La especialista en el tema y Directora de la Biblioteca Pública Central de la Provincia de Buenos Aires, Celeste Medina, responde las preguntas que le hacen desde un lugar central para el ejercicio del derecho al acceso universal a la información: una biblioteca como la de la Comisión por la Memoria. Definiciones, importancia y el desafío de trabajar para universalizarlo.

ANDAR en la biblioteca

(Biblioteca Carlos Cajade CPM) Cada 28 de septiembre, desde hace 6 años, se celebra el día internacional del acceso universal a la información. Desde Naciones Unidas, el organismo que promulgó la fecha, propusieron como lema de este año «Derecho a Saber: Reconstruir mejor con el acceso a la información». Al utilizar la palabra “reconstruir” buscan referirse al proceso de transformación que generó la pandemia del COVID- 19 y las grandes falencias que dejó (aún más) expuestas respecto al tema.

Desde la Biblioteca Carlos Cajade de la Comisión por la Memoria difunden una charla al respecto que mantuvieron con Celeste Medina, Profesora en Bibliotecología y Ciencias de la información que se desempeña como docente de la UNLP y Directora de la Biblioteca Pública Central de la Provincia de Buenos Aires en Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Subsecretaría de Políticas Culturales.

Para empezar, ¿Qué es el acceso a la información?

El acceso a la información es un Derecho Humano, establecido por unanimidad de los Estados Miembros de la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Es un derecho amplio que incluye otro denominado fundamental: se trata del acceso a la información, pero no a cualquier información sino a la información pública, esa que es generada o está bajo guarda del Estado o de organismos a los que el Estado les aporta fondos públicos.

En tu ponencia Acceso a la información pública: recorridos y perspectivas para las bibliotecas (2019) haces mención al valor instrumental del derecho al acceso a la información como herramienta para el acceso y la garantía de otros derechos civiles, políticos, sociales, jurídicos y económicos (Medina, 2019) ¿Por qué sirve como herramienta para el acceso y garantía de otros derechos?

Porque es un derecho que se asocia a las democracias modernas, es un derecho ciudadano y bien puede permitir que cualquier persona, sin abogadx de por medio, solicite al Estado (o a cualquier organismo que reciba fondos del Estado) información sobre acciones, medidas, compromisos, cualquier actividad propia de la cosa pública. En ese sentido es un derecho que empodera a la ciudadanía y permite ser usado como herramienta para auditar al propio Estado, para tener mayores elementos que permitan comprender lo que los gobiernos que, en las democracias, por tiempos finitos, hacen en pos de representar a la ciudadanía.

Recordemos que toda la información producida por el Estado o por organismos que reciban fondos públicos (en relación a lo que hagan con dichos fondos) es pública, debe brindarse a quien la solicite y mejor aún, debiera hacerse pública sin necesidad de que las personas tuvieran que molestarse en solicitarla. Aquella información privada, clasificada es mínima: la que tiene que ver con seguridad, cuestiones que pudieran desequilibrar las finanzas de un país, investigaciones que más adelante podrían devenir en patentes, por ejemplo y todo aquello que tenga que ver con la vida privada de las personas: su salud, sus ideas políticas, religiosas, preferencias sexuales, etc. En general, el resto de la información producida o tutelada por el Estado debiera ser de acceso público.

¿Qué desigualdades en relación al acceso remarcó la pandemia?

En la Argentina existe una Ley de Acceso a la información Pública, la 27275. Al ser una ley nacional alcanza a los 3 poderes del Estado nacional. En la práctica, no todos los poderes se ajustan a lo que la ley requiere con el mismo entusiasmo. Por ejemplo, el Poder Judicial ha sido históricamente y sigue siendo mucho más reacio de manera abierta.

La Ley permite que los pedidos se realicen de manera electrónica. En la Provincia de Buenos Aires también hay una ley más antigua, es del año 2004, pero no alcanza a los tres poderes del Estado provincial, además de exigir que los pedidos se realicen por escrito. En la Provincia, la pandemia trajo como efecto positivo que se permitiera que los pedidos se realizaran por correo electrónico. Es un avance que los pedidos se puedan realizar por vías electrónicas, pero no es la solución definitiva si en el país la brecha digital sigue siendo tan amplia. Ya vimos las dificultades enormes que se han tenido que sortear para sostener la educación obligatoria con medios tecnológicos. Imaginemos entonces que muchas otras cuestiones padecen el mismo mal: la falta de acceso a Internet a precios razonables, la falta de dispositivos y esencialmente la necesidad de contar con capacidades para moverse de forma segura en el mundo virtual.

