A pesar de los múltiples pronunciamientos en su contra en nuestro país, la tortura sigue siendo una práctica sistemática dentro de las instituciones penales y de seguridad. Cuál es el lugar de la víctima y qué mecanismos falta desarrollar para erradicarla.

ANDAR en las cárceles

(Agencia) Este jueves es el día internacional en apoyo de las víctimas de la tortura, proclamado por la ONU en 1997 “con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Un organismo de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lo entiende más como un día de “visibilización” de un escenario que viene denunciando en nuestro país, donde la tortura y los malos tratos son prácticas sistemáticas en los lugares de encierro e “integran la rutina penitenciaria de castigo”. La víctima termina en “un lugar negado, oculto por las instituciones de la justicia y de seguridad que no consideran la palabra de la víctima, que es central poder recuperar y valorar. Hay una concepción ideológica y política en esa negación, que es un elemento de la deshumanización de estas personas”, explica Roberto Cipriano García a partir de su experiencia en la CPM.
Ante estas situaciones, si bien existen estándares internacionales que indican cómo actuar ante casos de tortura, la justicia no suele expedirse con condenas por este delito. De hecho son pocos los casos donde la tortura llega a ser juzgada como tal y ninguno de los poderes del Estado, aun conociendo la situación a través de diversos informes, ha desarrollado políticas claras para su erradicación.

[pullquote] la tortura y los malos tratos son prácticas sistemáticas en los lugares de encierro e integran la rutina penitenciaria de castigo[/pullquote]
El Comité Contra la Tortura de la CPM denunció en su último informe más de 10 mil casos de torturas y malos tratos durante el año 2012, de los cuales sólo 3.113 llegaron a la justicia, la mayoría calificados como “severidades, vejaciones y/o apremios ilegales”.
“Se naturaliza la violencia y se niega el relato de la víctima, los hechos se construyen desde el relato penitenciario o policial que la justicia adopta como propio. Y la justicia contribuye a la impunidad con diferentes estrategias: una de ellas calificando hechos que son torturas como apremios o severidades. Así lo que se hace es bajar los montos de las penas, y los pocos agentes que alcanza el sistema penal son excarcelados o reciben condenas de ejecución condicional”, explica Cipriano García.

[pullquote]El Comité contra la Tortura de la CPM denunció en 2012 más de 10 mil casos de torturas y malos tratos sólo 3 mil son investigados judicialmente[/pullquote]
Un caso testigo
Recientemente el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 condenó a ocho años de prisión a dos agentes penitenciarios federales por la imposición de torturas a un detenido en la alcaidía del Palacio de Tribunales. El hecho ocurrió en el año 2010, en pleno microcentro de Buenos Aires, en la unidad 28 ubicada algunos pisos más debajo de la Corte Suprema de Justicia.
El caso comenzó no siendo una excepción: venía calificado como “apremios ilegales” como tantos otros, pero durante el juicio se demostró que lo que había ocurrido era tortura. La víctima relató que luego de iniciar una huelga de hambre en Marcos Paz fue agredido por primera vez. Cuando decidió denunciar, y mientras era trasladado para constatar las heridas que tenía, fue nuevamente golpeado y abusado por algunos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, que luego lo dejaron varios días encerrado. A pesar de esto, decidió sostener su denuncia y enfrentar varios años de numerosos exámenes y el alto costo que implica un proceso penal contra quienes gestionaban su encierro y con agentes judiciales que dudaban de su testimonio.

[pullquote]la justicia no tiene intención de investigar estos hechos. Y cuando alguien tiene intención lo que no hay son elementos que garanticen resultados[/pullquote]
“Aquí fue central que se escuchara el testimonio de la víctima”, añade el integrante de la CPM Roberto Cipriano García, que subraya la importancia de estos fallos en un contexto donde “la justicia no tiene intención de investigar estos hechos. Y cuando alguien tiene intención lo que no hay son elementos que garanticen resultados: no hay conocimiento de cómo investigar estos hechos, no hay recursos periciales adecuados, no hay programas de protección ni asistencia a las víctimas que quedan muy solas y expuestas a un poder judicial que la mayoría de las veces lo revictimiza”.
Finalmente los jueces Luis María García, Ana Dieta de Herrero y Fernando Ramírez determinaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de los condenados, Héctor Miguel Aguilar y Jorge Raúl Rolón, que gozarán de una de las garantías que menos se aplican actualmente en el derecho penal: permanecerán en libertad hasta tanto la sentencia quede firme. Mientras, deberán presentarse en sede judicial cada 15 días y tendrán prohibida la salida del país.

[pullquote]las condenas por tortura son atípicas aunque los casos no lo son[/pullquote]
Abel Córdoba, fiscal de la Procuración General de la Nación a cargo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), acompañó en el juicio oral al fiscal del caso Julio Castro; juntos pidieron una condena por tortura. Córdoba explicó que “la condena es atípica aunque los casos no lo son tanto. Al momento de construir la verdad judicial en estos procesos, es central que los jueces no hayan tomado la palabra de los acusados sino que le hayan creído a la víctima. También es importante que se hayan comprendido los hechos desde la dimensión que tiene: son tormentos o torturas. La gravedad de la tortura es que destruye a la persona y que es ejecutada por personas a cargo de una institución pública, son funcionarios públicos”. Córdoba interpreta que “este tipo de sentencias son una señal desde Poder Judicial hacia estas instituciones que tienen una dinámica violenta constante”.
Lo que plantean los organismos de derechos humanos, sobre todos quienes integran el Registro Nacional de Casos de Tortura, es la necesidad de poner el acento en la multidimensionalidad de la tortura. “Hay más casos de sentencias con mala calificación; en realidad la mayoría de las sentencias por torturas son de juicios por centros clandestinos y, sin quitar la relevancia que esto tiene, parece que hay una dificultad extra en juzgar el presente”, analiza Córdoba.

[pullquote]es central poner el acento en la multidimensionalidad de la tortura[/pullquote]
“Hay diversos tipos de padecimiento como los traslados constantes de los detenidos, las amenazas, el robo de pertenencias, el aislamiento que, a la hora de definir la tortura, la justicia está bastante lejos de comprender. Debe considerarse esa multidimensionalidad de la tortura, que no es solo el golpe que marca, sino una serie de padecimientos que se van concatenando, sumando, para dañar y su consecuencia no es sólo física sino también psicológica”, dice Cipriano García. Desde la CPM insisten en la necesidad de avanzar en la creación de los mecanismos de prevención de la tortura que Argentina está obligada a desarrollar y que implicarían herramientas importantes en la lucha contra estas prácticas.

CAMPAÑA CONTRA LA TORTURA

NOTAS RELACIONADAS:

La opinión de Hugo Cañón, co- presidente de la CPM

Casos: Salieron a trabajar en Punta Lara, terminaron golpeados en la comisaría

“Este caso refleja la política de seguridad en la provincia”

Cárceles: Las graves condiciones de detención 

Declaraciones: «La tortura es masiva y sistemática en todas las cárceles del país»

Análisis: El agravamiento de la situación de los derechos humanos ante la «emergencia» en seguridad