El jueves 29 de marzo se llevó a cabo, en el anexo del Senado bonaerense y a instancias del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia, la tercera y última jornada de producción de prueba en el juicio político contra el fiscal de drogas de San Isidro, Claudio Scapolan. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura como querellante institucional en la causa penal que lo investiga por liderar una empresa criminal para el armado de causas, extorsión y comercialización de estupefacientes, acompaña como veedora el desarrollo del jury.

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(Agencia) Con la presidencia de la jueza Ana María Bourimborde, presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial N° 1 de La Plata, el juicio político comenzó el martes 27 de marzo a instancias del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Se resolverá la destitución o continuidad en el cargo del fiscal Claudio Scapolan, quien continua procesado en el fuero federal por delitos vinculados al narcotráfico, pese a que una decisión de la Cámara Federal de San Martín le dictó la falta de mérito parcial por los delitos mas graves.

Cabe destacar que en este jury se examinan las responsabilidades políticas y funcionales propias del ejercicio de su cargo y no la responsabilidad penal que pudiera llegar a probarse en la causa que lo ubica como líder de una asociación ilícita que entre 2013 y 2015 se dedicó al armado de causas, la extorsión y la comercialización de estupefacientes, entre otros delitos.

En este sentido, durante la primera jornada de debate se delinearon los ejes de la acusación a cargo del Fiscal General de Pergamino, Mario Gómez, y de la defensa, asumida por Luciano Locatelli y por el propio Claudio Scapolan. Asimismo, comenzó la ronda de testimonios que ratificaron los principales lineamientos de la acusación: la comprobación de una matriz delictiva en cabeza del fiscal Scapolan, responsable de múltiples delitos de gravedad institucional inusitados, que avasallaron derechos fundamentales de las víctimas y que, mediante irregularidades en su actividad funcional, se apropió de grandes volúmenes de estupefaciente para su posterior comercialización y de dinero por vía extorsiva.

Entre otros testigos clave, estuvieron la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez, quienes lograron avanzar con la investigación penal y el procesamiento de Scapolan y el resto de la banda criminal, hasta el insólito beneficio de la falta de mérito dictada el año pasado y convalidada por la Cámara Federal de Casación Penal. La magistrada enfatizó que los cargos contra Scapolan dañan el prestigio y la imagen del Ministerio Público Fiscal y que se trata de una red de delincuencia con preponderancia del rol del fiscal investigado. Asimismo destacó que en sus intervenciones en los casos por los que se lo investiga vulneró los principios de competencia territorial (decidió allanamientos de emergencia, sin presencia de magistrado, en distritos ajenos a su ámbito geográfico de actuación) y material (asumió causas vinculadas a la ley de drogas que debieran haber tramitado desde el inicio en la justicia federal), siempre con el objeto de obstruir y desviar las investigaciones.

Arroyo Salgado se detuvo en describir la compleja y numerosa organización criminal que actuó al menos entre 2013 y 2015 y que integraron efectivos de la policía bonaerense, abogados, los secretarios de Scapolan y supuestos «informantes anónimos», que en realidad eran otros policías o, directamente, nadie en particular.

Tanto Arroyo Salgado como el fiscal Domínguez dieron detalles reveladores sobre el caso conocido como Anacona o Leones Blancos, caso por el cual el Fiscal Scapolan posee un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de San Martín por el delito de falsedad ideológica. El supuesto llamado anónimo introducido al acta del allanamiento de Anacona, dando aviso a la DDI de Drogas Ilícitas de Quilmes de un cargamento de cocaína trasladado desde una quinta en Moreno hacia la zona norte y que permitió que los efectivos de la bonaerense conducidos por Scapolan robaran más de media tonelada del estupefaciente, nunca existió. El dato había surgido del financista, informante de los organismos de inteligencia y de seguridad y testigo arrepentido, Javier Guastini, quién fuera asesinado por un sicario el 28 de octubre de 2019, un día después de las elecciones presidenciales. Guastini informó al personal de drogas ilícitas del cargamento de cocaína perteneciente al Clan Loza, quiénes rápidamente y en articulación con Scapolán dispusieron un procedimiento ilegal con el objeto de «mejicanear» el cargamento.

Arroyo Salgado, además de aportar abundante información sobre el «modus operandi» de Scapolan, destacó especialmente los efectos de su intervención ilegal al arrogarse una competencia de no le pertenecía: cuando estas causas pasaron luego a la justicia federal ya había transcurrido el tiempo suficiente para que los altos responsables del transporte y la comercialización de los estupefacientes se hubieran sustraído de la justicia.

También declaró en la primera jornada una de las personas que sufrió un violento allanamiento en su casa y que fue forzado a entregar una enorme suma de dinero, 30.000 dólares en efectivo, para evitar el armado de una causa en su contra. Se trata de Sergio Santellán, cuyo apellido dio nombre a uno de los expedientes que se integraron a la causa penal contra Scapolan y el resto de la banda.

