En el marco de la conmemoración por los 20 años de la desclasificación y gestión del fondo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) inauguró ayer el seminario internacional “Archivos de la represión y de derechos humanos”. Más de 500 personas de varios países de América Latina se inscribieron para participar de los paneles y mesas de ponencia que se realizarán durante toda la semana. “Los archivos son el fundamento del Estado de derecho, porque son esenciales para el ejercicio y para la defensa de los derechos de la ciudadanía”, destacó la archivista francesa, integrante del Consejo Internacional de Archivos, Perrine Canavaggio.

FOTO: Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala

ANDAR entre Archivos

(Agencia Andar) El 10 de junio de 1999, durante los Juicios por la Verdad, la justicia federal de La Plata dictó una medida de no innovar sobre el archivo de la Dirección de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA); esa decisión garantizó que se preservara integralmente el archivo. En diciembre de 2000, por Ley 12.642, el gobierno provincial cedió en comodato a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) el edificio donde funcionó la DIPPBA y la custodia de los archivos del espionaje.

El archivo de la DIPPBA consta de aproximadamente 4 millones de fojas y está organizado por fichas –hay más de 217.000 fichas personales– y legajos. Hoy es el único archivo desclasificado completamente en la región.

“Todavía tenemos en el país un déficit de normativa legal para la preservación y resguardo de archivos. Necesitamos una ley integral para el señalamiento, preservación y dotación de recursos para la recuperación de algunos fondos documentales de posibles resguardos de una memoria societal”, señaló la presidenta de la CPM Dora Barrancos en la mesa de apertura del seminario internacional “Archivos de la represión y de derechos humanos” que organiza la institución a 20 años de la desclasificación y gestión del archivo de la DIPPBA.

Más de 500 personas de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala, México y Brasil se inscribieron para participar de las distintas actividades del seminario que se realizarán durante toda la semana y mediante modalidad virtual.

Los pasados signados por experiencias límites de violencias masivas, llevadas a cabo por el estado o en el marco de conflictos armados internos, dejaron huellas en los registros documentales producidos por los perpetradores, por las organizaciones defensoras de víctimas y por las comisiones investigadores y la justicia.

Tras la mesa de apertura, se realizó el panel “Archivos y derechos humanos” con la participación de Perrine Canavaggio, integrante, del Comité Ejecutivo de la Sección sobre Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos (ICA, por sus siglas en inglés), el ex-coordinador del Archivo Histórico de la Política Nacional de Guatemala Gustavo Meoño y la archivista argentina Mariana Nazar, vicepresidente de la Sección de DDHH del Consejo Internacional de Archivos (ICA), Coordinadora del Grupo de Trabajo de Archivos y DDHH de la Asociación Latinoamericana de Archivos

“Hay en todo trabajo cotidiano en la gestión de fondos documentales una escucha por parte de los y las archivistas de las demandas del mundo social. Esta mesa es una oportunidad para pensar la tensión entre el archivo, el rigor por la preservación y la verdad que albergan y, a la vez, el compromiso político de estos profesionales”, expresó la integrante de la CPM Ana Barletta, durante la coordinación del panel.

La archivista francesa Perrine Canavaggio abrió la mesa y realizó una historización del campo archivístico y su vinculo con los derechos humanos: “Los archivos son el fundamento del Estado de derecho. El vínculo entre los derechos ciudadanos y los archivos es estrecho porque son esenciales para el ejercicio de sus derechos y para la defensa de esos derechos cuando son vulnerados. Esa es la primera razón para su salvaguarda”, señaló.

Tres años después de la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789, el Archivo Nacional de Francia crea el principio de libre acceso a los documentos que es afirmado por la primera ley de archivo. En los siglos siguientes el derecho a acceso ha sido progresivamente puesto en órbita en todos los países democráticos para favorecer la investigación histórica.

