La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunió con ministros de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. El sentido del encuentro fue interiorizarlos acerca de reiteradas denuncias de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos ocurridas en lugares de encierro o a manos de las fuerzas de seguridad, agravadas por la emergencia en seguridad. Estuvieron presentes el presidente y vicepresidente de la CPM, Aldo Etchegoyen y Víctor Mendibil, los secretarios Mauricio Tenembaun y Roberto Cipriano García y la directora general Sandra Raggio.

ANDAR en la Justicia

(CPM – Agencia) Durante la reunión con los magistrados Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Hilda Kohan, Eduardo Pettigiani y Eduardo Néstor de Lázzari, la CPM expuso las conclusiones del Informe Anual 2015: la gravedad y extensión de las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Provincia por parte de las fuerzas de seguridad y de custodia, la continuidad del uso sistemático de la tortura, la situación carcelaria estructuralmente colapsada, sobrepoblada y con amplios índices de hacinamiento, y la alta tasa de prisionización. También se diagnosticó como muy crítico el alojamiento en centros de detención de jóvenes y en hospitales neuropsiquiátricos. En este marco, la CPM remarcó la necesidad de que los jueces sean garantes del respeto de los derechos humanos.

Aldo Etchegoyen, presidente de la CPM, evaluó que «la reunión fue muy positiva, presentamos un diagnóstico muy crítico de lo que sucede en los lugares de encierro y en la actuación de la policía. También planteamos la necesidad de contar con un Poder Judicial que garantice el respeto de los derechos humanos. La Comisión fue escuchada e informada de distintas medidas que se están llevando a cabo en ese sentido».

Muchas de estas preocupaciones fueron acompañadas por los ministros, quienes asumieron estar trabajando en el tema; en ese sentido, la SCJBA entregó una serie de resoluciones adoptadas durante el transcurso de este año que analizan distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema penal provincial y los derechos humanos.

Frente a estos problemas estructurales, la CPM -órgano de control y revisión de estas políticas- manifestó la necesidad de garantizar el funcionamiento de la garantía constitucional del habeas corpus, la implementación de la policía judicial y de medidas que garanticen la autonomía y compromiso de la defensa pública.

Entre las acordadas dictadas ayer, y atendiendo el reclamo de la CPM, se aprobó un protocolo que elabora “reglas prácticas para la actuación judicial en el marco de los habeas corpus individual y colectivo, vinculados con agravamiento de las condiciones de detención”. Esta decisión se fundamentó en un informe preocupante elaborado por la Subsecretaría de Personas Privadas de su libertad de la SCJBA: de los habeas corpus tramitados durante 2012-2013, un 38 % fue presentado por los propios detenidos sin asistencia letrada y, de éstos, el 17, 5 % fue rechazado sin ningún trámite. Además, sólo un 6 % tuvo luego la intervención de un defensor. Otro dato importante es que del total de habeas corpus, sólo en un 55 % se cumplió con la audiencia establecida en la ley; en la mitad de los habeas corpus los jueces no escuchan a las víctimas. Esto es muy grave, máxime si se considera que en el 51 % de los habeas corpus se denuncian torturas de agentes penitenciarios o policiales. Por otro lado, en el 39 % de estos casos ni siquiera se inició una investigación penal para determinar las responsabilidades de los agentes estatales.

Este diagnóstico coincide con el que la CPM viene haciendo visible hace tiempo; como se expresó en el Informe Anual 2015, “el Poder Judicial, lejos de contribuir a la protección de los vulnerables, descarga también su violencia en sistemáticas prácticas denegatorias del acceso a la justicia de los más indefensos”. La gravedad de esta situación impone tomar medidas urgentes. La Comisión espera que la acordada de ayer sea un punto de inflexión para que efectivamente los jueces hagan cumplir las leyes y asuman un rol de garantes de los derechos humanos.

También se señalaron los avances en el proceso de implementación de la policía judicial, y distintas medidas adoptadas para la implementación de la ley provincial de creación de fiscalías especializadas para la investigación de la violencia institucional.

En el último Informe mencionado, también se advirtió que la violencia institucional es avalada por el sistema judicial: “la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, es la regla”. En el marco de estas prácticas de impunidad, la CPM solicitó que se acelere el jury de enjuiciamiento al Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Morón, que absolvió a 11 policías acusados de la muerte de Fabián Gorosito, el joven que apareció muerto el 15 de agosto de 2010 en un descampado en Merlo. El asesinato había sido producto de una venganza por la relación sentimental que Gorosito mantenía con la pareja de un policía. Este no es el único caso: las dilaciones procesales a la hora de resolver los juicios políticos a jueces son la regla.

Roberto F. Cipriano Garcia, integrante de la CPM, expresó: «La Comisión viene denunciando las graves violaciones de derechos humanos que sufren cotidianamente las personas captadas o perseguidas por el sistema penal. La tortura sistemática, el tratamiento inhumano y el intento de neutralización de estas personas, los elevados índices de muertes en el encierro componen un paisaje que permanece en el tiempo porque no existe la decisión política de transformarlo. Frente a funcionarios que no cumplen con las leyes ni con las órdenes judiciales, necesitamos jueces responsables que las hagan cumplir y terminen con la impunidad que habilita la continuidad de estas prácticas».