El lunes comenzó el primer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de San Justo, La Matanza, entre marzo de 1976 y agosto de 1978. Liliana Galeano es una de las militantes matanceras que impulsa y acompaña el proceso. “El único lugar para los genocidas es la cárcel”, reafirma en diálogo con ANDAR.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) Al menos 500 siluetas rodean el edificio de los tribunales federales en La Plata, en la manzana de 8 y 50. Son más de 500 los nombres de víctimas del terrorismo de Estado en La Matanza que pudieron contabilizar desde la agrupación H.I.J.O.S de esa localidad y hoy los acompañan en este nuevo proceso contra 19 represores encabezados por Etchecolatz.

“Hemos esperado muchos años; creemos que la justicia faltó todo este tiempo porque más de 40 años hubo una justicia que no miró esto, no lo vio”, dice Liliana Galeano, una de las principales referentes de la agrupación que instaló una mesa en la vereda del edificio judicial para difundir lo que ocurre puertas adentro cada miércoles.

Liliana es hija de un trabajador telefónico secuestrado de su casa en Villa Constructora, San Justo, el 17 de noviembre de 1976, cuando ella tenía 16 años. Reconstruyendo la historia de su padre fue que se encontró con otras hijas y fueron impulsando la organización que hoy las nuclea. Siguiendo esos pasos fue que supieron que sus padres eran llevados primero a la Brigada de San Justo y que muchos fueron trasladados a un centro clandestino de detención en Avellaneda, conocido como el Infierno o Infiernillo, donde los torturaron, asesinaron y desparecieron.

“También colectivamente nos parece muy importante que estemos siendo parte de este juicio, como H.I.J.O.S La Matanza, porque tenemos mucho para decir”, afirma Lili, como la conocen en los ámbitos de militancia. Muchos de ellos van a declarar a fines de este mes y por eso tampoco están presenciando las audiencias en el recinto “para que no pueda surgir ningún problema”, explica.
Entre todos se propusieron llegar al juicio trabajando por reparar lo que la dictadura quiso quebrar. “Lo que hizo el terrorismo fue atacar la identidad, el movimiento obrero, las barriadas los centros de estudiantes”, explica Galeano, por eso pensaron una campaña para «tejer la memoria». Habían visto que en Córdoba, en el juicio por la causa vinculada al ex CCD conocido como La Perla, se había propuesto tejer flores rojas como un distintivo. Con esa invitación fueron a escuelas, hogares, centros de jubilados, sitios y organizaciones de memoria y sindicatos: “de esa forma lo visibilizamos y se acercó mucha gente. Empezaron todos a tejer y a aportar sus flores rojas; hicieron también de papel y de tela y hoy nos acompañan mientras estamos en 8 y 50 contándole a todos los que nos preguntan o repartiendo volantes”, agrega.

Mientras los defensores de los imputados pedían una vez más la prisión domiciliaria para los represores, afuera los H.I.J.O.S esperan su momento para dar testimonio. “Lo más importante es la necesidad de hablar. Falta mucho por decir y esperamos todo este tiempo para contar qué nos pasó y lo que les pasó a nuestro familiares. Nos toca en este tiempo que hubo un viraje político, pero también un montón de movilizaciones populares que acompañaron la memoria cuando quisieron negar la historia. Anhelamos que pueda haber justicia”, desea Liliana.

El juicio se calcula que se extenderá por un año y, mientras acompañan este proceso, los querellantes continúan preparándose para un segundo tramo que abarque los años y víctimas que quedaron afuera de este recorte. La Brigada de San Justo formaba parte del denominado Circuito Camps, que incluyó más de 33 CCD en el conurbano bonaerense, y fue el primer sitio al que trasladaron a la mayoría de las víctimas que pasaron por ese CCD tras ser secuestradas. Entre marzo del ’76 y agosto del ’78, por la Brigada de San Justo pasaron al menos 101 personas identificadas con nombre y apellido, y otras 9 individualizadas sólo con nombre de pila o apodo.