CASO ARIEL CANNIZZO «Las reiteradas golpizas de la policía están directamente vinculadas con su muerte”
El caso de Ariel Cannizzo había llegado a la justicia con 4 policías acusados por apremios ilegales. El juicio se desarrollaría ante el Juzgado Correccional Nº 1 de La Plata a cargo de la jueza Miriam Patricia Ermili. La asociación civil Miguel Bru solicitó el cambio de calificación a homicidio agravado y que el juicio se realice ante un tribunal oral.
ANDAR en la justicia
(Agencia) Los policías Ricardo de La Canal -capitán hoy jubilado-, el teniente Roberto Percuoco, el teniente Ernesto Conti, y el oficial principal José Antonio Cácere estaban acusados por apremios tras una investigación en la que el fiscal Marcelo Romero se negó a varios pedidos de prueba presentados por los abogados de la Asociación Bru que permitían probar la vinculación de los golpes de los policías con el deceso de Ariel.
«Creemos que las reiteradas golpizas que sufrió Ariel por parte de la policía están directamente vinculadas con su muerte. El estado tiene que cumplir con el derecho de la familia de saber la verdad y garantizar un proceso judicial completo para saber las verdaderas causas de su muerte dentro de la comisaría», expresó Rosa Bru.
En lo que iba a ser la primera audiencia, los abogados de la AMB que representan a la familia solicitaron ampliar la calificación y que los hechos sean juzgados por un tribunal oral y criminal, pedido al que accedió la jueza Ermili por lo que el proceso quedó suspendido hasta que se sortee el tribunal que juzgará los hechos.
Al salir del juzgado Mónica Yllescas, la mamá de Ariel, aseguró que ahora puede tener otra expectativa respecto de la justicia: “con esta carátula sólo iban a tener una pena a lo sumo de 5 años y eso fue el tiempo que pasó desde que murió mi hijo y hoy se probó que no fue una muerte por enfermedad como querían decir. Gracias a Dios y a la ayuda de los abogados hoy puedo tener esta alegría de que puede probarse que a mi hijo lo mataron”.
El caso
La historia de Néstor Ariel Cannizzo, de 33 años, comenzó siendo un caso de persecución, hostigamiento y golpizas. Meses antes de su muerte, había sido detenido junto a su cuñado en la comisaría tercera de El Carmen a raíz de una discusión en un local de comida del barrio. Allí fueron golpeados y les abrieron una causa por resistencia a la autoridad.
Tras un breve y absurdo proceso de flagrancia a cargo de la fiscal Leyla Aguilar, el Juzgado Correccional 5, a cargo del juez Diego Tatarsky, lo condenó a seis meses -sin cumplimiento efectivo- tomando como única prueba las declaraciones de los policías que lo habían detenido. Tras estos episodios, la jueza de ejecución Claudia Matilde Marengo citó en distintas ocasiones a Ariel para que se presente en el juzgado. En todas esas oportunidades, los mismos efectivos que le habían armado la causa le llevaban las notificaciones vencidas. De modo inexplicable Marengo dictó una orden de detención para ser ejecutada por la misma comisaría.
La mañana del 21 de octubre de 2011 Ariel estaba durmiendo en su casa en Berisso; en forma arbitraria y sin orden judicial los policías imputados de la misma comisaría tercera de El Carmen irrumpieron en su casa y lo molieron a golpes. Frente a varios vecinos lo sacaron del lugar ensangrentado, a la rastra, y lo detuvieron unas horas en la seccional donde continuaron los golpes. En reconocimiento médico, en la comisaría segunda, el médico policial que lo atendió afirmó que Cannizzo se negó a ser atendido y no constató en su informe ni siquiera las lesiones evidentes.
Ariel fue trasladado a la comisaría cuarta de Berisso. Allí lo visitó su hermano Damián: lo vio golpeado, lleno de marcas y descompuesto. «Avisale a mamá que mañana sábado hay visitas», le dijo Ariel al despedirse. Pero Mónica Yllescas no llegó a verlo. Alrededor de las 7 de la mañana del 22 de octubre recibió una llamada de la policía de El Carmen. «¿Su hijo tiene alguna enfermedad?» le preguntó un efectivo de forma insistente, «porque su hijo murió de un paro cardíaco», remató. Esta pregunta fue reiterada con posterioridad en la UFI 6 a los vecinos testigos de la detención ilegal.
Las irregularidades estuvieron presentes desde el principio de la investigación, cuando la misma policía de DDI fue quien inicio la investigación y tomó declaraciones a los policías de la comisaría cuarta. El informe de la autopsia, a cargo de la Asesoría Pericial, sostuvo que no se podía asegurar que el paro cardíaco fuera consecuencia de lesiones traumáticas, y desvincula la muerte a las graves lesiones sufridas en zonas vitales. Sin embargo, un informe posterior de un perito de parte de la familia y la Asociación Miguel Bru afirma que descubrió lesiones evidentes en la zona de la garganta y lengua, y que la muerte pudo ser causada por las lesiones que sufrió Ariel por parte de los policías de la comisaría tercera de El Carmen.
«Le decretaron la rebeldía y pidieron su captura, cuando Ariel vivió desde que nació en el mismo lugar y nunca se fue de su casa», explica su mamá Mónica. Tras su muerte, la familia y los vecinos organizaron varias marchas en reclamo de justicia en el barrio, donde fueron dispersados a los tiros por la misma policía.