes ocurridas en lugares de encierro provincial; sin embargo, la ausencia de seguimiento de la implementación de esas políticas por parte del Ministerio Público va en contra de su eficiencia y marca la negativa del órgano encargado de la persecución penal de investigar y sancionar seriamente los hechos ocurridos en el encierro.

En sentido, la resolución 1535-15 dictada por la SCBA reconoció lo avanzado por la mesa de trabajo y se refirió a la Ley 14.687 que crea 21 unidades funcionales de instrucción y juicio (UFIJ) especializadas en violencia institucional y que aún no se han implementado.

Por último, el informe presentado ante la CIDH vuelve a señalar con preocupación la situación de detenidos en comisarías. La población alojada en estas dependencias aumentó en un 90%, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2015. El crecimiento exponencial de la tasa de prisionización, el altísimo nivel de sobrepoblación del SPB y la decisión de la provincia de Buenos Aires de sostener la política de alojar detenidos en dependencias policiales trae aparejado, además del hacinamiento, serios problemas de violencia y tortura y malos tratos.

El caso de una comisaría de San Vicente, denunciado recientemente por la CPM, basta como muestra de la crueldad que gobierna estos lugares: cinco mujeres de entre 20 y 30 años permanecían en una celda de tres por cuatro en estado de aislamiento extremo y sufrían torturas sistemáticas y abuso por parte de siete policías bonaerenses. La situación se agrava en este caso por la perspectiva de género en que se inscriben las violencias denunciadas.

Frente a este panorama, es indispensable ‎una decisión política clara que ordene medidas urgentes y efectivas que reviertan este diagnostico.