La CPM presentó su informe anual 2015 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Los datos analizados corresponden al período 2013-2014 y muestran graves violaciones a los derechos humanos por prácticas policiales y en cárceles, comisarías, centros de menores y neuropsiquiátricos. El informe asegura que los indicadores se dispararon desde el decreto de emergencia en seguridad del año 2014.

ANDAR en la Provincia

(CPM– Agencia) Las cifras son alarmantes: al menos 548 muertes, 600 % de índices de sobrepoblación en algunas comisarías, aumento de la tasa de encarcelamiento (207 personas cada 100 mil) llegando al récord histórico de casi 35000 detenidos, más de 20.986 denuncias por casos de tortura y malos tratos, uso sistemático de la prisión preventiva (60,4 %). Además, se detectó que 90 % de las causas que se tramita el sistema penal son casos de personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense, sin orden judicial previa.

La CPM presentó su informe anual 2015 ante más de 500 personas. FOTO: CPM

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires presentó su informe anual 2015 ante más de 500 personas en el teatro Coliseo Podestá de La Plata. Acompañado por familiares víctimas de la violencia institucional de todo el país, militantes y organizaciones sociales. Estuvieron presentes también, entre otros, la jueza del la SCJBA Hilda Kogan, Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, jueces, fiscales, defensores, legisladores, funcionarios de DDHH.

[pullquote]La CPM denuncia un aumento de la tasa de encarcelamiento (207 personas cada 100 mil) llegando al récord histórico de casi 35000 detenidos[/pullquote]
El informe da cuenta de un conjunto de prácticas y condiciones estructurales sobre las que se asienta la política criminal que la CPM ha denominado “el sistema de la crueldad”. Se trata de un de un trabajo pormenorizado realizado desde las áreas del Comité contra la Tortura y Justicia y Seguridad Democrática, que desde hace más de 10 años han constituido a la CPM en un mecanismo de monitoreo permanente y sistemático en el territorio bonaerense con reconocimiento nacional e internacional.

La publicación refleja la violencia estructural, la tortura y la degradación de los sujetos como herramientas de gobierno en todo el sistema de encierro bonaerense: cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos. Además, analiza cómo esas prácticas violentas son también desplegadas por las policías en los territorios habitados por los más excluidos de la sociedad. Y hace especial hincapié en la responsabilidad de las autoridades políticas que promueven esas continuidades punitivas, y las agencias judiciales que avalan las detenciones selectivas de las fuerzas mediante la figura de flagrancia.

«Quien viola los DDHH es el estado, son los gobiernos» dijo Adolfo Perez Esquivel.

Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la CPM, estuvo presente en la apertura del acto y expresó que “estos informes son un llamado de atención no sólo a las autoridades sino a toda la sociedad. Porque la democracia tiene una relación directa con la vigencia de los derechos humanos, y si estos se violan, las democracias se debilitan. Por eso hay que revisar las políticas sociales de inclusión y no aumentar la represión. Quien viola los derechos humanos es el Estado”.

Pérez Esquivel compartió la mesa con Hugo Omar Cañón y Roberto Cipriano García. Durante el desarrollo de la exposición del contenido participaron además Alicia Romero y Rodrigo Pomares. Elvira Meza, representante de familiares víctimas de violencia institucional, cerró el acto.

Perez Esquivel señaló la importancia de “insistir a los funcionarios para que en esta nueva etapa de cambios en el país tengan en cuenta que cada persona es única, que cada persona tiene derecho a una vida digna, a una vida justa. Hay que hablar de los derechos de los pueblos; son seres que necesitan ser respetados en su dignidad”.

El acto se inauguró con un video que describe los rasgos principales del sistema de la crueldad, analiza la evolución de las políticas de seguridad en los últimos quince años en la Provincia y denuncia sus principales consecuencias. Mauricio Tenembaum, Víctor Mendibil, Víctor De Gennaro, Susana Méndez, Elisa Carca, Ana Barletta, Luis Lima –miembros de la CPM- acompañaron la presentación.

[pullquote]desde distintos puntos del pais padecemos las mismas violencias sostuvieron los familiares de víctimas de tortura y gatillo fácil [/pullquote] Al finalizar el acto, familiares víctimas de la violencia institucional de todo el país que acompañaron la presentación del informe, leyeron un documento en el que expresaron que: “la violencia institucional nos golpea como familias y como sociedad, violando sistemáticamente los derechos humanos”. Y en este sentido, propusieron: “armar y fortalecer redes de acompañamiento para desnaturalizar la violencia.”

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Los números del sistema de la crueldad

-548 muertes en lugares de encierro de la Provincia: 286 ocurrieron en cárceles entre 2013 y 2014; 18 en comisarías durante el mismo período; 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” según la policía bonaerense entre abril y octubre de 2014; 133 muertes sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero entre febrero del 2012 y febrero de 2014.

-Récord histórico de casi 35000 personas detenidas en 2014 en la Provincia de Buenos Aires, con una tasa de encarcelamiento de 218,5 personas cada 100 mil. En 2013 había sido de 191,5.

-20.986 hechos de torturas o malos tratos contenidos en los 9.822 habeas corpus o acciones urgentes que se presentaron ante el Poder Judicial sólo por parte de la CPM.

-El 90 % de las causas que tramita el sistema penal provincial son casos de personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense, sin orden judicial previa.

-Al 1 de abril de 2015 había 1060 camastros y 2178 personas detenidas en comisarías bonaerenses, según el propio Ministerio de Seguridad. En La Matanza el índice de sobrepoblación en comisarías asciende al 523% de su capacidad en promedio, y en Lomas de Zamora al 470%.

-A la misma fecha, sólo el 39,6 % de los detenidos en la Provincia se hallaba condenado; el 45,7 % con prisión preventiva; y el 14,7 % con sentencia no firme.

-Más del 50 % de los detenidos cumple condena por delitos contra la propiedad.

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