En su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura, la Comisión Provincial por la Memoria se presentó ante la justicia, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mar del Plata, y solicitó una exhaustiva y rigurosa investigación judicial sobre el accionar del Intendente Guillermo Montenegro y sus funcionarios de la Secretaria de Seguridad del Municipio de General Pueyrredón contra personas que viven, duermen o trabajan de manera informal en la vía pública.

ANDAR en Mar del Plata 

(CPM) Desde principio de mes, el municipio desplegó en Mar del Plata  una serie de medidas coercitivas con detenciones, confiscación de objetos personales y malos tratos para sacar de las calles marplatenses a los comúnmente conocidos como “trapitos” y “limpiavidrios”. Diversos funcionarios municipales ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas en situación de calle o que realizan trabajos informales en la vía pública. Los funcionarios, con la excusa de hacer cumplir el código de faltas municipal, se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales.

La situación se vuelve más grave ya que estos hechos fueron convalidados y reivindicados por las autoridades que no sólo no ordenaron hacer cesar los mismos y omitieron denunciar las agresiones físicas ejercidas por sus funcionarios sino que el mismo intendente las difundió en redes sociales y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias, haciendo incluso apología de la comisión de delitos.

“Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales (efectivos policiales y agentes municipales), que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas. Este deber implica la protección de los derechos y garantías fundamentales”, señalaron desde la CPM y la APDH Mar del Plata en su denuncia penal ante la Fiscalía General de Mar del Plata.

La violenta intervención municipal, con golpes, agresiones y amenazas, está registrada en los videos que el mismo Montenegro comparte en sus redes sociales. Entre las atribuciones que no le corresponden a los agentes municipales se ven requisas en la vía pública y demoras a las personas lo que implica la limitación ilegítima de su libertad física.

Por estas situaciones ya se han presentado dos habeas corpus preventivos: uno del abogado Julio Hikkilo  ante el Juzgado de Garantías Nº 5 de Mar del Plata, a cargo del Juez Gabriel Adrián Bombini, y otro por el titular de la Defensoría N° 10 de Mar del Plata, Mauro Giacomaso, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de la jueza Rosa Frende.

“La exaltación (por parte del intendente) de este tipo de accionar de los agentes municipales, que implica la comisión de delitos y faltas respecto a los deberes de funcionarios públicos municipales, es una provocación fundada en el odio y desprecio a las personas en una situación de vulnerabilidad que se encuentran en la ciudad de Mar del Plata”, indicaron desde la CPM.

Mar del Plata suele ubicarse entre las ciudades con mayor desempleo. De acuerdo con los datos oficiales para el tercer trimestre de 2024 se ubicó en el cuarto lugar de los aglomerados urbanos con mayor nivel de desocupación, con el 8,4%,  junto a los partidos del Gran Buenos Aires. El acceso a la vivienda es otro de los problemas centrales para los marplatenses, situación que se agrava en temporada, cuando muchos de los alojamientos baratos y donde viven personas con bajos recursos o que subsisten del empleo informal se les vuelven inaccesibles porque se vuelcan al alquiler por día para el turismo.

“A esas personas son las que el estado municipal debe prestar aún más atención y velar por el cumplimiento de sus derechos básicos” remarca la CPM en su denuncia en la que define lo que viene sucediendo en Mar del Plata como  violaciones de derechos humanos y de violencia estatal. “Esto constituye un hecho de marcada gravedad institucional”, concluye en la denuncia y solicita una investigación exhaustiva sobre la posible comisión de delitos y su apología, racismo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.