Esta semana  se leyeron los alegatos de las partes en el juicio por el asesinato de Jorge “Tito” Ortega, el hombre que intentó suicidarse pero una bala policial se adelantó y le quitó la vida. El único imputado por su muerte es el sargento Juan Horacio Coria, quien desempeñaba tareas en la Seccional Primera de Olavarría. La Comisión por la Memoria interviene en el juicio como organismo veedor de los protocolos y  prácticas policiales. La Fiscalía y la querella pidieron perpetua, en tanto la defensa alegó por la absolución por considerar que fue legítima defensa.

ANDAR en Azul

(Paula Bonomi / Agencia) A diferencia de la última audiencia testimonial, abarrotada la sala con agentes policiales, los alegatos fueron leídos con la sala casi vacía. El TOC 1 de Azul, integrado por los magistrados Gustavo Borghi y Martín Céspedes, escuchó los argumentos de las partes. El fiscal Martín Pizzolo solicitó la pena máxima: cadena perpetua más inhabilitación especial por considerar a Coria autor penalmente responsable de “homicidio doblemente agravado”, tanto por la utilización de un arma de fuego como por su carácter de funcionario público. También solicitó que se declaren falsos los testimonios del agente Cristian Barbesín y la oficial Aguilar. La querella que representa al particular damnificado solicitó la misma pena. El defensor sostuvo que el acusado actuó en legítima defensa pero, cuando comenzó su intervención, el padre de Tito, Jorge Ortega, no pudo contener la bronca y comenzó a gritar “asesinos”. Por esta razón fue desalojado de la sala. El abogado continuó pidiendo la absolución del imputado en los términos del artículo 34 del Código Penal y que se cambie la calificación del delito en la causa.

La fiscalía centró su alegato en la prueba pericial del trayecto de la bala que, según lo constatado por los forenses, ingresó al cuerpo de Tito por el espacio intercostal.  Sin embrago el acusado afirmó que “Tito” Ortega le apuntó al agente  Barbesín primero y luego giró hacia él y que por este movimiento le disparó de frente. El fiscal sostiene que por el trayecto del proyectil es imposible que haya ingresado por el costado del cuerpo de Ortega, si le estaba apuntado de frente a Coria.

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La fiscalía realizó una jugada fuerte al solicitar la pena máxima en un caso que podría tipificarse como “homicidio culposo”, dado que lo que se ventiló en las audiencias y la falta de protocolos y capacitación policial dejan abiertas muchas preguntas: ¿hubo o no impericia? ¿Coria tuvo intención de causarle la muerte a Tito Ortega?

En la última audiencia declaró la directora de la escuela de Policía Juan Vucetich, sede Olavarría, comisaria Karina Latapié y 3 instructores policiales de la localidad de Azul. Con templanza, Latapié reconoció la inexistencia de protocolos de actuación claros para este tipo de casos y cierta deficiencia en la capacitación del personal que ingresa a la fuerza policial. Cuando les tocó el turno a los instructores, la falta de criterio unificado fue aun más brutal: uno de ellos afirmó que lo correcto debería haber disparado de la cintura para abajo. Aseveró que aunque esto no neutraliza la “amenaza”, sí tiene el poder de disuadir y sacar del eje al atacante. El segundo instructor consideró que frente a una situación como la expuesta lo correcto era disparar en la zona del abdomen, apoyando el accionar de Coria. El tercero, instructor del Grupo Halcón, fue directo: en esta situación hay que disparar «al bulto”, lo que implica la letalidad garantizada de la fuerza sin distinciones.

El fiscal remarcó que frente a la ausencia de protocolos quedará la situación librada al criterio o libre albedrío, más o menos apegado a la vida humana, de lo que transmita cada instructor.

Antes de terminar la jornada, Juan Coria hizo uso de la palabra: “Ingresé a la policía en el año 2007. Elijo ser policía por convicción para ayudar a la gente, no para salir a matar. Detrás de un escritorio es muy fácil juzgar, lamentablemente se dio, tuve que efectuar un disparo”, dijo. “Sea cual fuere el resultado espero que se realice un protocolo de actuación para este tipo de situaciones”, reclamó al Estado y concluyó con una pregunta abierta: ¿qué ganaba yo con quitarle la vida a Ortega? Hay que cargar con lo muerte de una persona, como católico, es muy difícil.”

