La Comisión por la Memoria (CPM) presentó un informe especial a los legisladores nacionales que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene a su cargo la evaluación del decreto que modifica la ley de migraciones. Hoy la discusión pasó a un cuarto intermedio y se retomará en los próximos días. Desde el organismo esperan que los legisladores frenen este decreto que sólo consagra un mecanismo para la criminalización y deportación de migrantes, volviendo a la idea de la antidemocrática «ley de residencia» del régimen oligárquico del General Roca.

ANDAR entre leyes

(CPM) La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo inició hoy el debate en torno al decreto de necesidad y urgencia Nº 70/2017 que promueve una modificación de la ley nacional de migraciones (25.871). La CPM remitió a los legisladores que la integran un informe detallado solicitando su rechazo. Según se detalla en el escrito, el decreto “restringe derechos garantizados por una ley nacional, invocando una situación de necesidad que no se acredita y una urgencia que no se halla configurada por la problemática que revelan las estadísticas oficiales”.

El debate que tuvo lugar hoy no logró alcanzar el consenso de la Comisión y se decidió pasar a un cuarto intermedio. Según informaron desde la Comisión, el análisis pormenorizado de las modificaciones que impone el decreto y figuran en el informe de la CPM fue considerado por los legisladores como parte importante de los argumentos que se esgrimieron.

El informe expone datos estadísticos elocuentes, obtenidos de organismos oficiales, que desactivan el discurso oficial que intenta unir a los inmigrantes con el delito. Datos que surgen del propio Ministerio de Justicia de la Nación desmienten completamente los argumentos expuestos como centrales para la modificación de la ley.

En este sentido, la CPM señala que este decreto equipara la condición de inmigrante a la de delincuente y con eso legitima la estigmatización de amplios sectores de nuestra sociedad. Pero, además, vulnera la garantía del debido proceso e invierte el principio de inocencia, ya que el solo hecho de tener una causa sin condena firme es motivo para la expulsión. Resulta muy evidente que se trata de un mecanismo legal para legitimar la acción expeditiva de los procesos de expulsión que no aborda la cuestión de fondo.

Luego de repasar en detalle los puntos más conflictivos, el informe de la CPM concluye que el DNU 70/2017 es “de dudosa constitucionalidad, lesivo para con las garantías constitucionales de las personas migrantes, y sumamente regresivo respecto a los estándares internacionales de los derechos humanos que había consagrado la regulación prevista en la Ley de Migraciones 25.871”.

Por todo esto, la CPM insiste en la necesidad de rechazar el decreto y abrir un debate serio, profundo y con datos estadísticos confiables del que participen las organizaciones sociales que tienen una vasta experiencia en la materia.