La militante del Partido Socialista de los Trabajadores fue secuestrada el 4 de febrero de 1982 en la localidad de Villa de Mayo por un grupo de personas que se trasladaba en un Ford Falcon verde. Una semana después su cuerpo fue hallado en Dique Luján, partido de Tigre. El caso será ventilado en el juicio oral que el TOF 5 de San Martín dará inicio el próximo 11 de octubre. De acuerdo a los registros del archivo de la DIPPBA aportados a la causa penal, Ana María y sus compañeros del PST fueron blanco de un extenso «trabajo de infiltración» ejecutado entre esa agencia de la Policía Bonaerense y el Destacamento 201 de Campo de Mayo.

ANDAR en San Martín  

(Agencia) El próximo 11 de octubre comenzará el juicio por el crimen de Ana María Martínez en el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral. A 36 años de su secuestro y asesinato cometido durante la última dictadura militar, se juzgará la responsabilidad del comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y su articulación con la DIPPBA-Delegación de San Martín. El fiscal de juicio será Marcelo García Berro y, hasta el momento, se prevé que el debate se extienda hasta los primeros meses de 2019.

Hay tres imputados en la causa: Jorge Norberto Apa, ex-jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, exjefe del Departamento de Personal G1, y Héctor Luis Ríos Ereñú, exjefe del Departamento de Operaciones G3; sin embargo, sólo los dos primeros serán juzgados ya que Ereñú murió a mediados de 2017.

Antes de la elevación a juicio, la CPM aportó valiosa documentación del archivo de la DIPPBA que, entre otras pruebas, da cuenta de la participación fundamental de esa agencia bonaerense en la persecución de Ana María Martínez. Esta documentación fue además integrada a una investigación residual respecto a la que ahora se juzgará, y que apunta a los agentes de la delegación DIPPBA de San Martín por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

La documentación permitiría vincular el crimen de Ana María Martínez con una operación de inteligencia que comenzó a ejecutarse casi un año antes del hallazgo sin vida de su cuerpo. Así lo muestra el legajo 17949 de la Mesa DS (Delincuentes Subversivos) del archivo de la DIPPBA.

Titulado “Trabajo de Infiltración en PST”, el jefe de la Delegación de San Martín informa a su superioridad sobre el minucioso seguimiento de “Rosalía” –alias de Ana María Martínez- y otros compañeros suyos del PST realizado desde mediados de marzo de 1981 hacia fines de ese año.

La infiltración comenzó el 23 de marzo cuando la Delegación tomó conocimiento de un “Boletín de Informaciones n° 2: Solidaridad Bancaria LISTA 3 VERDE – AGRUPANDO BANCARIOS”, que había sido distribuido entre empleados bancarios de distintas ciudades de la región. Allí se hacía referencia a un paro general y nacional del gremio para el 26 de ese mes.

En su afán por individualizar a los activistas gremiales, la DIPPBA decidió infiltrar a dos de sus agentes de San Martín: una sargento, que se identificó como empleada bancaria pero que al poco tiempo fue descubierta como policía y tuvo que abandonar la misión; y un oficial subinspector, Juan Pedro Peters, quien se contactó en primer lugar con dos bancarios con el falso argumento de que lo habían despedido de una entidad financiera y que se sumaría al activismo gremial.

Aquél día Peters recibió una tarjeta, cuyo valor era de 2000 pesos, para concurrir a un asado que se realizaría el 30 de marzo a efectos de abordar la organización del movimiento bancario a instancias del PST. Consigna el legajo de la DIPPBA: “Dicho asado no llegó a realizarse y no se devolvió el importe a las personas que habían abonado”.

Más adelante, el oficial Peters recibe un llamado telefónico mediante el cual lo citaban a una reunión que se realizaría en el bar Urbión, de San Martín. En ese encuentro le informan que el 5 de mayo “aparecería en el diario Clarín una solicitada con duros conceptos para el gobierno militar, figurando entre los firmantes Adolfo Pérez Esquivel y Jorge Luis Borges, entregándole también un volante con severas críticas al gobierno y su política económica”.