¿Qué rol cumplen las bibliotecas para contribuir al ejercicio de este derecho?

Las bibliotecas, a mi juicio, son una herramienta preciosa para contribuir al ejercicio de éste y de otros tantos derechos ciudadanos. Pensemos que nuestro país cuenta con bibliotecas populares a lo largo y a lo ancho de su enorme territorio. También cuenta con bibliotecas públicas, universitarias, escolares, de instituciones educativas de nivel superior no universitario. La biblioteca, cualquiera fuera su tipo y razón de ser, en esencia, debe responder a las necesidades de las personas. Y acceder a la información pública suele ser una necesidad que encaja perfectamente en la vida de todxs, o en algún momento de nuestras vidas. Los Servicios de Información Ciudadana, en las bibliotecas públicas, populares y gubernamentales son un instrumento relativamente simple de implementar y sumamente eficaz. Pero considero que antes, es imprescindible difundir entre lxs colegas este derecho, sus implicancias para que de ésta manera se puedan brindar servicios específicos o bien de referencia, un servicio clásico y propio de todas las Bibliotecas. Lo importante es que sepamos que el derecho existe, está amparado por normativas nacionales, provinciales, en algunos casos hasta municipales e igualmente está validado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que ésta adhiere. Además es importante empezar a hacer uso personal, solicitudes, pedidos de información pública para generar una dinámica y hacer funcionar el engranaje del Estado que debe acostumbrarse a cumplir con sus obligaciones y anticiparse a las mismas.

En las Bibliotecas bien podemos promover talleres para el uso práctico de esta facultad ciudadana. Es muy sencillo, solo basta con recoger el guante, tomar la iniciativa. No es necesario realizar acciones pomposas, el trabajo puede desarrollarse con pequeños grupos, de forma artesanal, como suelen realizarse las acciones que buscan un trabajo personalizado, con modalidades de talleres para usuarixs y lectorxs.

Para que la democracia sea inclusiva, debe representarnos a todxs. Esa representación no solo se da por las personas a las que votamos como nuestrxs representantes gubernamentales, sino por acompañar al Estado (que no es solo el Gobierno de turno) sino más bien, en términos llanos está compuesto por cada unx de nosotrxs. Las democracias pueden nombrarse como tales, pero “achancharse”, ser democracias ornamentales. ¿Cómo logramos que sean inclusivas? Ejerciendo derechos ya adquiridos, como es el caso de este tópico: el acceso a la información pública, siguiendo de cerca lo que Estado hace o deja de hacer, sin desmerecer el trabajo de los organismos y espacios de auditoría del propio Estado, pero entendiendo que tenemos aquí una herramienta que posiciona a cualquier persona en igualdad de condiciones para saber, conocer y preguntarle al propio Estado. Esto no solo permite controlarlo sino ir a las fuentes primarias de información sin esperar que sean, por ejemplo, los medios quienes nos transmitan parte de dicha información.

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Como organismo público La Comisión por la memoria cuenta con distintos acervos documentales e informativos abiertos al público.

El Centro de Documentación y Archivo que está conformado por fondos documentales relacionados con el accionar represivo del Estado, colecciones particulares, y documentación producida por la propia CPM. Fue creado en el año 2000 a partir de la cesión del archivo de la DIPPBA, con el objetivo de generar un espacio que contribuyera a los procesos de memoria, verdad y justicia. En el año 2003 fue abierto a la consulta pública y desde entonces recibe consultas de distinto tipo, originadas en diferentes ámbitos públicos y de la sociedad civil en ejercicio de sus derechos.

También dispone de la Biblioteca carlos cajade, con una colección especializada en Historia Reciente, Memoria y Derechos Humanos y servicios de información y referencia online, consulta de materiales en sala (con turno previo), reprografía y préstamo interbibliotecario. Para consultar materiales en sala, solicitar préstamos y/o ayuda en tus búsquedas bibliográficas podes comunicarte a biblioteca@comisionporlamemoria.org