Ya en la segunda jornada del jury declararon dos fiscales de San Isidro en actividad, citados por la defensa del imputado, aunque sus relatos no terminaron de beneficiar o mejorar la situación de Scapolan. Por un lado, el fiscal Eduardo Rodríguez, actualmente a cargo de tres fiscalías de drogas: la de Pilar, la de San Fernando y la de San Isidro. «He dispuesto allanamientos de emergencia con habitualidad, dos por semana, cuatro o cinco al mes, y lo he ordenado incluso sobre domicilios distintos al departamento judicial desde el que he intervenido en cada ocasión. Por ejemplo, allanamientos en Banfield, La Matanza, Quilmes, San Antonio de Areco… nunca he tenido una crítica ni se ha declarado una nulidad posterior por haber decidido esas diligencias en otros lugares”, declaró.

Al ampliar su relato, el testigo aclaró que estos casos han ocurrido cuando se ha hallado droga en San Isidro (donde él es fiscal) y se ha determinado la procedencia del producto desde otra ciudad o distrito.

«¿Y qué haría usted como fiscal de drogas de San Isidro si alguien llama anunciando que en Quilmes, por ejemplo, habrá un movimiento de drogas?», le preguntó el fiscal general de Pergamino, Mario Gómez, a cargo de la acusación en el jury. La respuesta del testigo no fue la que hubiera beneficiado a Scapolan: «Si es en ese lugar específicamente, nada. Le digo al informante que le avise al fiscal del lugar».

Similar respuesta dio el otro fiscal citado por la defensa, Matías Vidal, quien actualmente se desempeña en la unidad fiscal sobre violencia de género de Virreyes, San Isidro, pero que entre 2016 y 2020 estuvo a cargo de la fiscalía de drogas en la misma ciudad. En caso de ser anoticiado sobre el transporte de estupefacientes en una ciudad de otra jurisdicción, y siempre que no termine en su ámbito geográfico de incumbencia, Vidal no tomaría ninguna decisión.

Y tanto en su experiencia como en la del fiscal Rodríguez, nunca un allanamiento o una diligencia ordenada por ellos resultó luego anulada en un juicio por severas irregularidades, como ocurrió con las actuaciones de Scapolan que terminaron con la absolución de todos los imputados en el juicio en el que se ventilaron las causas Anacona y Bustamante.

Otros de los testigos de la segunda jornada del jury fueron Alberto Scarinsi quien, el día del violento allanamiento a la casa de Santellán, llegó para cerrar la venta de un auto y terminó golpeado, reducido en el piso y finalmente detenido con una causa penal armada por la que debió cumplir tres años en la cárcel; Alberto Faccini, amigo de Santellán desde la infancia y vecino suyo, que también durante aquél procedimiento ilegal de la banda criminal tuvo que dirigirse hasta otra Ballester a la casa de la novia de Santellán para retirar una suma de 30.000 dólares que luego sería entregada a los policías; y el abogado Matías Pedersoli, quien trabajó algunos años en el estudio jurídico del letrado Semoline, pieza clave en el sistema de extorsión a las víctimas de la banda criminal en los momentos en los que se exigía dinero a cambio de evitar complicaciones en la justicia penal.

Cabe enfatizar que tanto los testigos Scarinsi como Faccini han recibido amenazas y advertencias en varias oportunidades, e incluso tres de los testigos previstos para este juicio político -integrantes de la familia Molina que también fueron víctimas en algún momento de allanamientos violentos en sus domicilios- desistieron de venir a declarar al anexo del Senado bonaerense «porque están muy asustados por las amenazas de la policía», tal como este martes anunció al tribunal el Fiscal General de Pergamino.

Ya en la tercera y última jornada, la de este jueves 30 de marzo, declararon otros integrantes del Ministerio Público Fiscal del departamento judicial de San Isidro convocados por la defensa, como los fiscales Gastón Garbus, Cosme Sebastián Iribarren y Patricio Ferrari. En todos los casos, lejos de mejorar la situación de Scapolan respecto a las irregularidades y falta de apego a las formalidades de la función fiscal que el imputado ejerció, los testigos complicaron la pretendida línea argumental del suspendido fiscal de San Isidro.

Quienes también prestaron testimonio fueron, entre otros, los dos exsecretarios de la UFI de Investigaciones Complejas, Gustavo Sanvitale y Maximiliano Jarisch, que resultaron imputados y procesados junto a Scapolan (aunque recientemente beneficiados con la falta de mérito) por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez. Tanto Sanvitale como Jarisch pasaron, desde diciembre de 2020, cinco meses detenidos en una cárcel federal.

El debate que resolverá la destitución o continuidad de Scapolan en el cargo pasó a un cuarto intermedio y se prevé que la próxima semana se conozca se realicen los alegatos de las partes y finalmente se dé a conocer la decisión del Jurado de Enjuiciamiento.

La CPM, en su rol de veedora, entiende que los numerosos testigos que declararon expusieron los actos ilegales que configuran el mal desempeño del magistrado, lo que además surge del procesamiento de Scapolan por el delito de falsedad ideológica. Como ya señaló la CPM en una declaración pública, el Poder judicial de la provincia de Buenos Aires se encuentra en un punto de inflexión que definirá su futuro: la impunidad de Scapolan dejará heridos de muerte los principios republicanos de gobierno y dañará gravemente nuestra democracia.