Aunque no se informó oficialmente, comenzaron obras para instalar una alcaidía para adultos en el centro de detención de jóvenes de Virrey del Pino. Los trabajadores buscan apoyo para evitar que se pierda “lo poco que hacía distinto este espacio de una cárcel para adultos”.

ANDAR en La Matanza

(Agencia) Marcos es docente y da clases en La Matanza. Una de las escuelas en las que trabaja enseñando historia es la EES Nº 60 Extensión I, Virrey del Pino, que tiene la particularidad de estar ubicada dentro de un Centro cerrado para jóvenes adultos. Marcos sabe qué esconden los muros y ha escuchado y trabajado sobre las violencias que atraviesan a los jóvenes de un lado y del otro de esas paredes.

Un día escribe un mail. Asunto: URGENTE. Pide ayuda. No sabe cómo, pero necesita difundir lo que está pasando, siente que si nadie se entera es más fácil que impongan lo que desde la escuela se resiste: la mano dura, eso que algunos llaman seguridad y que arrasa con las políticas que avanzan sobre derechos. Ahora quieren ocupar la mitad de ese centro para jóvenes como una nueva dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para alojar adultos.

[pullquote]si nadie se entera es más fácil que impongan lo que desde la escuela se resiste[/pullquote]

“Los docentes nos encontramos un día con que llegan unos camiones de materiales porque van a empezar a hacer una obra. Sin ninguna notificación a nadie, y ahí nos enteramos de que querían instalar una alcaldía para mayores”, cuenta Marcos, “siempre existió ese rumor”, agrega.

El centro cerrado funciona hace 4 años dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil de la Provincia. Maximiliano Oviedo, el coordinador educativo en el centro, lo describe como una experiencia “inusual” ya que integra el trabajo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia con el Ministerio de Justicia a través del Servicio Penitenciario. Así, el personal de minoridad trabaja con los jóvenes detenidos en la institución, y el SPB se encarga de la seguridad perimetral y en los traslados.

Ese delicado equilibrio comenzó a resquebrajarse desde que, hace 15 días, recibieron la visita de un equipo de arquitectos del Ministerio de Justicia con la idea de iniciar las obras necesarias para instalar la Alcaidía de mayores dentro del instituto. En los 10 días que le siguieron, sin ningún tipo de información de parte de ninguna autoridad, se comenzó con la obra.

[pullquote]nos están cerrando los 3 módulos que ocupábamos para la realización de talleres de formación profesional para los chicos[/pullquote]

“Y aparece la noticia de que en 3 meses aproximadamente nos estarían mandando a 60 detenidos de la órbita del Servicio Penitenciario. Y nos están cerrando 3 módulos que ocupábamos para la realización de talleres de formación profesional para los chicos”, cuenta Oviedo. Los talleres – de carpintería y electricidad- están conveniados con el Ministerio de Trabajo y la UOM de La Matanza.  “Esto se va a dejar de respetar pero lo peor es que se va a privar a los chicos de estas actividades”, agrega el docente.

El coordinador asegura que el director del instituto, Pablo Marcone, ha enviado múltiples notas pidiendo mayor información, pero todo lo que le dicen es que “dejemos que todo siga su curso normal que esto es una decisión política”.

“Ante esto hay mucha resignación porque lo que se plantea todo el tiempo desde la dirección es que como es una decisión política tienen que acatarla, que esto es así o ruedan cabezas” añade Marcos Bifiguer. “Al haber mayor presencia del SPB nosotros vamos a perder los espacios”, considera el docente cuya principal preocupación es que los jóvenes van a terminar pasando a la órbita de mayores, lo que en teoría se quería evitar con la implementación de este centro.

