Todas las alertas están encendidas en Mar del Plata como nuevo epicentro de un movimiento social que se opone a la explotación petrolera. Hay varias presentaciones realizadas ante la justicia que lograron que se abra la feria y buscan impedir la exploración sísmica en la costa atlántica. Las voces de los y las protagonistas en un frente que no es sólo judicial, es una pelea que también se da en las calles.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Andar) Cuando todavía chispeaba la efervescencia del Chubutazo que frenó el avance de la zonificación minera la noticia de un decreto que autorizaba la exploración petrolera frente a  las costas de Mar del Plata volvió a encender el alerta ambiental. El 30 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con la que se aprueba la realización de un proyecto de exploración sísmica en bloques ubicados a más de 300 kilómetros de General Pueyrredon.

Los rumores sobre la posibilidad de que se abriera la explotación petrolera ya corrían desde principio de año, pero la confirmación fue de todas formas un balde de agua fría. En julio alrededor de 400 personas, representantes de organizaciones, ambientalistas, vecinos y vecinas de Mar del Plata y la región de la Costa Atlántica habían, primero empujado para que se hiciera, y luego participado de una audiencia pública virtual donde más del 90% de las voces que se presentaron en los tres días que duró se manifestaron en contra del proyecto.

“Después de esa audiencia nuestro sentir fue que su contundencia iba a hacer que por lo menos durante este año no se expidan sobre si se aceptaba o no. Sobre todo después de una presentación de la cámara pesquera de Mar del Plata que puso paños fríos y se solicitaron otros informes para terminar los estudios de impacto ambiental”, cuenta Gonzalo Vergez, un abogado ambientalista integrante de la Organización MAR. Él es parte del equipo jurídico que trabajó y presentó un amparo ante la Justicia Federal para impedir que esta actividad avance.

La demanda colectiva se hizo en representación de nueve organizaciones de distinta índole, entre las que figuran Greenpeace encabezando el reclamo, y su objetivo es que el Poder Judicial declare la «inconstitucionalidad» y «nulidad» de la resolución de diciembre y de todas las decisiones de gobierno que la preceden y habilitan. Mientras tanto piden que se dicte una medida cautelar que la suspenda y “se ordene expresamente la inmediata paralización de cualquier actividad allí autorizada”.

La presentación se sumó a al menos otras cuatro acciones.  “Las distintas acciones y amparos  que se fueron presentando yo creo que terminaron siendo algo positivo, porque a veces es difícil coincidir en sentarse a trabajar a articular distintas formas y pensamientos en una acción judicial. Entonces cada uno llegó con el mismo fin, que esto se suspenda, que se pare con este delirio, pero enfocados desde distintos lados: algunos lo enfocaron desde la ausencia formal de evaluación de impacto ambiental, otros del lado de la afectación a las ballenas, el intendente desde su partidismo y su rol lo encaró por el de la falta de información y desde Greenpeace de una forma amplia con esta acción colectiva tendiente  impedir el avallasamiento en la cuestión climática”, explica Vergez y enumera los tres pilares que sostienen este amparo: Argentina está incumpliendo cuerdos internacionales, de vieja y reciente data; hay una grave afectación al ambiente – “las acciones locales tienen consecuencias globales eso ya está súper comprobado y queríamos encararlo de ese lado”, aclara-, y la falta de participación ciudadana.

“Cuando uno empieza a saber de qué trata la industria del petróleo y cómo afectó y afecta a otros países, como el caso emblemático del golfo de México es terrible. Saber lo que puede pasar con las costas de toda la provincia de Buenos Aires y cómo puede afectar las vidas de los bonaerenses es algo que te deja una sensación muy fea y de mucha decepción”, suma Carolina García Curilaf integrante de la Asamblea por un Mar libre de Petroleras, que se formó a partir de que se fueron enterando de la noticia e integra a distintas asambleas socio ambientales, partidos políticos, organizaciones vecinales, profesionales y de trabajadores.

Desde la asamblea se impulsa y sostiene otra pata de la lucha: la movilización y manifestación en las calles.  “Tenemos muy presentes las luchas socioambietales de otros territorios como el chubutazo que pudo frenar la megaminería a cielo abierto. Esto se ha convertido en un movimiento plurinacional, y hemos construido una red, estamos en contacto, sabemos lo que está pasando en otros territorios, es la unidad del pueblo pidiendo una transformación de esta forma de producción industrial que son nocivas para la vida de la tierra y las comunidades y las afectan de múltiples formas”, afirma García Curilaf.

“Esperemos que los oidos de la justicia estén en condiciones de poder escuchar, leer todos los argumentos que se están presentando y obrar en consecuencia. Falta un montón. Tenemos que cambiar como consumidores, necesitamos entender que hace falta una transformación energética, pero el cambio sólo como consumidores ya no alcanza, necesitamos políticas estatales que nos bajen una línea que diga, ya no más hidrocarburos. Y no se puede usar esto como excusa o fuente de pago de deudas internacionales, esto es parte de muchas otras cosas, de la megaminería en Chubut, del desmonte, del avance inmobiliario sobre áreas protegidas, y es parte de una política estatal y de gobierno”, coincide Vergez.

Ahora hay que seguir en compás de espera. “El futuro es incierto –agrega el abogado- sabemos que estamos dispuestos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias en la vía legal y en todas las instancias que sea necesario, así que esperaremos”.