La Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) quedará promulgada este jueves en un acto donde el Gobierno buscará resaltar el peso histórico de una norma que amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921. Tras la sanción el 30 de diciembre, saldrá en el Boletín Oficial.

ANDAR en los derechos
(Agencia/ Télam) Fuentes oficiales confirmaron que la ceremonia, prevista para las 18.30 en el Museo del Bicentenario, reunirá a referentes feministas integrantes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladorxs nacionales y a la mayoría de lxs funcionarixs del Gabinete nacional.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por el Senado el 30 de diciembre pasado, con el voto favorable de 39 legisladores y el rechazo de otros 29.
Ese día, Argentina se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en disponer de una legislación de este tipo y se sumó a una lista de 66 naciones que permiten el aborto, mayoritariamente ubicadas en el hemisferio norte.

En el acto, también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado cuando la sancionó, también el 30 de diciembre último, poco después de haber votado el aborto legal.
Hasta ese día Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de riesgo para la vida de la persona gestante.

Ahora, quienes así lo deseen, podrán interrumpir un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

En tanto, el Plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

El objetivo es afianzar el «derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad» para las «niñas y los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo o padezcan trombofilia, mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y niñas y adolescentes embarazadas.

El 30 de diciembre pasado la legalización del aborto fue recibida con festejos en las calles de todo el país tras décadas de buscar sin éxito el debate y luego de una larga vigilia de madrugada alrededor del Congreso Nacional y en plazas de las provincias, teñidas de los pañuelos verdes.

La IVE tiene como eje central la consagración del «derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo» en los servicios del sistema de salud «en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento». Establece que el aborto «se permitirá hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional», que fuera de ese plazo «sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante». La norma avala también el derecho a ejercer la «objeción de conciencia» del profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo.

«Los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice la prestación», dispone la norma.
La ley entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La marea verde cruzó la cordillera

A dos semanas de la sanción de la Ley IVE en Argentina, Chile comenzó el debate por la despenalización. Las diputadas de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile comenzaron el debate por la despenalización del aborto voluntario hasta las 14 semanas “Despenalizar es la posibilidad, el primer paso, para sacar a las mujeres de la clandestinidad”, señaló Camila Rojas, diputada de Comunes y una de las parlamentarias firmantes del proyecto de ley que se presentó en 2018, y explicó que «la ley de tres causales no es suficiente». La presidenta de la Comisión, Maite Orsini, informó que el tratamiento seguirá cada miércoles, con invitados a favor y en contra del proyecto. El debate se da en medio de una semana decisiva para la conformación de las listas de candidatos entre los que la sociedad chilena elegirá el próximo 11 de abril a los integrantes de la Convención Constitucional, que se encargarán de redactar una nueva constitución.

En Chile, la Constitución actual -vigente desde 1980- establece que los proyectos de ley que involucren presupuesto del Estado los debe presentar el Ejecutivo, por eso el proyecto en debate plantea la modificación del Código Penal, pero no puede regular el acceso a la atención de los abortos en el sistema público sanitario. El proyecto de ley prevé la modificación de los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal chileno, para que las penas previstas para la interrupción de los embarazos cuando la práctica no estuviera justificada por una de las causales, tengan vigencia sólo después de las catorce semanas de gestación, siempre que el aborto sea consentido por la persona gestante. Previo a ese plazo la interrupción del embarazo no sería punible.