Tras esa etapa embrionaria, Perrine Canavaggio señaló que los avances decisivos fueron consecutivos de las violaciones a los derechos humanos en la Segunda Guerra Mundial y destacó en ese proceso los tribunales de Nuremberg  y Tokio que sentaron las bases de la justicia penal internacional, y la declaración universal de los derechos humanos en 1948, mismo año mismo de la creación del Consejo internacional de Archivos.

En las décadas siguientes, otros factores reforzaron el proceso de consolidación del vínculo entre archivos y derechos humanos: los procesos de democratización de países europeos, las caídas de las dictaduras en América Latina, de los regímenes soviéticos y el final del apartheid.

“La aparición de los expedientes de los archivos de seguridad evidenciaron la importancia de esos archivos para documentar las violaciones a los derechos humanos y planteó nuevos desafíos en términos de preservación y acceso: de elementos represivos a pruebas que permitieron conocer la verdad, obtener justicia y pedir reparación”, expresó Canavaggio.

Argentina: entre las políticas de memoria y el déficit normativo en políticas archivísticas

En esa línea y con una mirada regional, la archivista argentina e integrante también del ICA Mariana Nazar señaló: “En el marco de la justicia transicional, los archivos pasaron a ocupar un lugar en central en tanto que esos archivos pudieran aportar pruebas en las políticas reparatorias tras las masivas violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras en América Latina”.

Y agregó: “Fue la movilización social con el pedido para que se abran los archivos los que empujaron esas medidas. Fue la voz de los testigos y sobrevivientes la que permitió, en muchos lugares, realizar el mapa de la represión a partir del cual se pudieron identificar los archivos estatales”.

Desde la década del 90, se identificaron y transfirieron para custodia de organismos públicos, fondos documentales de Paraguay, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Chile y Argentina.

“Los archivos enfrentan la tensión entre los usos y posibilidad que pueden brindar para la historia, la memoria y el ejercicio de derechos. Esa tensión se asentó, a su vez, sobre un escaso desarrollo de políticas públicas sobre la preservación de los patrimonios documentales”, dijo Nazar.

Sobre la cuestión argentina en particular, Nazar también remarcó la existencia de un déficit en el marco normativo y la falta de una política general de desarrollo archivístico. “A partir de 2003, con las políticas públicas de memoria, el Estado no pensó el vínculo entre esas políticas de memoria y las políticas archivísticas. Creo que hubo un sobreentendido, se pensé que con las políticas de reparación iba a bastar para el desarrollo de una política integral de archivos. Sin embargo, fueron las prácticas concretas de las personas en las instituciones las que hicieron la diferencia y permitieron que archivos fueran trabajados en forma integral”, remarcó y destacó particularmente la gestión del archivo de la DIPPBA.

“En sus mismísimos orígenes, el objetivo asignado a la CPM fue la digitalización del archivo pero, a lo largo de estos 20 años, pudieron consolidar una experiencia de desarrollo integral del archivo que permitió que ese archivo no haya sido instrumentalizado. Muchas veces, cuando los fondos documentales no son tratados en forma integral, se los utilizan sólo en relación a sus aportes para la justicia, la reparación y la historia, ese tratamiento es instrumental hace que se extraigan algunas piezas y se desorden otras. Sin embargo, para cumplir esa triple función pública, la gestión de un archivo tiene que ver que no sólo con preservar la información literal sino, fundamentalmente, la información de contexto de producción de esos documentos”.

Guatemala: las presiones externas y la solidaridad internacional

“La solidaridad en el campo de los archivos y los derechos humanos es un aspecto que se mencionó poco y es una deuda. El archivo de la Policía Nacional se localizó en 2005 de manera fortuita, una situación increíble en un país marcado por la impunidad. En ese momento, varias organizaciones y la Defensoría del Pueblo nos vimos ante el desafío de gestionar un acervo, sin recursos y enfrentando la hostilidad gubernamental. Entendimos la necesidad de recurrir a la solidaridad internacional”, lanzó al comienzo de su exposición Gustavo Meoño.

