La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a la presentación de una medida cautelar de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por el estado de hacinamiento y superpoblación en que se encuentran las comisarías de la provincia de Buenos Aires. La situación, que reviste una extrema gravedad y no ha sido atendida por las autoridades locales, pone en riesgo la integridad física de las personas allí detenidas. Entre los datos relevados figuran: condiciones de hacinamiento, falta de agua y alimentación, aumento de las detenciones arbitrarias y superpoblación que supera el 500% en algunos lugares.

ANDAR en las comisarías

(Agencia/CPM) Las condiciones de detención de las comisarías de la provincia de Buenos Aires no escapan a la lógica de hacinamiento y superpoblación que caracterizan de manera estructural a todo el sistema de encierro. Pese a la vigencia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de diciembre de 2007, que cuestionó seriamente estas condiciones de detención y ordenó la clausura de los calabozos, continuaron las prácticas de vulneración de derechos básicos de las personas.

El monitoreo sistemático que la CPM realiza en lugares de encierro de la Provincia de Buenos Aires arrojó durante el 2014 datos alarmantes respecto de la situación en la comisarías que motivaron la presentación de una medida cautelar ante la CIDH. Este año, el organismo internacional notificó que «considera admisible para su evaluación» el pedido realizado y solicitó a las partes información y ampliación de pruebas.
Frente al requerimiento, el estado argentino solicitó una prórroga para informar respecto de la capacidad actual de las comisarías mencionadas en la denuncia, cantidad de personas detenidas, medidas de protección, observaciones sobre falta de acceso a agua potable y asistencia médica. Mientras tanto, la CPM ya cumplió con su parte y amplió sus informes originales.

El año pasado, en el marco de la declaración de emergencia de seguridad, entre otras decisiones, el gobierno provincial ordenó, mediante resolución Nº 642, la rehabilitación de alrededor de 200 calabozos, cuya clausura había sido dispuesta hace 5 años por el mismo Estado provincial ante recomendaciones de la ONU y la comisión interamericana de DDHH. Pero en la práctica el decreto fue un modo de legitimar lo que ya venía sucediendo de hecho.

En términos generales, los resultados de las inspecciones realizadas por la CPM han podido constatar que las comisarías poseen estructuras precarias, sin mantenimiento y muy deterioradas, escasa alimentación y aumento de las detenciones arbitrarias.
Este agravamiento de las condiciones de detención termina “fomentando y propiciando la tortura y, en definitiva, dando por tierra con las medidas progresivas que, al menos en lo cuantitativo, iniciaban una tendencia de reducción pronunciada de detenidos en comisarías”, consideraron desde la CPM.

En los calabozos conviven hacinados y en pésimas condiciones de infraestructura. FOTO: Andar

Las inspecciones fueron realizadas durante el 2014 y se concentraron especialmente en las dependencias de los departamentos judiciales de La Matanza y Lomas de Zamora, donde están ubicadas muchas de estas comisarías “rehabilitadas”.
Como resultado el organismo afirma en su informe que “las comisarías de la Provincia de Buenos Aires no cumplen con los estándares mínimos para el alojamiento de personas, los espacios destinados son inadecuados e insuficientes. Desde hace años mantienen índices estructurales de sobrepoblación, inhumanas condiciones de detención, prácticas arraigadas de violencia y tortura y carencia de un sistema de salud”.

Del análisis del relevamiento se desprende que la superpoblación en las comisarías inspeccionadas supera el 400%.

[pullquote]En La Matanza el nivel de superpoblación asciende a un promedio del 508% de su capacidad[/pullquote]
Esto lleva a preguntarse por los motivos de estos altos niveles de población encarcelada, que desde la CPM intentaron responder a partir de los datos que arrojan los libros de detención de las comisarías que fueron monitoreadas. Allí se pudo constatar que las intervenciones policiales y judiciales se concentran, en gran medida, en la persecución de delitos menores y en el uso desmesurado y cotidiano de detenciones arbitrarias o por averiguación de identidad.

[pullquote]Los detenidos en las 22 comisarías clausuradas del Departamento Judicial de Lomas de Zamora evidencian una sobrepoblación del 370%[/pullquote]
Sobre un universo de 725 detenciones efectuadas en 4 comisarias inspeccionadas en los primeros 3 meses de 2014, responden en un 73% a delitos con cuya pena en expectativa es baja y figuras arbitrarias. Se trata de figuras como, averiguación de identidad, averiguación de ilícito, amenazas, lesiones leves, falsificación de sellos, timbres y marcas o documentos, desobediencia, daños, encubrimiento, hurto o tentativa de hurto, lesiones culposas, resistencia a la autoridad, robo simple o tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo, usurpación o tentativa de usurpación, violación de domicilio, Ley de Migraciones (Nº 25871).

Pero ése no es el único motivo que engrosa los porcentajes. Por ejemplo, en Puente La Noria (Lomas de Zamora) el 46 % de las detenciones respondía a la tenencia de estupefacientes para consumo personal, esto implicaba que de 76 casos consignados en el libro de detenciones, 53 pertenecían a esta categoría. O en la Comisaria de Villa Galicia, se observaba un alto porcentaje de casos de “encubrimiento” que se imputaba a personas que se transportan en vehículos o moto-vehículos y no cuentan con documentación respecto de la titularidad de los mismos.

Las conclusiones indican que así los recursos policiales existentes se destinan a la persecución y criminalización de conductas que en la mayoría de los casos no se vinculan con episodios importantes de violencia o delito, y que “las detenciones frente a estos hechos (avaladas ampliamente por el Poder Judicial) sólo sostienen un circuito incesante de entradas a las Comisarías”. Asimismo, evidencian que los sectores perseguidos son mayoritaria y casi excluyentemente los jovenes de los barrios pobres.
Cabe entonces preguntarse si más policías, más encierro y más armas y patrulleros equivalen a medidas pertinentes para una mayor seguridad, sobre todo cuando esa infraestructura carece de control alguno. Ahora el Estado argentino pidió una prórroga a la CIDH para informar la parte que le toca sobre las consecuencias del decreto de emergencia. Ese plazo se cumplió el pasado 12 de mayo, el próximo paso lo dará el organismo internacional.