En un ámbito que abordaba por primera vez la preocupación especial sobre la situación de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) privadas de libertad, varias organizaciones disertaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expusieron sus principales hallazgos y preocupaciones sobre la situación.

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(PPN) Participaron del espacio la Asociación para la prevención de la tortura (APT), la ONG mexicana “Almas Cautivas”, la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina y Víctor Madrigal Borloz, en su calidad de miembro del subcomité de la ONU para la prevención de la tortura (SPT).

La APT abrió la disertación exponiendo su preocupación por la vulnerabilidad que padece el colectivo LGBT sumido en una histórica situación de violencia y discriminación, que se profundiza y potencia en los lugares de encierro provocando una «vulnerabilidad exacerbada». Planteó la necesidad de una discusión de fondo en la región sobre  la atención debida a este colectivo en aras de disminuir el alto grado de arbitrariedad y discrecionalidad que prevalece en la mayoría de las cárceles de la región y enfatizó el rol de los mecanismos locales de inspección y monitoreo y la necesidad de fortalecer su rol, garantizando su independencia y acceso irrestricto a los lugares de detención.

Por su parte, el relator de la problemática LGBTI para el subcomité de Naciones Unidas para la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes manifestó la preocupación que existe por la situación que enfrenta ese colectivo de población y la necesidad de establecer medidas concretas para la adopción de políticas en la materia, entre las que se encuentra la necesidad de establecer mecanismos fiables para recabar información sobre la situación que padecen las personas LGBT en prisión.

[pullquote]se identificó la cotidianeidad de la  violencia física, psicológica y sexual que padecen estos colectivos[/pullquote]

La CIDH pudo escuchar un diagnóstico realizado por varias organizaciones no gubernamentales, organismos y mecanismos nacionales de prevención de la tortura en el continente, donde se identificó la cotidianeidad de la  violencia física, psicológica y sexual, el bajo registro de denuncias por miedo a represalias, la discriminación para acceder a visitas intimas con parejas del mismo sexo que estén fuera de la cárcel, el habitual uso del aislamientos y los traslados arbitrarios como castigo por realizar manifestaciones de afecto con personas del mismo sexo; la usual segregación espacial del colectivo LGBT con el consecuente empeoramiento de sus condiciones de detención, la falta de un adecuado acceso a la salud, las requisas vejatorias como factores que afectan de manera especial a las personas LGBT, un sub registro de denuncias debido a la falta de mecanismos de resguardo sobre su integridad personal, recurrentes situaciones de abusos, malos tratos, tortura y discriminación, entre otras cuestiones.

María Santos, coordinadora del equipo de Género y Diversidad Sexual de la PPN destacó que, en el caso argentino, a pesar la sanción de leyes de vanguardia a nivel mundial, como la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, los avances en la legislación nacional no fueron acompañados por guías de procedimiento o protocolos de actuación que faciliten la implementación del nuevo marco normativo en las prisiones, con lo cual, la situación del colectivo LGBT sigue siendo sumamente precaria y discriminatoria. No obstante, destacó algunos casos que han podido tener una resolución favorable con el esfuerzo de diversos organismos y organizaciones y concluyó «estas son pequeñas grietas, excepcionales a la cruel realidad que atañe  a la población LGBT, pero un posible camino a seguir» expresó.

Finalmente, se exhortó a la CIDH para que inste a los Estados a:

– Erradicar toda forma de sanción con base en la discriminación por orientación sexual e identidad de género, en particular el uso del aislamiento.

– Prohibir la práctica de las requisas vejatorias y discriminatorias con base en la orientación sexual e identidad de género.

– Garantizar el derecho a las vistas intimas sin discriminación con base a la orientación sexual e identidad de género.

– Establecer sistemas de recolección de datos que permitan desarrollar políticas publicas adecuadas para responder a la falta de datos de la población LGBT en los lugares de detención. Esta recolección deberá realizarse con una metodología apropiada y respetuosa y orientada a una mejor protección de los derechos de esta población.

– Investigar casos de tortura y otros malos tratos en concurso con actos de discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género con el objetivo de erradicar la impunidad que prevalece en la gran mayoría de los casos que se llegan a denunciar.

– Garantizar el acceso a mecanismos de denuncias sin temor a represalias de las víctimas de discriminaciones por orientación sexual o identidad de género en el contexto de la detención.

– Garantizar un acceso efectivo a la justicia de la población LGBT.

– Fomentar una cultura de respeto hacia la población LGBT que incluya programa de sensibilización y capacitación a policías y personal penitenciario sobre los derechos y las necesidades de esta población.

– Con respecto a las personas trans, reformar las leyes y reglamentos de los servicios penitenciarios para que se considere la vulnerabilidad específica de estas personas y se respete su identidad de género.

– Garantizar la atención integral de la salud  tomando en cuenta sus necesidades específicas tales como terapias de sustitución hormonal y reasignación sexual.

– Eliminar reglamentos discriminatorios que atenten contra la dignidad humana y la expresión de la identidad de género que sólo permitan el uso de vestimenta y accesorios estereotipados.

– Que las personas trans participen de las decisiones relativas a la asignación de su alojamiento en centros de detención.

– Dada la importancia de un monitoreo efectivo de estas situaciones, instar también a los estados a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas y, en el caso de los Estados que ya ratificaron, garantizar que los mecanismos nacionales de prevención sean independientes y tengan los recursos necesarios para cumplir su mandato.

– Invitó a la CIDH a fomentar y contribuir al desarrollo de directrices con el objetivo de garantizar una mejor protección del colectivo LGBT en detención y una atención adecuada a sus necesidades tomando en cuenta los estándares existentes pertinentes tales como los principios de Yogyakarta y los principios de la Comisión Interamericana sobre la protección de las personas privadas de libertad.

– Promover un trabajo conjunto entre la relatoría sobre personas privadas de libertad y la relatoría sobre derechos de las personas LGBT así como la transversalización de la temática en la labor de la CIDH.

– Elaborar informes temáticos sobre la situación de las personas LGBT privadas de libertad.

– Y, por último, mantener y reforzar la cooperación entre la CIDH y órganos nacionales e internacionales que monitorean la situación de las personas privadas de libertad incluyendo siempre una perspectiva de género y diversidad sexual.