INVESTIGACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE NACIÓN Denuncian a ex funcionarios por la represión que terminó con la muerte de Santiago Maldonado
El Ministerio de Seguridad de Nación, tras una investigación interna, denunció penalmente al ex jefe de gabinete de la cartera Pablo Nocetti y dos ex funcionarios de Gendarmería Nacional por sus responsabilidades en la represión al Pu Lof de Cushamen que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. También, según la denuncia, posterior al hecho hubo acciones para encubrir el hecho y obstruir cualquier sanción. La familia de Santiago y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellantes en la causa, había sostenido desde el primer momento la necesidad de investigar a los responsables políticos que dieron la orden de reprimir en el marco de una campaña de criminalización de la comunidad mapuche.
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(Agencia) Luego de siete meses de una investigación interna, ordenada por las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación, la cartera denunció penalmente a tres ex funcionarios por su participación en los hechos que desencadenaron la muerte de Santiago Maldonado y el encubrimiento posterior.
En el marco de una campaña de criminalización de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche, el 1º de agosto de 2017, Gendarmería Nacional desplegó una represión contra integrantes de la comunidad de la lof de Cushamen que estaban cortando la ruta. Ese operativo derivó en la muerte de Santiago; su cuerpo fue encontrado 78 días después en el río Chubut, murió ahogado cuando escapaba del violento operativo desplegado por Gendarmería Nacional.
En la denuncia penal presentada hoy, la cartera de seguridad de Nación sostiene que el entonces jefe de gabinete del Ministerio Pablo Nocetti, extralimitándose en sus funciones, impartió directivas a la Gendarmería Nacional para perseguir y detener a los manifestantes.
“Este accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017 […] podría configurar una violación de los deberes de los funcionarios públicos, excediéndose en el cumplimiento de las funciones que le era propia” y “dando instrucciones a la Gendarmería para actuar bajo la figura de la flagrancia para conjurar el accionar de la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), considerada terrorista”
Desde el primer momento, tanto la familia de Santiago Maldonado como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellantes en la causa que investigaba la desaparición forzada, habían advertido que Pablo Nocetti estuvo presente en el lugar y dirigió los operativos desplegados en esos días contra la comunidad mapuche de Cushamen.
Sobre la participación del entonces director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, la denuncia precisa que ordenó un operativo sin respetar los protocolos de acción vigente y que, al mismo tiempo, puso en riesgo a los efectivos de la fuerza que actuaron de la represión.
Al mismo tiempo, el informe cuestiona la legalidad de la orden ya que “tampoco había urgencia de llevar adelante el operativo en forma inmediata, dado que la interrupción del tránsito era reciente, no existe desabastecimiento en las localidades adyacentes y los vehículos se podían desviar por caminos de ripio alternativos, para asegurar la transitabilidad”.
El tercero de los funcionarios denunciados por las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad es el ex subdirector de Gendarmería Ernesto Tobino por sus acciones para encubrir a los efectivos que participaron del operativo. “Su accionar fue decisiva para que se lograra el resultado de obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior, colaborando de este modo a eludir y/o desviar las investigaciones sobre la actuación de la Fuerza, en particular de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo despeje en cuestión, favoreciéndolos con una verdades absolución administrativa”, sostiene el informe.
Por estas conductas podría estar incurriendo no sólo en abuso de la autoridad e incumplimiento funcional de los deberes de los funcionarios, sino también en encubrimiento agravado por haber sido cometido por funcionarios públicos.
La denuncia se conoció a las pocas horas de cumplirse el tercer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, mientras la causa que investiga su muerte se encuentra sin juez y a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.