PRONUNCIAMIENTO Despenalización y legalización del aborto: una cuestión de salud pública y derechos humanos
El colectivo de organizaciones del ámbito de la salud y los DDHH nucleado en el Movimiento por el Derecho a la Salud en defensa de una salud pública universal, gratuita y de calidad para todxs en Argentina realizó un pronunciamiento en torno al debate por la legalización del aborto.
(Movimiento por el Derecho a la Salud PBA) El tema forma parte de los debates que como Movimiento por el Derecho a la Salud, en su composición, producimos a diario con la necesidad de avanzar en una legislación integral que garantice el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el sistema público de Salud, y que este derecho sea accesible y efectivo bajo la responsabilidad del Estado.
Acompañamos y sostenemos esta lucha histórica del movimiento mujeres por el principio de la autonomía de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. La defensa irrestricta de los Derechos Humanos, y en particular de la Salud Pública, son los postulados de la conformación del MDSPBA. Es propicio el cambio cultural y social que significa el debate instalado en el Congreso Nacional sobre el tema, esto último es gracias a la lucha incansable y sostenida de los colectivos de mujeres organizadas.
Los últimos datos oficiales disponibles del Ministerio de Salud de la Nación (2016) señalan que el 17.6 % del total de las muertes de mujeres embarazadas fueron provocadas “por un embarazo terminado en aborto”. En la provincia de Buenos Aires, también según datos oficiales del mismo año, dos de cada diez muertes maternas tuvieron como causal “complicaciones de un aborto”. Esto ubica al aborto como la principal causa individual de la mortalidad materna, un grave problema sanitario causado por la inequidad social y las prácticas clandestinas e ilegales.
Las políticas de ajuste de los gobiernos en todos sus niveles (nacional, provincial, municipales) han llevado a la desarticulación de los programas responsables de poner en marcha tanto la Ley Nacional 26150/2006 como su correlato en la Ley Provincial 14774/2015, de Educación Sexual Integral (ESI). Tampoco está garantizada la accesibilidad plena a los métodos anticonceptivos que prevé el Programa de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) y se ha obstaculizado, de diferentes maneras, la posibilidad de instrumentar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los casos contemplados en nuestro Código Penal desde hace muchos años, negando la provisión de misoprostol para evitar prácticas cruentas. Es necesario recordar que los medicamentos recomendados para el aborto están en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 2005.
Desde el Movimiento:
• Apoyamos el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado ante el Poder Legislativo Nacional por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
• Exigimos políticas públicas integrales y presupuestos adecuados que garanticen la cobertura integral de las mujeres y personas gestantes del colectivo LGTB que decidan interrumpir un embarazo no deseado, bajo los principios de universalidad, gratuidad y accesiblidad en el ámbito de la Salud Pública.
• Exigimos que para las personas que desean llevar un embarazo a término se garanticen la cobertura integral bajo el paradigma del parto respetado y del sistema de protección de derechos para lxs niñxs, adolescentes y jóvenes.
• Bregamos por la producción pública de los medicamentos adecuados para llevar adelante la práctica ILE y su distribución amplia en todo el sistema de Salud.
• Reafirmamos nuestro compromiso con los postulados básicos de #Educación Sexual para decidir #Anticonceptivos para no abortar #Aborto legal para no morir.