En las cárceles bonaerenses el hambre es una situación generalizada. La Comisión Provincial por la Memoria hace años que monitorea y releva este tipo de hechos en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Ante la situación actual se elaboró un informe especial con datos estadísticos, testimoniales y análisis de los circuitos de insumos y compras, y se presentó ante los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de la Provincia.

ANDAR en las cárceles

(CPM) “Ni los perros quieren la comida que nos dan acá”, dice una persona detenida en la Unidad 5 de Mercedes. Es uno de los tantos testimonios incorporados en el informe que realizó la CPM en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y releva que, en las cárceles bonaerenses, la comida que llega a las personas detenidas es poca y de mala calidad, incluso se proveen alimentos vencidos.

La situación no es nueva, desde los primeros informes anuales que el organismo viene denunciando esta situación y las irregularidades en la provisión de alimentos. Entre 2015 y 2023 se  relevaron más de 10 mil hechos por falta o deficiente alimentación; esto equivale a 1.137 hechos por año, tres por día. «En los últimos años, hemos realizados distintos pedidos de informe a las áreas responsables de la provisión de alimentos en las cárceles bonaerenses, sin embargo no tuvimos ninguna respuesta», denuncian.

En este informe analizan los dos sistemas vigentes de provisión de alimentos en la actualidad –a granel y por viandas- con información estadística y testimonios, y se relevaron 47 cárceles y 6 alcaidías: 70 establecimientos penitenciarios, que en ese momento alojaban al 87% de la población carcelaria. «El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la alimentación, máxime en un contexto donde las personas dependen materialmente del Estado debido a la privación de su libertad ambulatoria. La falta o deficiente alimentación es tortura», definen en su análisis.

«Habiendo identificado distintos aspectos del problema, esperamos con este informe acercar a los poderes públicos un diagnóstico integral y actualizado en pos de favorecer la toma de decisiones que apunten a soluciones estructurales. Se trata de un problema urgente que requiere respuestas profundas e inmediatas», concluyen desde la CPM.

El informe puede leerse completo en la web del organismo.