José Luis Orellana (22) está en libertad. Fue detenido en mayo de 2013 acusado de asesinato. Sin pruebas, ni testigos, ni arma homicida, la semana pasada se realizó el juicio en su contra en el TOC 6 de San Martín. Aunque la Fiscal había pedido prisión perpetua, el tribunal lo liberó el viernes pasado y dictó sentencia absolutoria el miércoles 27 de mayo. La Comisión Provincial por la Memoria participó como veedora del proceso con la expectativa de un desarrollo justo.

ANDAR en la justicia

(Agencia) José Luis es sordo de un oído, tiene problemas del corazón y un retraso madurativo que le fue diagnosticado a los 15 años. La policía lo detuvo el 24 de mayo del 2013 acusado de haber asesinado a un custodio de un supermercado chino en un intento de robo, en el barrio Santa Brígida de San Miguel, donde vivía con su familia. Después de dos años de encierro en el penal de Mercedes y luego en la unidad 41 de Campana, se realizó el juicio cuya sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº6 de Morón, fue absolutoria.

El viernes 22 de mayo el TOC 6 de San Martín resolvió la absolución de Orellana

El viernes, durante la segunda audiencia, declararon testigos -entre ellos la madre de José Luis- y se leyeron alegatos. La única prueba en su contra fue una rueda de reconocimiento que no cumplió con los requerimientos mínimos.

“Los rasgos que describían al asesino eran: morocho, delgado y de ojos achinados y las otras personas que estaban junto a José Luis en la rueda de reconocimiento eran de tez blanca y robustos… nada que ver”, señaló Gabriela Conder, abogada defensora que desde el comienzo solicitó la absolución del imputado.

El viernes pasado luego de la segunda audiencia, la abogada manifestó estar “muy preocupada por la salud de José Luis, porque en la cárcel recibe tratos crueles, lo golpean y es un chico que necesita ayuda para defenderse porque tiene un retraso madurativo. No está en condiciones de estar detenido”.

La preocupación de la defensa se fundaba en un examen pisco-písico realizado por peritos que determinan que las condiciones en que se encontraba José Luis dentro del penal eran «preocupantes» y que el imputado no podía continuar detenido.

José Luis presentaba un estado físico preocupante: sufre de epilepsia, además de los trastornos previos al encierro, estaba sin comer y se encuentraba muy deprimido. «Le robaron todas sus pertenencias en el penal, no le dan de comer, y lo maltratan mucho. El sistema penitenciario es muy cruel y él es un chico que necesita una atención especial y que no puede defenderse en ese contexto de crueldad», señaló Conder.

En la audiencia, José Luis había declarado: “No puedo creer lo que estoy viviendo. Cuando la policía me detuvo les pregunté por qué me llevaban y me respondieron ‘en la comisaría te vas a enterar´”. «Si yo hubiera hecho eso, lo diría; pero yo no lo hice, soy inocente», dijo en sus últimas palabras.

Pese a esto, la fiscal Rosana Cuttitta calificó el hecho como robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio “criminis causae”, lo que implica una condena de prisión perpetua. Por su parte, la defensa pidió la absolución, debido a las distintas irregularidades de la instrucción policial de la causa y bajo los argumentos de “dudoso reconocimiento de los testigos sobre la presencia de José Luis en el lugar del hecho” y la “falta de pericias que comprueben la presencia de pólvora en las manos del acusado”.

El viernes por la tarde, después de la última audiencia, José Luis seguía detenido en Campana. Él, sus familiares, amigos y las organizaciones sociales que los acompañaron en este proceso, aguardaban la lectura de la sentencia prevista para mañana, jueves 28 de mayo.

Por la noche se conoció una decisión urgente del tribunal que, motivado por el estado de salud de Orellana y en vistas de la falta de prueba que ubique al imputado en la escena del crimen, ordenó su liberación adelantando una sentencia absolutoria. El sábado, una foto de José Luis en su casa, junto a familiares y amigos, circuló en las redes sociales.

La CPM participó del proceso en carácter de veedora con la expectativa de que el desarrollo del juicio se de en términos justos y no se vulnere los derechos del imputado. Asimismo, la CPM insistió en la necesidad de respetar el principio de publicidad de los juicios dado que al igual que otros juicios de similares características este se desarrollo en una sala con capacidad límite de seis personas, lo que limita, incluso, el acceso a la prensa.