Como parte de la estrategia durante estos para proteger al fondo documental y las personas que trabajan en él, el Archivo tiene dos consejos consultivos, uno nacional y otro internacional, presidido por el Nobel de la Paz y presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. Además, una copia de seguridad del material digitalizado se encuentra bajo custodia del Archivo Federal de Suiza.

El Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN) tiene 8 mil metros lineales, 80 millones de registro, que reúne la mayor parte de los documentos de la institución policial en sus 116 años de historia, hasta la reforma de 1997.

“Este acervo estuvo escondido desde 1996, año en que se firmaron los acuerdos de de paz. Con ese ocultamiento el gobierno civil y el Ejército perseguían dos objetivos: por una parte impedir que la Comisión de la Verdad, mandatada por la ONU, tuviera acceso material y, por otra parte, evitar que en determinado momento pudieran servir para las exigencias de verdad y justicia”, dice el ex-coordinador del AHPN.

Meoño recordó que, al momento del hallazgo, los documentos se encontraban amontonados en un viejo edificio, en pésima condiciones de preservación y en grave peligro de destrucción. “Estaban dispersos en múltiples espacios de esa edificación precaria, sin orden y sin inventario”.

En ese momento, ante la falta de experiencia en la gestión de un archivo de esas características, Meoño y los encargados de su gestión acudieron al National Security Archive y allí el Director del proyecto Cono Sur Carlos Osorio los puso en contacto con la CPM.

“La respuesta solidaria fue inmediata, a los pocos días estaban en Guatemala para asesorarnos. Incluso las primeras fotos profesionales de nuestro acervo fueron tomadas por la CPM. Comenzamos a entender la complejidad y dimensión de la tarea, a partir de la experiencia de gestión del archivo de la DIPPBA”, valoró Gustavo Meoño.

La relación y asesoramiento de la CPM continuó durante esos primeros años, no sólo para la clasificación y gestión del fondo sino también para el desarrollo de un trabajo de pericia técnica sobre el archivo. En todos estos años desde su descubrimiento, el AHPN aplicó procesos archivísticos a más de 25 millones, de limpieza y conservación a otros 50 millones de documentos y se digitalizaron 23 millones de folios.

“Tuvimos que enfrentar también el debate entre el desarrollo de los procesos archivísticos y las urgencias por la digitalización, y pudimos lidiar mejor al poder explicar la complementariedad que debe concurrir entre ambos procesos. De esa manera, fuimos avanzando en los procedimientos para garantizar el acceso público y sistematizar la relación con las fiscalías y querellantes que querían utilizar los documentos en procesos de investigación criminal y persecución penal”, señaló Meoño.

Sobre el trabajo para las causas judiciales, agregó: “Desde la lógica archivística el documento hacía aportes probatorios que los operadores judiciales tendían a desechar, tuvimos que desarrollar esa explicación entre la información de los documentos y el contexto institucional de producción, complementar la lógica jurídica con la lógica archivística. Logramos resultados muy importantes y pudimos desarrollar nuestros propios criterios para el análisis documental y la pericia técnica archivística”.

El Archivo aportó documentos como elementos para la investigación criminal y como prueba documental en 14 juicios en Guatemala y un juicio ante la CIDH por delitos de lesa humanidad. En todos esos procesos, las pruebas documentales resultaron aceptadas por los tribunales y resultaron decisivas a la hora de dictar sentencias condenatorias.

Ese proceso, sin embargo, también fue acumulando presiones y amenazas crecientes. En un juicio realizado a mediados de 2018, se condenó por primera vez a los generales más poderosos de los años del terrorismo de Estado, y que durante este tiempo habían vivido en la impunidad y acumulado poder con el crimen organizado.

“Esa fue la gota que rebalsó el vaso, todas las presiones se incrementaron muy fuertemente, fui destituido del cargo y mi familia y yo nos vimos obligados a un nuevo exilio. En Argentina encontramos solidaridad y la posibilidad de seguir trabajando y aportando en este campo que nos compromete y apasiona”, cerró el ex coordinador del AHPN de Guatemala Gustavo Meoño en la primera jornada del seminario internacional.