ANDAR en San Nicolás

(Agencia) “El inicio del juicio por la megacausa Saint Amant II ha implicado que las víctimas sobrevivientes del circuito represivo del Área Militar 132 nos volvamos a poner en contacto para poder estar a la altura de las circunstancias: nuestras historias, que las hemos contado a los amigos y a los jóvenes en las escuelas, por fin serán contadas frente a un tribunal. Esperamos que esto termine con la consecuencia penal que corresponde”, dice José María Budassi en abril de 2014, esperanzado aun con la justicia esquiva y tardía, como si los más de 30 años de militancia por la memoria de sus compañeros desaparecidos hubieran sido una condición necesaria para el inicio del juicio.

José María Budassi fue víctima del terrorismo de estado en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Estuvo preso cinco años, hasta que fue conmutada su pena. Su caso, y el los exalumnos del Don Bosco, integra la Megacausa Saint Amant II

El “Cholo” Budassi es oriundo de San Nicolás, ciudad del norte bonaerense y asiento principal del Área Militar 132. En 1975 había terminado sus estudios secundarios en el Colegio Don Bosco de San Nicolás, lugar en el que había desarrollado una activa participación en el Movimiento Juvenil de los Salesianos, además de haber integrado el grupo que fundó la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en el Don Bosco.

“Aquél año ya se habían producido varios asesinatos por parte de la Triple A en San Nicolás. Desde la UES conformamos el Centro de Estudiantes del colegio, lo que representó un salto importante en nuestro compromiso político e ideológico. En ese contexto, llegaron al Don Bosco algunos compañeros desde Santa Fe, que eran integrantes del Partido Auténtico –expresión política y electoral de Montoneros- y que venían siendo perseguidos por la represión militar”, relata Budassi.

La militancia en el Centro de Estudiantes hizo que, en poco tiempo, fuera considerado, junto a varios de sus compañeros, un “blanco móvil”, o “blanco a tener en cuenta”, por parte de los servicios de inteligencia que confluían en el Área Militar 132. En ese sentido, según Claudia Bellingeri, directora del programa de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la CPM, “a José María Budassi le hicieron un seguimiento muy importante. Sobre él, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró una ficha el 20 de abril de 1976, casi un mes después de producido el golpe de estado. En esa ficha se registran ‘antecedentes previos’ y, entre ellos, hay un documento que se denomina ‘nómina de blancos a tener en cuenta en la semana del 1 al 7 de diciembre de 1975, entre los cuales está Budassi”.

[pullquote]Claudia Bellingeri: “La ‘nómina de blancos’ está firmada por el jefe de la delegación DIPPBA en San Nicolás, Oscar Gonet, y va a ser tenida en cuenta a la hora de los secuestros»[/pullquote]

“La ‘nómina de blancos’ está firmada por el jefe de la delegación DIPPBA en San Nicolás, Oscar Gonet, y va a ser tenida en cuenta a la hora de los secuestros. Dice el documento: ‘Esta nómina se encuentra en poder del jefe del Área Militar 132 (Manuel Fernando Saint Amant) quien dispondrá, de acuerdo a su criterio y la evaluación de los antecedentes reunidos, los procedimientos que correspondan’. Esta prueba resulta muy clara con relación a la acción de inteligencia que permitió el secuestro, la tortura y desaparición de los perseguidos políticos”, destaca Bellingeri.

El secuestro de Budassi

Luego de cursar en 1976 el primer año de Medicina en la Facultad de Rosario, decidió regresar a San Nicolás a causa de los estragos de la represión en Santa Fe: “Empecé a trabajar con mis viejos en la panadería de la familia y me inscribí en la Escuela Diocesana de Servicio Social, que dependía del obispado. Antes del primer mes de cursada, una noche me secuestran en la esquina de mi casa. El mismo día, los grupos de tareas habían secuestrado a Pablo Martínez y hacía poco del secuestro de Gerardo Cámpora, que realizaba el servicio militar en El Palomar. Con Gerardo y Pablo habíamos sido compañeros de secundaria en el Don Bosco”.

