El caso Agustín Ramírez ante la CIDH
A 29 años de su asesinato, la comisión de familiares y amigos de Agustín Ramírez, organismos y referentes de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa para anunciar la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), aportados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), demuestran que el Estado investigó a Agustín como militante político y social, y reconocen que “fue abatido el 05-06-88 por la policía de la provincia de Buenos Aires”. A 29 años, los responsables de su muerte siguen en libertad. «Los documentos de la DIPPBA nos dan la esperanza para reabrir la causa», dijo su hermano, Javier Ramírez.
ANDAR en la justicia
(Agencia) Militante de las comunidades eclesiales de base, Agustín Ramírez participó activamente en varios procesos de reclamos de tierras y fundó el asentamiento Tierras de Jerusalén de 8 hectáreas en Almirante Brown. También fue uno de los primero en objetar el servicio militar obligatorio. A Agustín lo asesinaron por luchar junto a los que no tenían y buscaban un lugar para vivir. Sus familiares, compañeros y amigos pelearon desde el primer día para que los hechos no quedaran impunes.
Como los juicios de la verdad pero de la violencia del Estado en democracia, en 2014 se organizó un juicio ético y político en la Universidad Nacional de Quilmes. En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó públicamente, por primera vez, documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que reconocen la responsabilidad de la policía bonaerense en el asesinato de Agustín Ramírez.
Ahora, tres años después, la CPM —junto a la comisión de familiares y amigos de Agustín Ramírez, organismos y referentes de derechos humanos— participó de en una conferencia de prensa realizada en el Serpaj, para anunciar la presentación ante la CIDH reclamando la apertura de la causa por secuestro, torturas y asesinato. No hay lugar para la impunidad ni el olvido.
«Una justicia que demora tantos años no es justicia, revictimiza a los familiares y debilita la democracia», señaló el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. Y agregó: «Por eso es importante recurrir a la CIDH para abrir un espacio de justicia que no existe en el país. Después de tantos años, nunca bajamos los brazos y seguiremos reclamando la reparación por el daño causado».
La presentación ante la CIDH se asienta en una prueba clave que aparece en los documentos sobre Agustín Ramírez que se encuentran en el archivo de la DIPPBA. En un informe sobre un festival a beneficio de los familiares de Agustín Ramírez que se realizó en San Francisco Solano en el año 1996 se revela claramente la responsabilidad policial: “Este militante de izquierda fue abatido el 05-06-88 por la policía de la provincia de Buenos Aires”.
El 5 de junio de 1988, un grupo de sicarios —que actuaba desde la lógica de las patotas militares de la dictadura— secuestró y asesinó a Agustín Ramírez y Javier Sotelo en el barrio de San Martín. Francisca, mamá de Agustín, dijo que cuando fue a reconocerlo a la morgue pudo ver en su cuerpo las marcas de la tortura. Unos días antes de su muerte, Agustín denunció al personal de la comisaría de Rafael Calzada por reprimir a la gente que el 9 de abril había intentado ocupar un predio de diez hectáreas, cuya propiedad se la adjudicaba una inmobiliaria que también decía ser dueña de las Tierras de Jerusalén, el asentamiento que él mismo había fundado. Es la propia DIPPBA la que vincula la muerte de Agustín con esos hechos.
«Florencio Reyes, el enfermero que ve el cuerpo de Agustín, fue el primer testigo. Conocía a mi hermano y nunca pudo declarar porque fue perseguido y torturado hasta que decidió irse a Paraguay. Otro testigo relevante fue asesinado y así la causa se cerró sin más testimonios. En 2014, la CPM nos acerca los archivos de la DIPPBA: ese elemento nos da la esperanza de que la causa se reabra», explicó Javier Ramírez, hermano de Agustín, durante la conferencia de prensa.
Los agentes de la DIPPBA mantuvieron la inteligencia sobre este caso hasta 1996 y comenzaron a asociar los actos de la comisión de familiares y amigos de Agustín Ramírez con otros casos que denunciaban a la policía por hechos de violencia y el asesinato de jóvenes. Así, el registro no sólo comprueba que el Estado investigó a Agustín Ramírez como militante político y social sino también cómo siguió observando el reclamo de justicia de quiénes buscaban justicia.
«En la presentación ante la CIDH, señalamos que el asesinato de Agustín es un crimen de lesa humanidad porque nos afecta a todo y no puede no juzgarse. La impunidad por Agustín tiene que ver con todos los casos de violencia institucional que siguieron a su muerte y que siguen sucediendo, porque si no hay justicia esos delitos se vuelven a repetir», argumentó Alejandro Bois, abogado de la familia e integrante de la APDH-La Matanza. «Hoy estamos cumpliendo un paso más en el camino de justicia, exponiendo ante la CIDH el veredicto del juicio ético y político, aportando todas las pruebas y solicitando la intervención del organismo internacional para que la justicia argentina reabra la causa, agregó Pablo Pimentel, también de la APDH y compañero de militancia de Agustín.
A pesar de los numerosos testigos del secuestro de Agustín y Javier, de las marcas de torturas en el cuerpo, del hostigamiento y persecución que venía sufriendo, la causa judicial fue cerrada. El único acusado fue un ex policía federal, pero no fue condenado sino recluido en una institución psiquiátrica, y luego salió en libertad.
Sin embargo, el derecho a la verdad no puede cerrarse. Desde el primer momento, los familiares y amigos de Agustín buscaron justicia y, 29 años después, lo siguen haciendo. «Vamos llegando de a poco la justicia, siempre supe que esto no iba a terminar en la impunidad», cerró Francisca, mamá de Agustín. 29 años después, Francisca sigue luchando y recordando a Agustín de la misma forma: «Él nunca paró mientras alguien estuviera pasando hambre o no tuviera un lugar donde dormir. Donde había una injusticia, Agustín estaba y nosotros tampoco podemos permitirnos parar. El espíritu de lucha de Agustín nos acompaña».