[pullquote]lo que les dan como respuesta es que «es una decisión política» y hay que acatarla[/pullquote]

Ante esta noticia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM),  -institución que desarrolló a través de su Comité Contra la Tortura el mecanismo de monitoreo para instituciones de encierro en la Provincia- recordó sus advertencias de hace 4 años atrás cuando se abrió ese centro cerrado. “Siempre dijimos que era un riesgo involucrar al Servicio Penitenciario en cualquier espacio para jóvenes. Y denunciamos situaciones de violencia a 2 meses de su apertura cuando comprobamos que se había dado una represión con balas de goma”, subrayan.

La situación de la niñez encerrada

“Venimos trabajando en una situación sumamente precaria”, denuncia el coordinador del área educativa. El cupo del centro es para 40 jóvenes de entre 18 y 21 años, y actualmente hay 43. “Esto se combina con una serie de bajas en el equipo técnico; hay sólo 2 profesionales trabajando con los chicos: 1 psicólogo y una trabajadora social”, repasa Oviedo.

“La idea era evitar que estos pibes terminen cumpliendo su condena en cárceles de mayores”, dice Marcos, que cuenta que los jóvenes tienen temor respecto de lo que va a pasar si se les cambia el régimen. Aunque agrega: “a la vez percibimos que aparece una cuestión de: y bueno, si eso es lo que quieren hacer con nosotros, estamos en cana. La incertidumbre sobre su situación también se vuelve resignación en los chicos vamos a tener que empezar a pelear por nuestras cosas, las zapatillas y eso, dicen”.

[pullquote]La incertidumbre sobre su situación se vuelve resignación en los chicos:  si eso es lo que quieren hacer con nosotros, estamos en cana[/pullquote]

“La mayor falencia que tenemos en este tipo de dispositivos es lograr brindarles a los chicos herramientas serias para su egreso, el tema de la reinserción. Entonces por un lado tenemos la presión judicial de los tribunales que nos exigen que brindemos capacitaciones y educación formal y no formal a los chicos y por otro lado desde el mismo estado se nos impone un recorte y políticas claramente perjudiciales para ellos”, relata Oviedo.

Los trabajadores perciben que a partir del anuncio de “emergencia en seguridad” de la Provincia se van desmantelando los equipos que llaman de “tratamiento” para los jóvenes y no les sorprendería que en un corto plazo todo el centro pase a la órbita del SPB. Ya el uso del sector de talleres para abrir una alcaidía de adultos implica que los 10 jóvenes que ya terminaron sus estudios secundarios pierdan la actividad de formación profesional a la que estaban abocados. “Van a estar sin hacer nada, lo que cierra la idea de que quieren convertir esto en una cárcel- cárcel y sacar lo poco que hacía distinto a este espacio de lo que son las cárceles de adultos”, sentencia Oviedo.

[pullquote]Los trabajadores perciben que a partir del anuncio de “emergencia en seguridad” de la Provincia se van desmantelando los equipos que llaman de “tratamiento” para los jóvenes [/pullquote]

Desde el Comité Contra la Tortura consideran que ese tratamiento para los jóvenes “siempre ha sido malo y deficitario”. Respecto de la iniciativa de instalar en Virrey del Pino la Alcaidía lo interpretan como una medida que “continúa acentuando la idea del encierro y la represión, las lógicas del castigo. Además el SPB como figura militarizada va a generar su propia modalidad del gobierno, tal como lo hace en cada una de las cárceles de la Provincia”.

Ante esta situación el equipo educativo junto a los asistentes planean realizar una nota en conjunto para elevar a los juzgados y dependencias judiciales y les solicitarán un pronunciamiento al respecto. También acudirán a organismos de derechos humanos.

El estado general en Virrey del Pino es similar a la de muchos Centros Cerrados que alojan jóvenes en la Provincia: hacinamiento, falta de personal y precarización laboral, condiciones edilicias decadentes, ausencia de espacios de recreación, formación y educativos para los jóvenes y una sistemática vulneración de derechos que hace tiempo denuncian organismos como la CPM y que recrudecen cuando las políticas punitivas avanzan.