Ojos que no ven

La realidad provincial denota un vaciamiento de las estructuras del Estado en general, afectando particularmente la inversión en educación, salud pública, vivienda y trabajo. El mismo deterioro afecta sin dudas la calidad en la formación de las fuerzas policiales. El sargento Coria parece ser un fiel exponente de esta situación.  Frente al posible suicidio de “Tito” Ortega, asustado y sin saber qué hacer, aplicó lo único que le enseñaron en la academia, su 9 mm.

Ahora, cualquier aspirante a policía es un ciudadano o ciudadana  joven, de clase popular o media, egresado o egresada  de la escuela secundaria básica y pública provincial sin una oferta laboral que promueva otras expectativas. Hace unos pocos días fue motivo de escándalo en los medios el “bochazo” generalizado de los aspirantes de la escuela de policía local en Mar del Plata. Un  80%  fue desestimado de ingresar ya que no lograron comprender un texto. Coria egresó de la bonaerense en el marco de la Ley de Emergencia de Seguridad, y reconoce que tanto él como sus compañeros tuvieron sólo 6 meses de instrucción integral. Unas pocas clases para ser capaces y eficientes a la hora de leer y comprender un texto, lograr tener análisis crítico ante determinadas situaciones, actuar midiendo la proporcionalidad de la fuerza, manejar un arma a conciencia.

En la vía pública cualquier persona llama al servicio de emergencia  911 si está frente a un conflicto, que no siempre es un robo. En este caso, Yesica Medina, esposa de “Tito” Ortega, llamó desde su celular para advertir que su marido estaba armado y quería suicidarse. El operador  derivó el llamado directamente a la policía, sin recurrir a los agentes de salud o a las oficinas de Acción Social. El Estado, producto de malas estrategias políticas, no tiene a disposición los dispositivos y las herramientas necesarias ante diversas contingencias y exige que en el territorio sea la policía la que  esté preparada para atender cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. En los hechos, dada la falta de capacitación y protocolos específicos de actuación, tenemos hombres armados que actúan con falta de profesionalismo y desidia, poniéndose en riesgo y poniendo en riesgo la vida de otros.

La Comisión por la Memoria de la Provincia (CPM) viene denunciando desde hace años la falta de estrategias y mecanismos de  actuación dentro de la fuerza policial, y la ausencia de capacitación y formación. Ausencia que se expresa en el abuso sistemático del uso de las armas de fuego con los jóvenes en riesgo, con los pobres. Pese a la existencia de algunas referencias poco claras dentro de la ley de policía y el protocolo del uso de la fuerza policial de la ONU, en la práctica no se aplica la racionalidad y mucho menos la proporcionalidad de la fuerza policial ante los mortales. Desde el equipo de Seguridad Democrática de la CPM se observa con mucha preocupación la ausencia de profesionalización de los policías que egresan con una capacitación insuficiente de las academias policiales en toda la provincia.

Si Juan Coria es finalmente condenado con la pena máxima por la muerte de “Tito” Ortega,  ¿el Ministerio de Seguridad de la Provincia tomará por fin cartas en el asunto y mañana mismo ordenará redactar nuevos protocolos de acción, planes de estudio para las decenas de flamantes aspirantes a policías provinciales? ¿Implicará esta condena un cambio en el accionar policial? ¿Será una condena ejemplificadora para quién?

Desde una mirada pesimista, seguirán egresando a las calles nuevas camadas de policías armados sin capacitación suficiente, sin saber qué hacer ante una situación como la de “Tito” Ortega y tantas otras.

Sin lugar a dudas es importante que en la calificación en el delito y su sentencia se deje asentado por escrito  la ausencia de profesionalización de la policía bonaerense. Hay que recordar que no es el primer caso.  En la sentencia por la muerte de Federico Taja, el tribunal solicitó expresamente al ministro Ricardo Casal que deben generarse mecanismos a los fines de poder determinar formas de actuar de las fuerzas por la tan deficitaria formación académica. A su vez, solicitó protocolos claros de utilización del arma de fuego.

Pensar la inclusión social, la igualdad y el respeto por la vida requiere pensar dinámicas políticas diferentes, y abordar con estrategias y presupuesto la problemática de seguridad, deuda pendiente en el territorio nacional en democracia.

El miércoles 8 de julio se conocerá la sentencia.

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