[pullquote]La militancia en el Centro de Estudiantes hizo que, en poco tiempo, fuera considerado, junto a varios de sus compañeros, un “blanco móvil”, o “blanco a tener en cuenta”, por parte de los servicios de inteligencia que confluían en el Área Militar 132[/pullquote]

Durante aproximadamente 20 días los tres jóvenes permanecieron cautivos en calidad de detenidos desaparecidos y sus familias no supieron nada de ellos durante ese lapso. Fueron torturados y trasladados por distintos sitios clandestinos. “Al comienzo, a mí y a Pablo Martínez nos llevan a una casa particular y luego nos separan: a él lo llevan a la unidad penal 3 de San Nicolás, donde llega a tener un diálogo furtivo con Gerardo Cámpora, y a mí me trasladan a la sede local de la Brigada de Investigaciones de la policía bonaerense, donde me encuentro con otra compañera, Regina Espoti, que hasta hoy continúa desaparecida”, recuerda Budassi.

Finalmente, Pablo Martínez y José María Budassi son vueltos a trasladar hacia un edificio muy cercano a una reconocida fábrica de llantas de San Nicolás. Ese sería el último sitio clandestino de detención, antes de que fueran “blanqueados” y condenados por un Concejo de Guerra. Por otra parte, nunca volverían a encontrarse con Gerardo Cámpora: también continúa desaparecido y su caso integra la nómina de víctimas de la megacausa Saint Amant II.

El “blanqueo” y las nuevas detenciones

Del último sitio de detención, situado al norte de San Nicolás, Martínez y Budassi son forzados a conducir un auto en dirección a la ciudad de Junín. Otros dos vehículos escoltaban la maniobra. Antes de llegar a Junín, los jóvenes se encuentran con un “control militar” en la ruta.

En el juicio que comenzó en abril por la Megacausa Saint Amant II, se investigan, entre otros casos, los secuestros, torturas y desapariciones de exalumnos del colegio Don Bosco. FOTO: Mesa de la Memoria y por la Justicia

“Allí nos piden los documentos de identidad, que por supuesto no teníamos; revisan el baúl y ‘encuentran’ armas, planos y volantes; nos llevan a una comisaría y nos interroga el excomisario Edgardo Mastrandea, que en ese momento era inspector y articulaba la relación entre la comisaría y los servicios de inteligencia. Actualmente, Mastrandea es uno de los imputados en Saint Amant II”, relata Budassi.

A partir del operativo montado, los jóvenes pasan a ser detenidos registrados, por lo que sus familias, por primera vez, reciben novedades sobre su paradero. Al mismo tiempo, comienzan a ser detenidos otros compañeros de promoción del Don Bosco: Alberto Espín, Guillermo Estalle, Guillermo Moreira, Mario Contartese, Gustavo Decara, entre otros. También los grupos de tareas detienen a los padres de Alberto Espín y a la hermana de Gerardo Cámpora.

El 8 de julio de 1977, todos los exalumnos del Don Bosco son trasladados a la unidad penal 3 de San Nicolás: “nuestras familias comenzaron a moverse, hablaron con dirigentes políticos locales, con abogados para presentar habeas corpus y también se entrevistaron con el obispo Ponce de León, quien tomó cartas en asunto. En el caso mío y de algunos compañeros, éramos alumnos de la escuela diocesana y militábamos en el Movimiento Juvenil Diocesano, con lo cual el obispo nos conocía”.

[pullquote]“Ponce de León se movió rápidamente por nosotros y el 11 de julio, tres días después de que nosotros fuéramos trasladados a la cárcel de San Nicolás, él muere en un supuesto accidente»[/pullquote]

“Ponce de León se movió rápidamente por nosotros y el 11 de julio, tres días después de que nosotros fuéramos trasladados a la cárcel de San Nicolás, él muere en un supuesto accidente. Fue en un choque automovilistico con el que se intentó fraguar un accidente: una camioneta F-100 embistió, cerca de la localidad de Ramallo, el auto en el que se trasladaba el obispo hacia Buenos Aires. Sabemos que llevaba carpetas y documentos de los secuestrados del colegio Don Bosco. Esas carpetas nunca aparecieron”, señala Budassi.

La investigación penal sobre la muerte del obispo Ponce de León se encuentra aún en instancia de instrucción, no tiene imputados y, por ende, no integra la Megacausa Saint Amant II.