De forma similar, las reuniones periódicas a las que convocaban a “Juan” (el oficial Peters) se sucedieron especialmente entre marzo y abril, tal como se consigna en el legajo del Trabajo de Infiltración.

Así, por ejemplo, el 3 de abril se encontró, en el bar Los Calvos con Flor, Amalia y Cacho –todos alias de militantes sindicales-, donde recibió bonos contribución por valor de 10 mil pesos cada uno para pagar la solicitada y la propuesta de recibir un arma para el caso de que la necesitara.

En el mismo bar fue citado el 7 y 8 de ese mes, recibiendo una cantidad determinada de obleas de difusión pertenecientes a la Lista 3 Verde de los bancarios y ejemplares del diario Opción, órgano oficial del PST.

Otra reunión de las que participó Peters como infiltrado resulta llamativa por el acompañamiento que él mismo declara haber recibido. Fue en el bar Rhin, y allí se destaca “la colaboración del señor teniente coronel Apa, Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, quien facilitó un furgón desde el que se obtuvieron fotografías de quienes concurrieron al bar, siendo de especial interés la perteneciente a la NN Rosalía”. Esta foto fue adjuntada al legajo que relata la infiltración.

Esta mención directa constituye un punto clave del legajo no sólo porque muestra el nivel de coordinación entre la DIPPBA y el Ejército, sino porque además implica directamente como uno de los responsables al entonces coronel Jorge Norberto Apa.

Una infiltración que produce información falsa sobre las víctimas

Como parte de la estrategia de inteligencia, el relato sobre los hechos que se desprende del legajo confeccionado por el agente infiltrado, produce información falsa sobre la organización para constituirla, ante la opinión pública, como el paradigma del enemigo interno y a la vez desviar las posibles investigaciones judiciales que tiendan a esclarecer los crímenes de Estado.

En este sentido, en mayo de 1981 Peters relata una intrincado encuentro que comenzó junto a las vías de una estación del tren Belgrano, siguió con el viaje junto a Rosalía (alias de Ana María Martínez) hasta la estación Vicealmirante Montes. Todo esto para dejar constancia, finalmente, de un extenso viaje en auto con tres hombres que le comunicaron su siguiente misión dentro de la organización del PST: debía reducir a un policía y quitarle el armamento. Este hecho, luego fue simulado en un documento de la DIPPBA.

Toda la parte final del legajo, donde pueden leerse las conclusiones de un trabajo que el propio agente considera exitoso, se orientan en el mismo sentido de producir información falsa sobre quienes luego serían víctimas del terrorismo de estado.

Dice allí el agente de la DIPPBA: “Entendiendo lograda la infiltración (…) según considere el más elevado criterio de la superioridad existiría como elemento que supere la capacidad de esta dependencia el supuesto de un ataque a un patrullero, secuestro extorsivo a alguna persona o asalto a algún comercio, pero ello sería contrario al accionar que han demostrado, quienes siguiendo los lineamientos del PST parecen activar solo en pos de una finalidad: la insurrección y no la lucha armada o la guerrilla”.

Además de este legajo de infiltración, la DIPPBA confeccionó –para entregar al jefe de la Policía Bonaerense- un documento en el que se analiza un presunto “Cambio de estrategia Efectivizada por el PST” que se inscribe en la misma estrategia de deslegitimación y desprestigio.

Allí consideran que hacia fines de 1981 ingresarían al país instructores militares con el propósito de preparar a los militantes del PST: “Al respecto no se descartaría la ejecución de desarmes de las fuerzas de seguridad”.

No obstante, la agencia de inteligencia considera que “muñirse de casas operativas, armamento adecuado, instrucción militar, conformar una organización de tipo miliciano, indiscutiblemente le demandará un largo período de reestructuración que, según la propia dirigencia trotskista, insumiría por lo menos un año de duración”.

Este legajo, como tantos otros, viene a confirmar el rol clave de las acciones de inteligencia como constitutivas de los crímenes de lesa humanidad que la justicia deberá continuar investigando.