Los años de cárcel

Los exalumnos del Don Bosco permanecieron en la cárcel de San Nicolás hasta abril de 1978, cuando los trasladaron a la cárcel de Villa Devoto. Allí, Budassi y dos de sus compañeros fueron sometidos a un Concejo de Guerra y condenados por un tribunal militar a la pena de 8 años de prisión por el cargo de asociación ilícita simple. Los otros detenidos fueron liberados inmediatamente por “falta de mérito” o derivados a la justicia federal y luego liberados.

Explica Budassi que “a quienes nos habían condenado nos llevaron, primero, a la unidad penal 9 de La Plata, luego a la unidad 2 de Sierra Chica y en 1979 nos trasladaron nuevamente a la 9 de La Plata. Permanecimos en prisión hasta la navidad de 1982, cuando por decreto de Bignone se produce una conmutación de penas para aquellos que habían sido condenados por concejos de guerra. Así fuimos liberadas más de 100 personas”.

Con la liberación, comienza la militancia por la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia. En 1983 Budassi viajó a Buenos Aires para dar testimonio ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). En 1984 declaró en la causa iniciada a raíz de la desaparición de Gerardo Cámpora. Treinta años después de aquella declaración, uno de los sobrevivientes de la represión desatada por el Área Militar 132 en el norte bonaerense se muestra confiado en que, tarde y sobrecargada de obstáculos, la justicia penal recaerá al menos sobre algunos de los responsables de los delitos cometidos.

[pullquote]Budassi: “Permanecimos en prisión hasta la navidad de 1982, cuando por decreto de Bignone se produce una conmutación de penas para aquellos que habían sido condenados por concejos de guerra. Así fuimos liberadas más de 100 personas”[/pullquote]

“En todos estos años perdimos muchas cosas: los padres de Gerardo Cámpora fallecieron; hace dos semanas, al comenzar el juicio por la Megacausa Saint Amant II, nos enteramos que días antes había fallecido el comodoro Juan Antonio Benvenuto, que era el imputado por la desaparición de Gerardo Cámpora, por lo cual desde el punto de vista penal no va a haber una sentencia por la desaparición de Gerardo; todavía hay una situación compleja y que aún no fue resuelta por el tribunal: la presentación para el apartamiento del juicio de Saint Amant por cuestiones de salud, por la que se tendría que haber realizado una pericia antes del juicio y no se hizo, hasta la fecha no se realizó y ahora estamos esperando para saber cómo se resolverá”, reflexiona Budassi, preocupado por el mantenimiento de las imputaciones contra el máximo responsable del Área Militar 132 durante los años 1976 y 1978.

El principal imputado en la megacausa no estuvo en la primera audiencia por «problemas psicológicos». Se le realizará una pericia de parte. FOTO: Mesa de la Memoria y por la Justicia

De todos modos, agrega, esperanzado: “Con el arranque de la Megacausa Saint Amant II en San Nicolás, el sueño forjado por la voluntad de muchos se pintó de abril. Aquellas viejas historias compartidas en los patios de la cárcel primero, en la cocina de los amigos después y en la calle contra el olvido y la impunidad en los 90. Hoy esas historias comenzaron a contarse frente a un tribunal de justicia con algunos de los genocidas en el banquillo”.

La causa Saint Amant II

El expediente que llega a instancia de juicio está integrado por 15 causas cuyas instrucciones se iniciaron entre 2005 y 2010, en tanto que sus elevaciones a juicio se resolvieron entre 2010 y 2013. Una de esas causas, la 149/10, contempla los casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidas contra exalumnos del colegio Don Bosco de San Nicolás.

Fueron unificadas en una Megacausa que comprende delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978 en la esfera del Área Militar 132 con asiento en San Nicolás, jurisdicción militar que comprende también otros tres distritos del norte bonaerense: San Pedro, Baradero y Pergamino.

Hay 15 imputados (tres integrantes del Ejército; uno de Aeronáutica y el resto de la Policía bonaerense), 77 víctimas y más de 230 testigos. Asimismo, el nombre de la Megacausa se desprende de quien fuera teniente coronel, Manuel Fernando Saint Amant, a cargo del Área Militar 132 entre los años 1976 y 1977, época en la que fueron cometidos la mayor parte de los delitos que se investigan. Entre 1977 y 1978, el mando del Área Militar estuvo a cargo de Norberto Ferrero, quien también está imputado.